Diciembre  06, 2019
VOXPRESS.CL.-


 

Si algo hay que reconocer a la izquierda es su astuto sentido de la oportunidad: apenas divisa una mínima rendija por donde colar su ideología, no desecha la oportunidad. Absolutamente consciente de que llegaría a noviembre de 2021 con nula posibilidad de recuperar el poder, no vaciló en subirse al carro de la insurrección política planificado por Venezuela en alianza con Cuba.

El objetivo de derribar al Presidente de centroderecha y sustituir la genuina democracia por su mil veces fracasado Estado de Bienestar, no llegó a concretarse, pero el sistema aún vigente quedó maltrecho, casi en ruinas, y su responsable número uno, se encuentra tan malherido que debió inclinarse ante el opositor Congreso Nacional, el cual, hoy, es el que lleva la voz cantante. La izquierda apenas olfateó que el Mandatario quedó acorralado por el ‘octubrazo’ se metió hasta la cocina de La Moneda para imponer lo que, pese a tener amplia mayoría, rehusó hacer en los Gobiernos concertacionistas y el de la Nueva Mayoría.

La población, aún en shock por el vandalismo de los golpistas, no ha reparado en que entre todo lo que la izquierda está aprovechando de introducir, y sin disimulo alguno, figura un intento de imponer por vía de una nueva Constitución el totalitarismo que no ha logrado instalar a través de elecciones populares. Creyéndole a la oposición que  era la única forma de sellar la paz social, el Ejecutivo y la centroderecha pisaron el palito y acordaron un plebiscito –en abril- para que “el pueblo” se pronuncie sobre el reemplazo de la actual Carta Fundamental. Como éste –el pueblo- se halla todavía aturdido por la destrucción de sus ciudades y por la pérdida de sus empleos, no ha advertido esta trampa que puede cambiarle para siempre su sistema de vida. De equivocarse,  su existencia puede llegar a ser tan miserable como en todos los países socialistas.

De partida, quienes están manipulando el proceso constituyente son los partidos políticos, unánimemente repudiados por la población, y quien finalmente resolverá será el Congreso Nacional, una corporación despreciada por la ciudadanía, corrupta, y que invariablemente ocupa el último lugar en cuanta encuesta que se haga sobre percepción de las instituciones públicas.

Los partidos, también ligados a corrupciones, violencia intrafamiliar, conflictos de intereses, coimas, tráfico de influencia y hasta con el narcotráfico, ya transformaron a una eventual nueva Constitución en un “cajón de sastre”, donde todos tratan de introducir cualquiera pilcha. La izquierda, siempre más viva y despierta que la derecha, pugna para que en el nuevo texto político/jurídico se incluya la propuesta de “transformación total” que la ex Presidenta socialista, con apoyo abrumador en el Legislativo, no pudo concretar por una razón que es la única esperanza que, ahora, puede salvar al país: la ciudadanía no está ‘ni ahí’.

Afamados especialistas en Derecho Constitucional han alertado en cuanto a que ninguna Constitución es un resumidero de cuanto capricho político tenga algún grupo. La mayoría de las normas que la izquierda quiere insertar en ella son concebidas por leyes y por decretos, y, por tanto, no requieren más que un trámite legislativo.

El gran peligro que presenta una consulta popular de este tipo es que será orientada, esto es, con pautas previamente acordadas, y, lo más peligroso, concebidas por los políticos que son repudiados.

No deja de ser incoherente y contradictorio el escenario que puede llegar a generarse: no siendo su población conocedora e informada  sobre una Constitución, puede terminar modificándola sin saber por qué ni para qué. Por ello, es tremendamente peligroso que sea Instrumentalizado: confundido por sus problemas del diario vivir, podría picar el anzuelo al que lo tienta ir la izquierda.

Lo que la población debe tener muy claro es que sus avatares de la vida, sus vulnerabilidades y sus históricas esperanzas de días mejores  nunca cumplidas, no le serán resueltas por una nueva Constitución. Las soluciones a sus precariedades, como ha quedado en evidencia en las últimas semanas, dependen de la voluntad de los políticos y de la flexibilidad de los ministros de Hacienda, incluso los de izquierda, que nunca están dispuestos a abrir la billetera fiscal para no arriesgar el equilibrio de la economía.

Mejorar el nivel salarial, acortar las brechas de ingresos, abaratar el precio de los fármacos, disponer de médicos especialistas, controlar los precios de los alimentos, habilitar a todos de servicios básicos, generar más agua para regadíos, congelar los costos del transporte y de la energía,  son beneficios alcanzables a corto plazo sin necesidad de una nueva Constitución.

Esto, la izquierda no se lo cuenta ni se lo explica a la gente, porque, aprovechándose de otra de las tantas hendiduras por las que inocula su veneno, lo que pretende, como siempre, no es ayudar “al pueblo”, sino definir constitucionalmente al país como modelo de Estado de Bienestar, es decir, totalitario, y con las libertades individuales restringidas, al punto de hacerlas desaparecer. En este “nuevo Chile” que se pregona y se ofrece cual mercadería, no está considerado el respeto al derecho de propiedad, un tema sagrado para todos, pudientes o postergados.

La situación es compleja, porque una población  desconocedora de la realidad es fácilmente permeable y manipulable  ante ofrecimientos ficticios. Como el Ejecutivo, el Congreso y los políticos están por igual embarcados en esta farsa conducente al precipicio, es rol obligatorio de todo patriota bien nacido y querendón de las libertades, transformarse en un paladín de la democracia y predicar con fuerza en su entorno que más vale prevenir y no arriesgarse a cambiar el purgatorio por el infierno.  

Fuente: https://www.voxpress.cl/single-post/2019/12/06/Esta-semana-A-DENUNCIAR-LA-FARSA-CONSTITUYENTE

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