sábado, 22 de septiembre de 2018
Esta es una historia real. Un joven fue a dejar a su hermana al terminal de buses, desde donde partiría al sur durante los recientes festivos. Estacionó su auto en una calle aledaña. Cuando volvió a buscarlo, vio a la distancia que había cinco sujetos rondándolo y supo que, si se acercaba, le iban a quitar las llaves y se lo iban a robar. Llamó a su padre y éste le dijo que pidiera un úber, volviera a casa y olvidara el auto. No se resignó y buscó algún carabinero que lo acompañara a buscarlo. Pasó uno en bicicleta, al cual le explicó la situación. Pero el policía le dijo que su ronda eran “de tránsito” y no podía acompañarlo a enfrentar a los cinco sujetos. Es que si usara su arma de servicio podrían echarlo del Cuerpo y además procesarlo.
En eso el joven vio que venía caminando un militar moreno y bajo, pero robusto, vestido con uniforme de camuflaje y con su mochila al hombro. Le explicó su situación y el uniformado le dijo: “Páseme las llaves”. Lo hizo y el soldado se dirigió auto. Cuando iba a abrirlo, uno de quienes lo rodeaba intentó asirlo por la espalda. El militar se desasió, le tomó la cabeza y le asestó un rodillazo en la cara, que desplomó al agresor inconsciente sobre la vereda. Otro de los sujetos le lanzó un puñetazo, que el uniformado esquivó, asestándole a su vez un golpe de puño en la cara que lo dejó también inconsciente. Entonces los otros tres del grupo escaparon raudamente. El militar devolvió las llaves del auto a su dueño, quien le dio las gracias y quiso recompensarlo con veinte mil pesos. El soldado los rechazó, diciéndole que sólo había cumplido con su deber y se alejó caminando con su mochila al hombro. Cuando el joven partía en el auto, la “víctima” del puñetazo se ponía de pie tambaleante. La del rodillazo todavía yacía exánime.
Fue, sin duda, un doble “atropello a los derechos humanos” de las “víctimas”, un episodio calcado a los del 11 de septiembre de 1973, con idéntico pedido de auxilio de la civilidad desarmada a los uniformados, con respuesta militar eficaz, pero constitutiva de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, y de “graves, crueles, sistemáticas e inaceptables violaciones a los derechos humanos” (Sebastián Piñera), posteriormente perseguidas por la justicia de izquierda, con el aplauso de la DC y la derecha que habían pedido el auxilio uniformado.
Seguramente el ministro Carroza va a abrir un proceso tras el cual las víctimas de este nuevo atropello, patrocinadas por el abogado Caucoto o por el abogado Contreras, van a pedir doscientos millones de pesos de indemnización para cada una de ellas porque un “agente del Estado” violó sus derechos humanos.
Puede que el juez me cite a declarar como imputado por encubrimiento, por haber conocido y referido los hechos en este blog sin haber dado cuenta de los respectivos delitos de lesa humanidad a la justicia. Pero entonces me voy a asilar en el secreto profesional, pues conocí los hechos como periodista que tiene el derecho legal a la reserva de su fuente. Con todo, arriesgaré ir a pasar una temporada a Punta Peuco. Será por un período más breve, en todo caso, que el que se impondrá al uniformado condenado por dos delitos de lesa humanidad, cometidos al acudir, tal como sus camaradas en 1973, al llamado de los civiles amenazados en sus vidas, libertades y patrimonios por las “víctimas de violaciones de derechos humanos”, que hoy reciben en conjunto del Estado unos ochocientos millones de dólares anuales como compensación por el indignante impedimento que sufrieron, a manos de la Revolución Militar, de tomarse el poder por las armas.
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