3 marzo, 2021 
Francisco Orrego
Abogado
Funcionarios de ambas instituciones se sienten compelidos a renunciar al uso de la fuerza en sus tareas de control, por la evidente amenaza que implica para ellos una eventual acusación de abuso policial o de fuerza.
Ante el vertiginoso recrudecimiento de los hechos de violencia y terrorismo en todo el territorio nacional, los chilenos se sienten desvalidos y abandonados por un Estado que no ha sido capaz de respetar y garantizar sus derechos, al mismo tiempo que no ha tenido la voluntad política de avanzar en un marco regulatorio acorde, que permita a las fuerzas armadas y policiales actuar, de manera legítima, para enfrentar la violencia, velar por la seguridad de los chilenos, junto con respetar y cuidar la vida, integridad física y debido proceso, de los propios funcionarios policiales y/o de las Fuerzas Armadas.
Los asaltos, encerronas, portonazos, incendios de casas y quema de campos y camiones, lamentablemente ya son pan de cada día. Ante esto, uno se pregunta por qué las Fuerzas Armadas y policiales no actúan de manera más enérgica. Y la triste respuesta es que, por más que quisieran, no pueden hacerlo, porque el Estado -y la clase política- ha sido incapaz de garantizarles que pueden desarrollar su labor sin que se vean expuestas sus vidas y sus derechos humanos. Lo que genera que hoy ciudadanos, Fuerzas Armadas y policiales, seamos mudos testigos del accionar de los delincuentes y terroristas, quienes amparados por una legislación prehistórica y anacrónica, no tienen pudor alguno en seguir destruyendo el país.
Hasta ahora el foco en materia de derechos humanos ha estado puesto sobre la actuación de las fuerzas policiales y armadas, de manera de prevenir y evitar excesos en su proceder que pudieran vulnerar las garantías fundamentales de las personas. Aunque correcta, es sólo una mirada parcial y limitada del problema de la violencia en Chile. En efecto, la importancia de resguardar y respetar los derechos humanos de los integrantes de las policías o Fuerzas Armadas ha sido prácticamente ignorada por el Estado de Chile y sus organismos. Las reglas que rigen sus actuaciones y aplicables a este tipo de tareas de control, llamadas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), en el caso chileno, han sido elaboradas a partir de evidentes sesgos ideológicos, primando una visión restrictiva del uso de la fuerza ante temores políticos y judiciales, y no ofrecen una solución ni garantía para la actuación de los uniformados ante eventos de disturbios, desórdenes o vandalismo. Más bien son parte del problema. Las RUF son verdaderas camisas de fuerza para que los uniformados puedan cumplir con su deber.
Lo anterior genera, lamentablemente, un círculo vicioso en el resguardo de la seguridad ciudadana y el orden público. Las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas se sienten compelidas a renunciar al uso de la fuerza en sus tareas de control, por la evidente amenaza que implica para ellos una eventual acusación de abuso policial o de fuerza. Además de los uniformados, que deben soportar toda clase agresiones y atentados, los más perjudicados somos los ciudadanos quienes vemos, con evidente impotencia y frustración, cómo las condiciones mínimas de actuación de las fuerzas policiales no se están cumpliendo, en desmedro de nuestra seguridad, orden y paz. Mientras tanto, la violencia, inseguridad, desorden y, sobretodo, impunidad se apoderan del país, ante el total fracaso del Estado de Chile.
En lo inmediato, los chilenos esperamos del ministro del Interior -sin muchas expectativas, debo reconocer- la adopción, en carácter de urgente, de todas la medidas que permitan resguardar los derechos humanos, entre ellos la vida, integridad física y debido proceso, del personal de las fuerzas policiales y de las FF.AA. en el control del orden público, dentro de todo el territorio nacional; la modificación y/o reemplazo de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) actualmente vigentes, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, de manera que los derechos humanos de los policías y uniformados, sean debidamente reconocidos y resguardados; y la creación de una unidad jurídica especializada que se encargue de defender judicialmente a los uniformados afectados por acusaciones realizadas en el marco del ejercicio de su labor de resguardo del orden y la seguridad pública.
Hoy, el Estado de Chile, en su conjunto, no sólo está fallando en su obligación de otorgar seguridad y orden público a la población civil, sino que también a la policía uniformada y civil junto con las Fuerzas Armadas, lo que implica que sus derechos humanos, en cuanto a civiles y funcionarios policiales, se están viendo afectados diariamente en nuestro país. Hay, en consecuencia, una deuda pendiente con los derechos humanos de los uniformados en el ejercicio de sus tareas. Eso hace que la temática sobre cuáles son los derechos humanos de estos funcionarios, cobre especial relevancia a propósito del próximo inicio del trabajo de elaboración de una nueva Constitución, donde aspectos como la seguridad ciudadana y el orden público, así como la mejor institucionalidad aplicable, serán parte del debate constitucional.
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