27 enero, 2021 
Francisco Orrego
Candidato independiente a la Convención Constituyente por el Distrito 11
Lo que estará en juego es la línea que distingue entre un modelo de sociedad que cree firmemente en el individuo o en el Estado.
“La existencia de un modelo de desarrollo fundamentado en la libre iniciativa de las personas para crear las instituciones, producir los bienes y servicios, darse las soluciones técnicas y políticas adecuadas se verá amenazada si no se persiste en reducir el rol empresario del Estado”. Cristián Larroulet, economista.
El próximo proceso constituyente pondrá a prueba el verdadero compromiso de los integrantes de la Convención con la iniciativa privada y la libertad de emprender, bajo un modelo que complemente desarrollo y sostenibilidad, o, por el contrario, con una fuerte intervención estatal, bajo un modelo que menosprecie el desarrollo y la iniciativa privada. La subsidariedad, solidaridad o complementariedad serán parte de la discusión, habiendo partidarios de uno u otro concepto. En cualquier caso, lo que estará en juego es la línea que distingue entre un modelo de sociedad que cree firmemente en el individuo o en el Estado. Y los límites de la libertad empresarial o de la intervención estatal no estarán ajenos a esta discusión.
El apetito voraz del Estado para intervenir directamente en el sector privado no es nuevo, no solo en Chile, sino que también en otros países de la región, particularmente en Argentina, país al cual muchos políticos chilenos de izquierda tanto admiran como modelo. El caso transandino es paradigmático a este efecto. Después de haber llevado a cabo un exitoso programa de privatizaciones en la década de los noventa, la llegada de los gobiernos kirchneristas reactivó el apetito estatal por reestatizarlas o renacionalizarlas, destacando YPF, Aerolíneas Argentinas, las AFPJ, entre otras. Es así como el Estado argentino es dueño, en la actualidad, de más de 50 empresas estatales, cifra que sube a más de 100, considerando alguna participación accionaria estatal. En el caso de Chile, ni el agresivo plan de privatizaciones desarrollado en los últimos cuarenta años ha permitido reducir el tamaño del Estado empresario (596 empresas en 1973 versus 33 empresas en 2020).
El modelo económico diseñado durante la segunda mitad de los años 70 y fundado en los principios y normas constitucionales todavía vigentes, sirvió de base a un proceso de desarrollo y progreso en Chile durante los últimos 40 años nunca antes visto. Ese modelo, que fue perfeccionado durante sucesivas administraciones y que hoy algunos quieren desmantelar, fomentó la iniciativa privada y disminuyó el rol del Estado y las consecuencias negativas que se derivaban de su intervención empresarial. Bien sabemos que el Estado ha sido históricamente un mal administrador de empresas. Los resultados están a la vista. Salvo contadas excepciones, ha servido para aumentar el poder y privilegio de los políticos.
Sin embargo, la mantención y supervivencia de este modelo -cuyo fracaso algunos anuncian, sin reparar en que es precisamente ese modelo el que nos está permitiendo abordar la actual crisis sanitaria y económica- está en juego y bajo abierta amenaza. Sabemos que se nos viene un proceso de elaboración de una nueva Constitución, que algunos pretenden escribir a partir de una hoja en blanco, y donde el modelo, con sus principios y normas, será puesto a prueba. Para quienes creemos firmemente en él como el mejor para nuestro país, deberemos defenderlo sin complejos ni temor.
Entre los principios que sustentan el orden público económico, se encuentran tres que son los pilares del modelo económico existente: la libertad de emprendimiento e iniciativa privada, el derecho de propiedad y la existencia de un Banco Central autónomo. El derecho de propiedad es, sin duda, el principio más relevante a nivel constitucional, mientras que las normas que regulan la actividad empresarial del Estado, constituyen un dique o muro de contensión a la ambición ilimitada del Estado, de intervenir en todos los sectores económicos.
Aunque nuestro país parecía haber puesto coto a este afán intervencionista en la economía, ahonda esta preocupación la insistencia de algunos sectores de izquierda por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de la nueva Constitución. No solo pretenden cambiar el régimen político, para fortalecer las atribuciones del Congreso Nacional, sino que además se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales del orden público económico en Chile.
En el último tiempo, hemos observado una verdadera avalancha de proyectos de ley, a todas luces inadmisibles e inconstitucionales, procurando con ello desafiar la institucionalidad vigente y erosionar el Estado de Derecho. “Nacionalizar” el litio, “derogar” la Ley de Pesca y, más recientemente, el que busca “derogar” el sistema de AFP y “nacionalizar” los fondos de pensiones. A través de este tipo de iniciativas, que no conllevan -como era de suponerse- el pago de indemnización alguna, solo buscan expropiaciones encubiertas.
A fin de promover, defender y proteger en la nueva Constitución, las bases que favorezcan la libertad de emprendimiento e iniciativa privada, y limiten el crecimiento del Estado empresario en la economía, se hace necesario incorporar un estatuto constitucional que asegure a los emprendedores y empresarios -pequeños, medianos y grandes-, reglas del juego estables, seguras y confiables, mientras que, a su turno, a las empresas estatales se les impongan restricciones adicionales para su creación. Así, aseguraremos para nuestro país más libertad e iniciativa privada para las personas y menos Estado empresario.
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