February 16, 2020
VOXPRESS.CL.- Será porque se trata de una de las pocas auténticas y fanáticas ‘piñeristas’ que van quedando, la presidenta de un organismo estatal y, por ende, financiado con fondos fiscales, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Catalina Parot, fue una de las más entusiastas convocantes a que “el mayor número de chilenos” esté representado en el plebiscito constitucional del 26 de abril.
Fue quien impuso a los partidos incluir, en sus propios espacios de sus franjas de propaganda, a las organizaciones de la sociedad civil, que en Chile suman casi 300 mil. La izquierda fue la más receptiva con esta medida, porque el 90% de estas entidades existentes en el país son afines a ella y, en su mayoría, compuestas por sus mismos militantes y adherentes. No se trata de “independientes” a los que engañosamente hacen referencia el CNTV, el TRICEL y los políticos.
De ahí que el llamado del CNTV a “ampliar la participación” es un refuerzo a la oposición y al extremismo, porque matizarán sus campañas con sensibles mensajes sociales.
Para nutrir de participación las franjas políticas sobre el plebiscito, las organizaciones de la sociedad civil debieron cumplir ciertos requisitos, como contar con personería jurídica, autonomía y no tener fines de lucro. El PC se adelantó en advertir que en sus minutos de publicidad iba a dar espacio a movimientos no reglamentados ni legales, sino exclusivamente ideológicos, lo que contraviene lo dictaminado por el CNTV. Pero como se trata de populismo, una vez más se hará vista gorda con las normas, hoy tan de moda en este país, donde ni siquiera se respeta la Constitución.
Con su novedosa iniciativa, el CNTV está instando a que la gente no se abstenga, aunque de Constitución nada sepa; y a que se pronuncie por la alternativa “apruebo” y, por último, es una inducción a que el votante se incline por la opción Asamblea Constituyente, que, según el socialismo, es la única expresión válida de participación ciudadana.
Tanto es así, que el cabecilla del Movimiento No+AFP´s, Luis Messina, que aunque sin militancia se lo disputan el Frente y el PC, pronosticó, derechamente, que “si llega a imponerse una Asamblea Constituyente, será ésta la que reemplace al Congreso Nacional”.
Una Asamblea Constituyente es fruto de una elección abierta de la gente que elige libremente a otra gente sin intermediación de partidos.
Este concepto de ‘participación total directa’, es impracticable, y de ello da fe la Asamblea Constituyente que fue armada a dedo por la dictadura de Maduro. Su utopía lo retrata el proceso actual para el plebiscito del 26 de abril, en el cual los partidos han jugado un rol protagónico y central, al punto que fueron ellos –los de oposición- quienes obligaron al Presidente de la República a firmar el decreto de reforma constitucional y han sido, también ellos, los que debatieron y discurrieron las fórmulas en que se llevará a cabo. Así, una eventual nueva Constitución, si es que se aprueba, será consecuencia de una concepción nacida, fomentada y elaborada por las colectividades, sin haberles preguntado jamás a la gente acaso el proceso le interesa.
Desde esta perspectiva, el plebiscito de abril no es auténticamente representativo ni el concepto de participación corresponde a la realidad de la que tanto, y mal, se habla.
La población que acuda a votar –se ignora el número- tendrá que pronunciarse acerca de un tema que nunca ha estado entre sus diez principales prioridades, y sobre una materia que, por su complejidad, le resulta ajeno, todo en medio de una instrumentalización previa que deslegitima la real naturaleza de la libertad de expresión.
En los procesos electorales tradicionales, el votante se pronuncia sobre una persona libre y soberanamente escogida. En este plebiscito, el ciudadano no tiene el derecho a elegir a alguien, sino deberá pronunciarse sobre lo que otros, los políticos, quieren que se pronuncie.
Esta incongruencia, que no es aparente sino comprobable por los hechos, es producto de que resulta imposible que la ciudadanía se elija a sí misma. Es una inadmisible falacia incentivar la participación para que, por primera vez, sea la propia gente la que confeccione la Constitución. Ello no será así, porque la población que vote escogerá, y no ahora, sino en octubre, a quienes redacten una eventual nueva Constitución, entre los cuales estarán los mismos políticos hechos pedazos por ella.
La recurrente representación popular siempre ha sido entregada a otros, y en este caso también lo será. Los alcaldes, concejales y parlamentarios no son autoridades, sino representantes de la gente, al ser escogidos por ésta. Por lo mismo, el fenómeno actual llega a ser conmovedoramente incongruente: la gente puso la peor nota a quienes ella misma eligió. En el caso de los parlamentarios fueron calificados con nota 2, lo peor de lo peor.
Hay que ser muy precavidos con esta desmedida inducción a la participación ciudadana, porque está demostrado que el chileno tiende a ejercer pésimo su derecho a elección, y de ello da fe el inmenso repudio hacia quienes escogió, libre y voluntariamente, hace menos de tres años (octubre, 2017).
El problema mayúsculo radica en que es muy distinto equivocarse con una persona –en este caso, un parlamentario- a hacerlo con una Constitución, la que marca la vida y destino de los pueblos.
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