07 de julio, 2020 

Michèle Labbé
Economista

 En algún momento el gobierno va a entender que ceder no le trae beneficios, y en ese momento la conversación y los acuerdos dejarán de tener valor alguno en este país. Ese día es el comienzo del fin.

Hace casi tres semanas, el domingo 14 de junio -día después de la salida del ex ministro Jaime Mañalich del Ministerio de Salud y tras semanas de presión por parte de la oposición y de una gran parte del oficialismo-, el gobierno optó por tomar de base una propuesta realizada por un grupo amplio de economistas y negoció con la oposición un “Acuerdo Nacional de Emergencia para la Protección Social y la Recuperación del Empleo y la Economía». Este consistió en la generación de un fondo de US$12 mil millones destinado a apoyar los ingresos de las familias y el tejido productivo, así como financiar planes de reactivación de la economía, por un plazo de 24 meses, pero cuya intensidad de uso es flexible.

El acuerdo incluyó, entre otros, la ampliación y fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia, que se incrementó a $100 mil para cada persona del grupo familiar; un fondo para las municipalidades del país de 120 millones de dólares; $400 mil millones para financiar los gastos de salud a nivel país; un incremento en la cobertura y mejora de los beneficios de los seguros de cesantía; una ampliación del apoyo a las Pymes que incluyó la reducción a la mitad del impuesto de primera categoría; la extensión por 3 meses adicionales de la suspensión de pago del PPM y la ampliación del plazo para la depreciación instantánea del 100% de las inversiones, entre otros.

Como era de esperarse, el acuerdo fue recibido con grandes halagos por todos –o casi todos– los sectores políticos, porque mostraba el valor de la buena política, en circunstancias que la dura realidad es que la buena política o la capacidad de llegar a acuerdos debería ser medido cuando se trata de hacer un esfuerzo; en este caso, si se tratara de reducir los gastos, porque para ampliar los gastos todo el mundo está siempre disponible. Para mí, fue como un “déjà vú”, pero era tan feo ser pájaro de mal agüero… No pude evitar sentir que habíamos caído en una nueva trampa, la de otra promesa incumplida.

Justo 7 meses antes de su firma, se había llegado a otro gran acuerdo, el que daría término a la crisis social. El Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución -dice explícitamente la noticia publicada en la página webdel Senado- se hizo “con el compromiso del restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, representantes de los partidos políticos, con excepción del PC, suscribieron el histórico acuerdo…”. Todos, incluyéndome, tuvimos fe en él, pero terminó siendo un fiasco total:  cambio de la paz social se negoció un plebiscito para una nueva constitución.

La paz nunca se logró, y sólo fue el coronavirus quien logró calmar a las huestes que cada día atacaron sin tregua distintos sectores de la capital y regiones, quemando e incendiando infraestructura pública y privada. Pero el plebiscito para una nueva constitución quedó grabado a fuego en cada uno de los chilenos; y sólo poner sobre la mesa la idea de posponerlo, por las obvias razones y consecuencias de la pandemia, pareciera ser un ataque directo a la democracia, a los acuerdos firmados, y cualquiera que lo proponga sería tildado de ser fascista, antidemocrática y enferma.

Lamentablemente, el “déjà vú” resultó ser cierto. No alcanzó a pasar una semana y los políticos de oposición, y muchos parlamentarios y representantes del oficialismo también, encontraron flancos para exigir al gobierno nuevas medidas (no incluidas en los $12 mil millones ya acordados), tales como la extensión del post natal en pandemia, para el cual, sin siquiera arrugarse, diputados y senadores pasaron sobre la constitución y declararon admisible una moción parlamentaria claramente inadmisible; o como la propuesta del retiro de parte de los fondos de pensiones para ayudar a la clase media a enfrentar la disminución o falta de ingresos producto de la pandemia.

Tal como lo ha hecho todas las veces el gobierno, apresado entre la espada y la pared, se vio obligado a reaccionar a las presiones con dos nuevos proyectos: uno de post natal, desechado por el Congreso, y este fin de semana, con un nuevo paquete para la clase media, de un costo de aproximadamente US$1,5 mil millones consistente en créditos blandos con tasa de interés real de 0%, la postergación del dividendo de créditos hipotecarios por hasta 6 meses, la ampliación del actual subsidio de arriendo Clase Media, el que aportará hasta $150 mil mensuales durante 3 meses para arriendos de hasta $400 mil y la ampliación del Crédito con Aval del Estado (CAE) para la educación superior.

El gobierno tropezó de nuevo y con la misma piedra, el de una promesa que no se cumple, donde una de las partes que llegó al acuerdo puede exigir el 100% de lo comprometido sin cumplir con nada de lo que comprometió para llegar al mismo. El problema es que este es un juego que no se puede jugar por siempre; en algún momento el gobierno va a entender que ceder no le trae beneficios, y en ese momento la conversación y los acuerdos dejarán de tener valor alguno en este país. Ese día es el comienzo del fin.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/michele-labbe-otra-promesa-incumplida/

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