11 enero, 2021 

Pilar Molina
Periodista

El allanamiento a la comunidad de Temucuicui fue quizás una operación fracasada, pero revela una realidad que el Estado no puede seguir negando.

El operativo con 850 PDI, autorizado por los tribunales, se originó después de 8 meses de investigación en una causa de tráfico de armas que reveló tráfico también de drogas, con 20 personas a la fecha formalizadas, 9 de ellas en prisión preventiva. Pretendía allanar 12 viviendas y 16 invernaderos de cannabis (previamente sobrevolados) y capturar 7 imputados por homicidio y robo escondidos en el predio de la comunidad Temucuicui de 2 mil 500 hectáreas.

Fueron recibidos a tiros y emboscados y tuvieron que retirarse después de revisar solo 5 viviendas y no detener a ninguno de los buscados, que huyeron. Sólo detuvieron a dos hermanas por la abundante tenencia de marihuana en planta, procesada y semillas. Según el fiscal, que las formalizó luego, “junto con su grupo familiar conforman una agrupación que se dedica activamente al tráfico de drogas en las comunas de Ercilla, Collipulli, Temuco y Angol”.

¿Qué encontró la policía en este inédito operativo, por la masividad, en Temuicuicui? Lo habitual. Incautó 1.277 plantas de marihuana, 40 kilos de ella procesada, 7 armas, una subametralladora UZI, 148 municiones, vehículos robados… Los encapuchados, con alto poder de fuego y preparados para resistir la acción judicial durante dos horas, dispararon al rostro del subinspector de 34 años Luis Morales, uno de los 84 oficiales de la ERTA (Equipos de Reacción Táctica) que se trasladó desde Iquique para aportar con su alta preparación a esta operación de alto riesgo. Hirieron a otros 11 policías, dos de ellos en la cabeza. “Hay una organización criminal que tiene armamento pesado”, señaló Héctor Espinosa, director de la PDI.

El mismo jueves pasado, a 22 kms de distancia, asimismo en la región de la Araucanía, fue asesinado Orwal Casanova con otro disparo certero al rostro, esta vez, de un tiro de escopeta. De nada le sirvió portar casco y chaleco antibalas. No medió ninguna discusión o advertencia. Los comuneros que ingresaron en 8 camionetas al predio Rosario en Victoria le dieron directo al rostro del administrador, quien era candidato a concejal de la UDI.

Los cercanos a Casanova recibieron en los cachos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que quiso estar presente en su velatorio. Le espetaron que no quieren oír hablar más de llegar a las últimas consecuencias y presentar nuevas querellas y ofrecer designar fiscales con dedicación exclusiva, como el que ya está a cargo del asesinato del cabo Eugenio Naín, el 30 de octubre. Ya son demasiado los caídos. Otros dos jóvenes, también con disparos en sus rostros, fueron asesinado a comienzos de septiembre (Moisés Orellana) y de octubre (Pedro Cabrera). Este último fue abatido con un fusil de guerra.

No más de lo mismo, por favor, claman, porque el diagnóstico está clarísimo. Si el mismo predio Rosario, donde mataron a Casanova, fue abandonado por su anterior administrador por 36 años, Gregorio Correa, a comienzos del año pasado por idéntica razón. Lo convencieron, después de quemar la casa paterna en otro campo, los hostigamientos a su familia, una noche de balacera de pesadilla y quedarse con su última siembra. ¿Quiénes? Los comuneros que demarcaron las 400 hectáreas para que la Conadi las compre para ellos.

Pero seguimos con la misma política de tierras que es un incentivo perverso a la toma y que el Estado adquiere  a precios siderales que pagan todos los chilenos con sus impuestos. En Panquipulli y a los ribereños del lago Riñihue ya los tienen amenazados de expulsión, lo cual no significa otra cosa que empezar a quemar las casas como comenzaron a hacerlo en Tirúa años atrás, una a una, o el año pasado en el lago Lanalhue.

¿Para qué más policía o macro coordinadores para la zona si el agricultor asesinado, después de un ataque armado en noviembre, contaba con patrullaje de carabineros y punto fijo por las noches? ¿Para qué más ofertas de acción si la impunidad es total? Como señaló el Presidente en el funeral del mártir de la PDI: “Al interior de Temucuicui se han enquistado organizaciones de crimen organizado y bandas de narcotráfico que cometen delitos tan graves como porte y uso ilegal de armamento militar, plantaciones y tráfico de drogas, robos y asesinatos”.

Terrorismo y narcotráfico como parte importante del problema en la zona de conflicto ha denunciado Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo cual no tiene nada que ver con la agenda legislativa, que enlentece el Congreso, para darle mayor autonomía y reconocimiento a los pueblos indígenas.

Con el fracaso de este magno operativo, realizado hasta con carros blindados Mowag del Ejército, queda despejada la cancha para avanzar cada vez más a algo parecido a las FARC, que se sabe cómo comienzan a controlar territorio, pero no cuándo terminan en secuestros, asesinatos y narcoterrorismo. Un Estado dentro de otro Estado. Al interior de esta misma comunidad Temucuicui, que el fisco ha premiado con tierras, se esconden homicidas buscados por los tribunales y la prensa informa cómo uno de los traficantes identificado tiene en su predio 8 casas habitación, bodegas, invernaderos, siete vehículos inscritos a su nombre, entre ellos 2 camionetas Toyota Hilux, una  evaluada en $15 millones, y otra, que compró en agosto pasado en $19 millones.

¿Falta algo para que el Estado actúe? ¿O seguirán sus representante escudándose en la antigüedad del conflicto, la pobreza de la región, la falta de legitimidad de la policía o los errores estratégicos para obligar a las víctimas a asumir su propia defensa?

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-que-mas-tiene-que-pasar/

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