Por Rolf Lüders,
economista
Frente a los problemas sociales que surgen en todo país, la reacción espontánea de una alta proporción de ciudadanos chilenos -no solo oficialistas- es que el Estado se encargue de solucionar los mismos. Perciben al Estado como una especie de semidiós, que todo lo puede arreglar, a pesar de la contundente evidencia contraria. Basta con citar los problemas existentes en la educación escolar pública, las listas de espera en la salud provista por el Estado, la situación financiera en que se encuentran muchas, sino la mayoría, de las empresas públicas, etc.
Así, a pesar de las restricciones impuestas por el modelo económico-social implementado en Chile a partir de 1973, y por la reacción antes mencionada, tenemos hoy un gobierno central frondoso que gasta aproximadamente un 25 por ciento del PIB y ejerce sus funciones en base a 24 ministerios y alrededor de 170 servicios. Y si esto fuera poco, estamos en el proceso de agregar otro ministerio más, el de Seguridad Pública.
No se me entienda mal. Al Estado le cabe jugar un rol clave en la sociedad, como lo hemos aseverado repetidamente en columnas anteriores, pero solo en aquellas tareas en que es costo-eficiente. Entre las últimas se destaca, sin duda, la seguridad pública. Es incluso posible que sea conveniente otorgarle a esta última función en Chile, en estos momentos y por motivos coyunturales, rango ministerial.
Sin embargo, no es eficiente que un país con una economía relativamente pequeña como la nuestra, tenga un gabinete integrado por 25 ministros. El costo relativo de la burocracia mínima correspondiente es enorme y la labor de coordinación se complica. Por eso el ideal es un gobierno liderado por el Presidente, un grupo relativamente pequeño de ministros afines, y los asesores técnicos que estimen necesarios. La experiencia comparada así lo sugiere. Si bien no existe un gabinete de tamaño incuestionablemente ideal, los países que tendemos a asociar con gobiernos relativamente eficientes tienden a tener comparativamente pocos ministerios. En efecto, entre estos últimos países cabe destacar a Suiza (7), a Finlandia (11), a Uruguay (14), a Alemania (15) y a Irlanda (15).
La burocracia estatal chilena ha crecido inorgánicamente durante ya demasiadas décadas y requiere de cirugía mayor. Varios centros de estudio locales, como también el gobierno, han realizado proposiciones al respecto. Me parece conveniente que tal tarea se inicie con la reducción drástica en el número de ministerios, siguiendo en esta materia al ejemplo de Argentina, que redujo recientemente sus ministerios de más de veinte, a solo nueve. Por cierto, ello implica asignar a los ministerios sobrevivientes las funciones que realizaban los ministerios a desaparecer, siempre que estas tareas sean probada y socialmente rentables.
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