Febrero 9, 2020
VOXPRESS.CL.- Participación debe ser el vocablo más utilizado, y escuchado, después del Golpe extremista del 18/O. El “nuevo Chile” aspira a sanar las históricas heridas de los sin voz, y por ello, ahora, el discurso reinante es la paridad en todo: nadie puede tener más méritos que el del lado y los ricos deben entregar sus utilidades a los pobres.
Por este camino de una utópica igualdad transita el proyecto de la izquierda para imponer una nueva Constitución a partir de cero, con la finalidad –y esto es así- de fundar un nuevo país, aunque con el mismo nombre, pero que arrase con cualquier vestigio del antiguo.
Según las encuestas, siempre discutibles, más de un 50% de la población –hasta hace poco era un 82%- quiere tener una nueva Constitución, pero, según esas mismas investigaciones, una mayoría de ciudadanos ignora de qué se trata y no le produce frío ni calor no concurrir a votar al plebiscito del 26 de abril.
Los políticos, diabólicamente interesados, se empeñan en confundir a la población, contándole que con una nueva Constitución mejorarán las atenciones hospitalarias, los salarios y habrá mejores pensiones. Ello es una falacia, porque una Carta Fundamental no regula el IPC ni el IMACEC ni fija las cotizaciones de salud, sino norma la convivencia social y establece los derechos y deberes de los ciudadanos, deberes que una facción de extremistas de izquierda han incumplido después del Golpe de octubre.
Ésta y no otra, es la única disyuntiva que debería estar en juego en el plebiscito que le impuso la izquierda al Gobierno: sin paz para vivir, el resto prácticamente carece de valor.
‘Oficialmente’, en el plebiscito de abril, los chilenos, voluntariamente, tendrán que pronunciarse acaso el país requiere de una nueva Constitución. Ésa debió ser la única consulta, pero, maliciosamente, al proceso se le añadió una consulta respecto al tipo de elaboración del texto, con lo cual, casi inconscientemente, se insta a dar por hecha la aprobación.
Se procedió maliciosamente así –se dijo- para que sea la ciudadanía la que decida el modo de elaboración del texto constitucional. O sea, ¡viva la participación!, incluso de quienes no tienen idea de qué se trata.
Así, de engaño en engaño, de engatusamiento en engatusamiento, se llegará a la franja electoral obligatoria para la TV que empezará a transmitirse en dos horarios desde fines de marzo. Esta publicidad gratuita es para los partidos, y en ella lo que cada uno buscará es convencer al electorado porqué debe votar apruebo o porqué debe hacerlo por el rechazo. Parecía simple, hasta que el CNTV y el TRICEL determinaron que en el espacio correspondiente a cada colectividad ésta debe cederle minutos a posturas disidentes internas y agregó, también, a organizaciones de la sociedad civil que, discrecionalmente, escoja.
Independiente de que no se trata de un rebaño de ovinos al mando de un pastor y al cuidado de un perro ovejero, un partido debe representar una sola idea y hacer escuchar una sola voz, única forma de evitar confusiones y distorsiones entre sus adherentes. Esta dicotomía publicitaria es tremendamente perjudicial para una colectividad, porque envía una señal de disgregación, de falta de unidad y de debilidad del mando.
Por estos días, existen dos RN con acciones e iniciativas contrapuestas, y en la UDI, pese a que corporativamente está por el rechazo, su militante Joaquín Lavín solicitó sus minutos para impulsar el apruebo.
Como si ya este tipo de extravagante y contradictoria participación no fuese suficiente enredo, la franja de cada partido incluirá la voz de organizaciones de la sociedad civil para que, también, hagan escuchar sus demandas. Según cifras de la Sociedad en Acción, existen 235.502 de ellas, con perfiles, fines y composiciones tan disímiles, como Desafío Levantemos Chile, Techo, Cuerpo de Bomberos, Teatro a Mil, Fundaciones y corporaciones, juntas de vecinos, centros de madres y culturales, clubes deportivos, ONG’s que defienden derechos humanos o causas específicas, y agrupaciones de voluntarios; todas ellas privadas, autónomas y sin fines de lucro.
Las organizaciones civiles son definidas con un lirismo exquisito: “existen más allá de la lógica del Estado y del mercado, agrupando a los ciudadanos libremente para actuar de forma colectiva en la consecución del bien común…”.
Ninguna organización de la sociedad civil está integrada por robots, sino por individuos que tienen algún tipo de ideología, la misma que estará representada en la franja por los respectivos partidos, del bando que sean. Visto así, su presencia en la publicidad gratuita televisiva carece de toda utilidad, excepto para generar más confusión en cuanto a lo poco o nada que sabe la gente sobre la materia.
Las entidades realmente independientes y de genuino aporte a la sociedad no van a tener cabida, porque los partidos, y ello es de toda obviedad, querrán reforzar sus campañas con organizaciones ideológicamente afines como, por ejemplo, las feministas, los ecologistas, los animalistas, los homosexuales, los sin casa, etc., todas agrupaciones con históricos, acendrados y hasta violentos intereses políticos.
Esta cacareada participación ciudadana en la franja electoral para el plebiscito no es más que un engaño para confundir aún más a la gente que está recién escuchando hablar de una Constitución y que no tiene idea para qué sirve.
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