09 de junio, 2020 

Michèle Labbé
Economista

 La capacidad de presión política de los empleados públicos no sólo los ha protegido históricamente, permitiendo que sus remuneraciones, ante las mismas características del trabajo y del trabajador, sean un 20% más altas que las del sector privado; sino que además hoy se han revelado como una enorme protección sobre los efectos del virus en los ingresos de sus trabajadores.

El coronavirus se convertirá, sin lugar a dudas, en la gran pandemia del siglo XXI. Un minúsculo virus ha logrado trastocar toda nuestra moderna forma de vivir. Ha logrado paralizar las economías, poner en jaque los sistemas de salud de países ricos y pobres, ha irrumpido sobre los sistemas financieros arrojando incertidumbre y volatilidad sobre los precios de todos los activos financieros, y por cierto, sobre nuestra riqueza, cualquiera sea el monto que esta haya alcanzado. Peor aún, no sólo nos ha robado nuestros recursos, nos está robando a nuestros familiares y nos sigue robando un preciado tiempo que nunca lograremos recuperar.

En un mundo donde hace tiempo la preocupación por la pobreza había pasado a un segundo plano, desplazada por las demandas por la desigualdad, y donde el concepto de crecimiento había dado paso al de desarrollo humano, este desgraciado virus ha logrado hacernos retroceder tanto, que por mucho tiempo deberemos volver a trabajar para sacar de la pobreza a todos aquellos que han caído en ella como consecuencia de él y sus ramificaciones económicas.

Pero hay algo de lo que no podemos acusar al coronavirus, y es de discriminación arbitraria. Ataca a ricos y pobres, jóvenes y viejos, gordos y flacos, y donde encuentra espacio para crecer, se desarrolla ocupando el cuerpo de su huésped, comiéndolo por dentro hasta quitarle la vida. Es tan “democrático” que empresas que admirábamos, empresas en las que todos queríamos trabajar, han debido congelar o echar a la calle a sus trabajadores, han debido negociar cambios de contrato con sus ejecutivos, o simplemente han debido cerrar sus puertas, con todo lo que ello significa.

Con pocas excepciones, todos los ciudadanos de a pie hemos sufrido las consecuencias del virus sobre nuestros ingresos familiares… pero no todos, hay un grupo cuyos ingresos parecen ser inmunes al virus… los empleados públicos.

La capacidad de presión política de los empleados públicos no sólo los ha protegido históricamente, permitiendo que sus remuneraciones, ante las mismas características del trabajo y del trabajador, sean un 20% más altas que las del sector privado; sino que además hoy se han revelado como una enorme protección sobre los efectos del virus en los ingresos de sus trabajadores.

¿Se imaginan los titulares de los diarios si el gobierno hubiera decidido acoger a los trabajadores que no están desarrollando teletrabajo a la ley de protección al empleo? ¿O si hubiera decidido negociar rebajas de salarios hasta la salida de la crisis? Pero eso es exactamente lo que le ha pasado a 7 de cada 8 trabajadores activos de nuestra economía, pues sólo 1 de cada 8 está cubierto por pertenecer al sector público. De hecho, previo a que el gobierno decretara cuarentena total en el Gran Santiago, cuando todos los trabajadores cuyas empresas estaban abiertas debían asistir a trabajar a menos que su comuna estuviera en cuarentena, los trabajadores públicos fueron llamados a volver a trabajar en forma paulatina, y dicho llamado se transformó casi en una blasfemia pública contra sacrosantos trabajadores.

No me malentiendan, en el sector público, como en cualquier empresa, hay trabajadores buenos y malos, flojos y hacendosos, pero no en cualquier empresa están garantizados los sueldos incluso ante una pandemia de tal magnitud como la actual.

Pero, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Ciertamente, en ninguna empresa privada existe el poder de los sindicatos que existe en el sector público, donde las empresas pueden estar quebradas o los programas mal evaluados por años y se les siguen inyectando recursos.

La respuesta tiene dos partes: la primera es que ellos tienen poder. El poder de convocar a los políticos para atacar al gobierno de turno, el poder de paralizar instituciones públicas, el poder de convocar a la prensa. Y la segunda es que ellos tienen los recursos, porque los recursos fiscales con los que se paga a los trabajadores del sector no pertenecen a nadie, sino a todos; y cuando pertenecen a todos, nadie se hace responsable por los mismos, a nadie le duele el bolsillo, nadie está dispuesto a inmolarse para proteger la eficiencia en su uso, ni por discutir su redistribución.

El problema es que hoy, más que nunca, esos recursos son necesarios para dar de comer a familias que no cuentan con ingresos para alimentar a sus miembros, hoy esos recursos son necesarios para comprar insumos para hospitales, el problema es que hoy todos necesitamos meternos la mano al bolsillo, y aún no veo a ningún dirigente del sector público en la fila para hacerlo.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/michele-labbe-y-que-tiene-el-que-no-tenga-yo/

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