Diciembre 13, 2019
VOXPRESS.CL.-
Aunque no todos debidamente informados, los ciudadanos, cada vez en mayor número, han ido haciendo conciencia de la politización e izquierdización de las propuestas para una eventual Convención Constituyente, que dotará al país de una nueva Carta Fundamental.
Más allá de que la ultraizquierda dice tener listo su propio ‘garrote’ armado a través de sus propios y extremistas cabildos, la izquierda tradicional, la de caviar, la conservadora -como la define el sector más radical del Frente Amplio- insiste en su propuesta de que para la nueva Constitución se garanticen cupos en el Congreso para los pueblos originarios y se asignen cuotas para las mujeres.
Fruto de esta antojadiza parcelación de la participación ciudadana que impone la izquierda, las Iglesias Evangélicas también está solicitando escaños parlamentarios asegurados, ello en vista de que su credo corresponde, hoy, a un 20% de los chilenos, doblando por tanto a los pueblos originarios.
Lo que la población debe saber, y ahora mismo, es que cualquier intento por introducir cuñas no fruto de la voluntad popular expresada en los votos, es un signo de aprovechamiento ideológico destinado a socavar todavía más a un país que se busca perforar por todos lados.
La izquierda argumenta que este tipo de derechos exclusivos busca reparar a los postergados por la sociedad, y, para ello, pone en primer lugar a los pueblos originarios y, después, a las mujeres. Así como los evangélicos también apelan a una representatividad no fielmente reflejada en la institucionalidad, igualmente tendrían que exigir sus cuotas de excepción los homo y transexuales, los discapacitados, los jubilados e incluso alguna colectividad extranjera que se sienta segregada.
Desde que se proclamó la Independencia de Chile, en el acta de declaración quedó plasmado que “todos quienes habitan el territorio nacional son chilenos”, y, por lo mismo, ninguno, antes, se atrevió a atentar contra la integridad nacional, excepto hasta ahora en que la izquierda aspira a introducir una cuña de catastróficas consecuencias futuras.
Pueblos originarios son todas aquellas etnias que habitaban el territorio antes de la llegada de los conquistadores españoles. Resulta inútil hacerse el desentendido en cuanto a que el objetivo izquierdista es favorecer al pueblo mapuche y, específicamente, abrirles un camino parlamentario de excepción a las comunidades infiltradas y dominadas por el comunismo. Insertas vía designación en el Congreso Nacional, estos subversivos indígenas propondrán una ley que les signifique la devolución de 9 millones de hectáreas, un Parlamento soberano y límites territoriales discrecionales que les implique una independencia del resto del país. Se trata de una aberración inconcebible: desde un Poder Legislativo amplio y democrático, se creará otro Poder, pero particular y autónomo.
Según el último Censo, un 9,9% del total de la población chilena se auto declara de origen mapuche. Por más de dos siglos, esta etnia se encuentra integrada con total normalidad a la sociedad, actuando con los mismos derechos de todos los demás. La gente siente tan real esta identificación que en una reciente encuesta, un 92% de ciudadanos dijo negarse a que los pueblos originarios tuviesen cupos de privilegio en el Congreso, “porque son tan chilenos como todos”.
Este zarpazo ideológico de la izquierda no es cosa de ahora, sino se ha preparado durante años, luego de que en 1990 se inventase el proceso reivindicador de la devolución de tierras, un feroz negociado que tuvo como irregular financista a la CONADI. La Ley Indígena ‘se ‘mejoró’ con el sugerente agregado de que adquiere la condición de mapuche cualquier ciudadano que forme o se integre a las comunidades oficialmente reconocidas. No hay que ser muy imaginativos para concluir quiénes se acogieron a ese beneficio…
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados existen miembros de origen mapuche electos por votación popular. Si la izquierda considera que hay que compensarle a dicha etnia su postergación, lo más fácil y democrático es que en sus propias listas incorpore a candidatos de comunidades y que demuestre la entereza de presentar, por ejemplo, a Marcelo Catrillanca, al ex presidente de la CAM, Aucán Huilcamán o a su actual jefe, el ex presidiario Héctor Llaitul. Sería un interesante desafío comprobar si en las urnas, estos subversivos financiados desde el exterior tienen el apoyo de sus modestos, pacíficos y trabajadores hermanos indígenas.
El país en su totalidad tiene que obstruir cualquier asomo de arbitrariedad de este tipo, y menos si se trata de un atajo ideológico para terminar imponiendo desde una corporación republicana y pluralista un separatista domino totalitario socialista.
Es un deber de quienes aspiran a seguir teniendo una Constitución Política amplia, participativa y democrática, oponerse con fuerza a cualquier intento arbitrario por forzar cuñas destinadas a desmantelar el concepto de integridad territorial. Este negocio de las cuotas garantizadas que impulsa la izquierda, es el primero y muy peligroso paso al abismo.
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