VIE 9 AGO 2019
Rolf Lüders
Economista
Nos encontramos en medio de un arduo debate entre aquellos que –liderados por Karol Cariola y Camila Vallejo- proponen reducir las horas oficiales de trabajo semanales de 45 a 40 horas, y el gobierno, que procura flexibilizar el mercado laboral y de paso legislar una disminución horaria sólo algo menor. El foco de la disputa ha sido el efecto de estos proyectos sobre el desempleo, debiendo ser sobre los costos de la mayor informalidad y los ingresos de los trabajadores en este sector.
De acuerdo al análisis convencional, un aumento del costo laboral -implícito en la sola rebaja horaria- debiera repercutir en una reducción de la cantidad demandada de trabajo, dado que no hay motivo alguno para hacerse ilusiones sobre la magnitud de supuestas ganancias de productividad compensatorias. Es más, en un mercado con fricciones, el mayor costo laboral tenderá entonces a generar un aumento del desempleo. Este efecto sin duda es menor en la medida que vaya acompañado de medidas de flexibilización laboral.
No obstante, es pertinente modelar la situación laboral del país en términos de dos mercados, uno formal (en que se respeta la legislación laboral) y otro informal (en que ella no se respeta). En este caso la simple reducción oficial horaria de trabajo se traduce en una reducción del empleo en el mercado formal y junto con ello –porque los trabajadores necesitan ingresos para sobrevivir- en un aumento aproximadamente equivalente del empleo en el mercado informal. Éste último aumento deriva en una reducción de las remuneraciones (ingresos) de los trabajadores informales, que ya se caracterizan por tener rentas relativamente bajas.
Por ello una reducción mandatada de la jornada de trabajo en más de un 10 por ciento, como la propuesta, no acompañada de medidas que induzcan un aumento simultáneo de productividad, inevitablemente tendrá un importante impacto sobre la informalidad laboral en Chile. Ésta ya alcanzó a fines del trimestre anterior el 28.8 por ciento de la fuerza de trabajo. Estamos hablando acá de personas que, entre otras cosas, se ganan la vida trabajando en mini-empresas industriales, agrícolas y de servicios, y como vendedores callejeros y en el transporte público.
Es decir, el traspaso de personas del mercado formal al informal que genera la simple y arbitraria reducción oficial de las horas de trabajo semanales es injusta, porque tiende a deprimir los ingresos de unos 2 millones de trabajadores informales, que son los de menores ingresos en el país. Es más, el aumento de la informalidad así producida generará externalidades negativas, entre las que caben destacar las mayores lagunas previsionales, una superior evasión tributaria, e importantes distorsiones adicionales en el otorgamiento de los beneficios de los programas sociales.
Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/informalidad-laboral/774243/
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