14 de octubre, 2019
Pilar Molina
Ver la impunidad ante la violencia intolerante en una universidad, y además estatal y financiada en gran parte por nuestros impuestos, es sencillamente inaceptable.
Ambas son de apellido Vega. Y las dos lo han pasado muy mal. Les han tocado situaciones límites. Pero mientras a una la elevaron a una categoría mítica por las dificultades que acarrea(ba) enfrentar la vida como mujer transgénero, a la otra la agreden por segunda vez en la Universidad de Chile y la reacción es alejarla a ella de la sala de clases. A Daniela se la protege de muchas maneras y se convierte en una artista talentosa aclamada y admirada; a Polette se la aísla y margina del aula.
No es el único caso. Normalmente las víctimas de estas agresiones juveniles son personas que se declaran de derecha, como Polette, secretaria general de la Centro Derecha Universitaria y futura candidata a la Federación Estudiantil de ese plantel (FECH). Recuérdese que a José Antonio Kast le impidieron ingresar a diversos campus universitarios durante la última campaña presidencial. Cuando el agredido por encapuchados fue un hijo de la diputada PPD Cristina Girardi, salió en todos los medios. A Polette, estudiante de Trabajo Social, el mismo mes de junio también la golpearon encapuchados. Ni nos enteramos.
El vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, Juan Cortés, hablando por el rector Ennio Vivaldi, asegura que “el ataque a Polette es un ataque a la Universidad de Chile”. No actúa en consecuencia, sin embargo. Desde junio hay un sumario en curso por esos dos casos y no hay ningún resultado a la fecha. También se conformó una mesa de trabajo para terminar con la violencia en el campus Juan Gómez Millas, donde estudian ambas víctimas, y las agresiones continúan.
¿Por qué tanta tolerancia a la intolerancia en una universidad que está llamada a ser una luz del pensamiento abierto y a acoger la diversidad sin exclusiones de ningún tipo? Este plantel, el primero o segundo de Chile, es en gran parte financiado por nuestros impuestos y resulta que, a la vista de sus autoridades y académicos, se va convirtiendo en un vagón de exclusión que va derecho al totalitarismo de izquierda.
¿Qué futuros abogados está formando Derecho, del mismo plantel, cuando su decano, Pablo Ruiz Tagle, sostiene que “respetamos la autonomía de los estudiantes de nuestra facultad para deliberar y criticar los estatutos que regirán su organización”, en vez de prohibir textos con sesgo totalitario? Apenas aprobados por 528 estudiantes, donde votó menos del 27%, establecen que si una persona es denunciada por violencia de género o de incompatibilidad con los principios contenidos en esos estatutos podría ser inhabilitada para ser candidato. Entre esos principios está comulgar, como objetivo de largo plazo, con “la construcción de una sociedad anticapitalista, antiespecista y antiimperialista”. Es decir, alguien que crea que las personas son superiores a los animales en dignidad, que defienda al capitalismo liberal como el mejor sistema económico para crear prosperidad, o que haya sido denunciando falsamente de abuso sexual (como le ocurrió al candidato a la presidencia de la FEUC el año pasado) queda fuera. Es más, la presidenta del actual centro de alumnos de Derecho de la U, Paula Astudillo, despacha una frase incompatible con ser abogada en un país democrático: “Hay veces en que uno tiene que sacrificar el principio de inocencia para proteger a una compañera que se siente en peligro”. (Ojalá nunca la sacrifiquen a ella sin el debido proceso que garantiza el derecho occidental.)
Menuda manera de derrotar a los adversarios. La mera acusación se convierte en sentencia y, acto seguido, se les transforma en paria, como lo hicieron con el candidato de la FEUC, al que en los hechos impidieron competir en las elecciones estudiantiles de la U. Católica y sufrió todo tipo de agresiones y funas tras la acusación mentirosa.
El rector Ennio Vivaldi se pronunció finalmente ayer domingo en una columna del Mercurio y aseguró que su institución “pluralista, laica e inclusiva”, como la describe, debe “responder activamente” frente al trato ultrajante a Polette por parte de sus compañeros. No dice nada de cómo, pero le podemos sugerir algunas medidas básicas: que le aseguren el derecho a ir a clases a la alumna agredida y excluyan a los agresores del aula, no a las víctimas, aunque la sala quede casi vacía; que le exija a los docentes tomar partido por la no violencia y no permanecer imparciales, como lo hizo el profesor el día que agredieron a Polette en el aula, y que lleve a término los sumarios iniciados en junio y sancione drásticamente a los que practican el matonaje. Y otra acción mínima, pero tampoco asegurada en la Universidad de Chile hoy: que facilite y asegure las condiciones para que Polette pueda competir por la presidencia de la FECH para representar a jóvenes de centro derecha.
Basta de Institutos Nacionales y encapuchados con bombas molotov en los colegios y en las calles. Esta inclinación a la violencia intolerante con el pensamiento diferente evoca similitud con algunos países musulmanes que imponen la sharia desde el Estado y sus tribunales. Imposible no relacionarlo con los totalitarismos patéticos del siglo 20: el socialismo y el nacional socialismo. Imposible no vincularlo a los fanatismos feministas o del cambio climático. Pero ver la impunidad para estas actitudes en una universidad, y además estatal y financiada en gran parte por nuestros impuestos, es sencillamente inaceptable. Están creando monstruos que mañana serán sus verdugos.
Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-creando-monstruos/
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