Por: Mario Villegas


Con el paso de los días, Guatemala parece recuperarse cada vez más de los desastres que quedaron después del brote del Covid, a pesar de ello, poco parece haber cambiado, porque la misma población no ha aprendido las situaciones sanitarias tan extremas que ha vivido el país y más bien parecen aliviados de que las medidas de cuarentena hayan quedado casi sin efecto.

Sin embargo, todo se mantiene igual, mientras que muchos pensarían que esta situación tuvo algún tipo de efecto en el gobierno y que este mismo mejoraría la situación económica que vive gran parte de la población, esto parece ser simplemente una utopía que muchas personas crean dentro de su cabeza y que son esas mismas personas que le agradecen al Presidente por hacer su trabajo.

Vivir de esta nueva realidad, sin dudas ha traído una nueva forma de socializar para las personas que están desesperadas por salir de su encierro y regresar a esta nueva realidad que poco ha evolucionado y que ha logrado acrecentar y remarcar todos los factores que siguen encadenando a Guatemala a su triste historia.

Además, hay una cuestión en especial que siempre está presente dentro de la vida cotidiana dentro de la sociedad guatemalteca, la problemática del abuso de poder siempre ha sido una cuestión critica dentro del Estado, no solo por la debilidad de las instituciones que tienen pocos sistemas para detectar y castigar a aquellos que utilizan sus puestos públicos para su beneficio. Para un gobierno como el de Guatemala que históricamente ha demostrado estar plagado de personas de este tipo y que no entienden el sentido de ser un servidor público.

Esta cuestión además de ser moral, también tiene un sentido de humanidad, no solo porque debería ser el deber de un servidor público el proteger a la población civil de cualquier amenaza, sin embargo, en el caso de Guatemala, esta amenaza es el mismo gobierno que ha tomado esta idea moral y la ha convertido en maldad moral, esta maldad moral comienza cuando un individuo, en este caso el servidor público se rehúsa a tomar la responsabilidad del bienestar de otros, especialmente de aquellos que podrían ser considerados como la población más vulnerable, sean las personas bajo un umbral de pobreza extrema o todos aquellos que no cuentan con los servicios de cobertura adecuados para su supervivencia dentro de un estado tan socialmente desigual.

En este caso el abuso de poder es aquella situación en la cual este individuo, tal como el mismo presidente, tiene una influencia otorgada de manera legítima de acuerdo a las leyes y que debido a esa misma capacidad de influencia que tiene sobre otras personas hace uso de ese mismo poder para poder ocasionar daño o explotar a otros individuos, que este caso es la población y que además debido a la falta de acción que tiene el gobierno de garantizar la protección de ciertos individuos también permite que otros participen de este abuso de poder.

Muchos son los casos conocidos, en los cuales existen denuncias por abuso de poder y por la brutalidad principalmente asociados a las fuerzas policiales de un Estado y que son mayormente ocasionados debido a esa falta de certeza por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

El abuso de poder es un tema ya bien conocido dentro de Guatemala, puesto que casi todos, sino es que todos, los funcionarios públicos han hecho uso de su posición de poder para tomar ciertos beneficios o para asegurarse algunas cosas, y es que han sido muchos los casos en los que desde esos mismos puestos se han dado los mayores fraudes al Estado y a la población misma. Sin embargo, el pueblo de Guatemala tiene ya muy claro lo que es el abuso de poder, puesto que si bien han sido víctimas de esto o han participado de manera directa o indirecta de esta maldad moral de la que se habló antes.

A pesar de que la sociedad de Guatemala ya se ha acostumbrado a varias cuestiones, que en otras culturas serian motivo de encarcelamiento e incluso ejecución, en Guatemala son vistas como algo normal o cotidiano. No obstante, no fue sino hasta el pasado 11 de septiembre del año en curso que uno de los casos más brutales y evidentes de abuso de poder se dió, dejando en evidencia la clase de gobierno que está en gestión dentro de Guatemala.

El caso de Sonny Figueroa ha estado dando vueltas al país centroamericano y es que después de haber publicado un artículo en el cual dejaba en evidencia el funcionamiento de las estructuras gubernamentales y que además mencionaba varias cuestiones que parecen ser secretos a voces dentro del país y que por otra parte cuestionaba la existencia de diversos puestos y perfiles de personas que ocupan estos puestos y que no tienen la preparación para tomar dicho cargo.

Posteriormente a la publicación de este articulo el periodista Figueroa fue víctima de asalto, ya que, le fue robado todo su equipo de trabajo y  al momento de denunciar este hecho a una patrulla de la PNC, fue arrestado y golpeado de manera brutal, este hecho ha dejado entre ver una situación que cada vez ha tomado más terreno dentro del Estado de Guatemala, y que es que el poder en manos incorrectas puede ocasionar varias situaciones desagradables y totalmente ilegales, además, no existe una razón lo suficientemente lógica para estos hechos tan indignantes.

Y que en estas cuestiones se hace muy evidente que el gobierno tiene una estructura débil y corrupta, estructura en la cual ha quedado claro que el abuso de poder es cada vez más fuerte dentro del Estado, lo más interesante es que ya son varios los rumores que asocian al presidente Giammattei con un trabajador del gobierno central, fuera del ámbito profesional.

Además de esto, hay que resaltar la ironía dentro del caso de lo ocurrido con Figueroa, puesto que, la Policía Nacional Civil debería de ser esa entidad que protege a la sociedad civil de que situaciones en las que se amenaza la vida de una persona puedan ser prevenidas, sin embargo, ese no fue el caso del periodista, quien fue maltratado y tratado como un criminal por hechos que la policía no parece poder aclarar, y más bien parece un hecho de montaje lo que hace la policía nacional para justificar dicho acto.

Para cualquier sociedad funcional, la organización de seguridad policiaca debería ser un garante para la protección de su integridad y de su vida, sin embargo, es un hecho claro que, en Guatemala, la confianza de la población en el cuerpo policial es nula, puesto que esta institución misma se ha encargado de marcar al país por constantes casos de corrupción y sobornos.

Es importante dejar en claro que no porque una cuestión se vuelva cotidiana significa que es normal y que no porque una mayoría de la población incurra en actividades que fortalecen a la corrupción y al abuso de poder, esto deba ser una realidad para todos.

Actualmente la población de Guatemala se encuentra cegada por la desesperación post pandemia y aun no acaban de descubrir lo que esta nueva realidad significa para el país y más aún el hecho que la población no tiene claro que está haciendo el gobierno y que este mismo no es capaz para protegerlos a contrarrestar acciones que atenten contra su vida y que muchas veces es ese gobierno y sus funcionarios los que participan de esas actividades.

El gobierno central parece estar hecho de papel y se encuentra cada vez más frágil y menos fácil de controlar, ya que el presidente en gestión no ha hecho más que demostrar su falta de capacidad para hacer funcionar las estructuras estatales, además, de tener una personalidad inestable que deja entrever su falta cordura.

Para muchos puede que esta nueva realidad funcione y sea una oportunidad de cambio, pero para otros es una situación que ha resaltado todo aquello que ya sabíamos, cuestión          que no puede dejarse de lado y hay que preguntarnos.

¿Guatemala está condenada al abuso de poder?

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