Yo sostengo y sostendré siempre. invariablemente, que el honor personal de nuestros soldados es el más alto y ejemplar; que nadie tiene derecho a ponerlo en duda o en tela de juicio; que las amargas voces que se han alzado reprochando su honorabilidad son voces mal intencionadas, guiadas por malquerencias que carecen de toda objetividad; y, que es un deber ciudadano de primera clase defender a nuestros soldados tanto pública como privadamente, con toda la energía que emana de la verdad, porque nuestros soldados, conforme a la ley, están obligados a guardar silencio, a soportar estoicamente cuanta barbaridad se diga o escriba en su contra, a no deliberar, a no hacer lo que cualquier civil o funcionario público puede: hacerse respetar.

 

Si ellos están obligados a callar frente a las ofensas e injurias que se les infiere, los buenos ciudadanos estamos moralmente obligados a defenderlos.

 

Nuestro Ejército no es corrupto ni se encuentra corrompido. Muy por el contrario.

 

Se trata de una institución esencialmente patriótica, poseedora de los mayores méritos y valores morales, compuesta por hombres y mujeres de selección, cuya vocación principal es el servicio desinteresado a la nación en tiempos de paz y en tiempos cuando la seguridad del país puede ser expuesta a graves peligros. ¡ Si… a costa de sus propias vidas… como muy pocos otros chilenos lo hace ni lo haría!…

 

La circunstancia indeseable de que un cierto número reducido y determinado de personas -entre los 40.000 o más miembros del Ejército- hayan podido infringir la Ley y Reglamentos en forma indebida, faltando con ello a su juramento de soldados, no acredita ni permite, de ninguna forma, sostener que toda la Institución y todos sus miembros se encuentren en la misma situación.

 

¡El hecho de que, en una familia honorable, uno de sus miembros cometa uno o más ilícitos, no justifica que por ello se condene a la familia completa!… ¿Qué familia chilena está libre de una desgracia tal?…

 

En estos días la justicia se encuentra investigando el tema del financiamiento de los pasajes y fletes de los soldados que, por Decreto Supremo Presidencial, han sido comisionados en los últimos años a prestar sus servicios fuera del país. No hay aún sentencia judicial alguna al respecto. Solo una investigación. Pero si se lee la prensa y las “redes sociales”… la condena pareciera estar ya dictada del modo más ofensivo posible.

 

Yo puedo probar -y así será probado en dicha investigación- que nuestros soldados no han cometido delito alguno al usar los fondos públicos destinados para financiar dichas comisiones al exterior. Solo se ajustaron a un procedimiento único, que se encontraba vigente desde hace cuarenta años o más, sin que jamás el Ministerio de Defensa y la Contraloría General de la República -que fiscaliza permanentemente- lo hubiese reprochado o reparado.

 

Y, aún más, podrá ser probado asimismo que en numerosos otros órganos del Estado, el sistema de viáticos y fletes establecidos para el desplazamiento de sus funcionarios, es básicamente, el mismo. De modo que si fuera ilícito el actuar de los soldados en este caso, lo sería igualmente para todos los demás funcionarios de los restantes órganos. En este caso, una crisis nacional mayor no es concebible.

 

Toda la ciudadanía, y especialmente sus más altas autoridades deberían ser conscientes de que por el camino que seguimos, y según vamos, estamos cada día exponiendo, más y más, a buena parte de nuestras principales instituciones nacionales a crisis y fracturas de enormes proporciones, cuyo desenlace final no puede preverse razonablemente, pero nadie creerá positivo.

 

Las instituciones públicas, todas ellas, conforman la estructura ósea o esqueleto del cuerpo social de nuestra Nación. Cuando los huesos de un cuerpo orgánico se debilitan por uno o más motivos e imprudencias, se fracturan o se desintegran, el peligro que amenaza debe considerarse gravísimo. Y gravísima es la situación a la que sin pausa nos estamos aproximando, en la mayor de las inconciencias sociales.

 

 

 

Publicado en El Heraldo