26 septiembre, 2020 
Manuel Bengolea
Economista
Muchos políticos no quieren oír hablar de recortar gastos del Estado porque esa acción conlleva una pérdida de poder para ellos. Por eso enarbolan una diatriba elocuente para explicar por qué va contra los intereses ciudadanos acabar con programas ineficientes que sirven para mantener a sus operadores a costo estatal.
Comienza la discusión de la Ley de Presupuesto de 2021 y, junto con ello, el festival de declaraciones de políticos defendiendo sus intereses, que ciertamente no siempre coinciden con los de quienes los eligieron. Esta discusión se anticipa complicada por dos razones: la primera es que el erario nacional está al límite y como no hay posibilidades de extraer recursos del sector privado vía impuestos, los políticos ven con pavor que su cuota de poder podría verse reducida; la otra es que parte importante de la oposición está más empeñada en propinarle derrotas al Gobierno que en legislar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos comunes y corrientes.
La economía chilena está al límite de su capacidad de gasto y endeudamiento, situación que no difiere mucho de la realidad económica de muchas familias chilenas que durante esta pandemia han visto una caída significativa de sus ingresos, lo que los ha obligado a recortar los gastos para hacer frente a las obligaciones, algunas de las cuales son impostergables. Muchos políticos no quieren oír hablar de recortar gastos del Estado porque esa acción conlleva una pérdida de poder para ellos. Por eso enarbolan una diatriba elocuente para explicar por qué va contra los intereses ciudadanos acabar con programas ineficientes que sirven para mantener a sus operadores a costo estatal.
La discusión del salario mínimo y el subsidio a la contratación son un ejemplo de lo anterior. Los empleados fiscales, aunados mayoritariamente en la CUT dirigida por el Partido Comunista, piden salarios mínimos tan ajenos a la realidad económica chilena, con 2.5 millones de desempleados, que no cabe duda de que su interés es propinarle derrotas al gobierno, no proveer las soluciones conducentes a un aumento de contratación que aplaque en algo el ejercito de desempleados que dejó el Coronavirus y el estallido social. Por otra parte, se oponen al subsidio porque eso es pasarle el poder a las pequeñas empresas o personas para contratar y no queda como un “regalo” del político. Es decir, queda claro que el objetivo de muchos representantes no es solucionarle o mejorarle las condiciones de vida a esos 2.5 millones de desempleados, es más bien capturar poder e influencia.
La necesidad de hacer al Estado más eficiente es hoy imperativa si queremos recuperar tasas de crecimiento económico que permitan el retorno al trabajo de los 2.5 millones de desempleados.
El Estado maneja un presupuesto cercano a los US$75.000 millones, algo así como el 25% de nuestro producto geográfico bruto (PGB), porcentaje que ha aumentado a lo largo de los años. Es decir, los contribuyentes, los ciudadanos comunes y corrientes, hemos tenido que destinar en los últimos 10 años más de 20% adicional de nuestros ingresos para financiar al Estado. La primera pregunta que surge es si este aumento ha servido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables de nuestro país. La respuesta es no, y las cifras así lo respaldan, pues la distribución de ingresos en Chile, según cifras de la OCDE, cambia poco y nada si se le compara antes y después de impuestos, lo que significa que una parte muy sustancial del gasto del Estado se queda entrampado en la burocracia. Aclaremos que esa captura de impuestos pagados por los contribuyentes no llena los bolsillos de burócratas corruptos, pero sí engrosa el poder de los políticos y con ello su influencia para captar la voluntad del voto.
Entonces, si los políticos se pusieran de acuerdo para recortar los gastos del Estado en 4%, el fisco dispondría de US$3.000 millones adicionales para ir en directo beneficio de los más necesitados. Reducir 4% es una nimiedad al lado de lo que han tenido que sufrir emprendedores y consumidores con la contracción económica actual. Los empleados fiscales no han sufrido el dolor del desempleo, como tampoco una caída de sus salarios, así es que parte del recorte debería provenir de ahí. Otra parte debería resultar del cierre de programas ineficientes. La necesidad de hacer al Estado más eficiente es hoy imperativa si queremos recuperar tasas de crecimiento económico que permitan el retorno al trabajo de los 2.5 millones de desempleados.
Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, decía: “Cuida de los pequeños gastos pues un pequeño agujero hunde el barco”. El Estado de Chile, nuestro barco, gracias al populismo servil e irresponsable de muchos políticos tiene varios agujeros. De no enmendarse la situación, corremos el riesgo de hundirnos, tal cual le ha sucedido a venezolanos y argentinos. Demás está decir, o pensar, que los ratones siempre abandonan primero el barco, y si aún no sabe quiénes serían en esta metáfora, piénselo bien antes de votar.
Fuente: https://ellibero.cl/opinion/manuel-bengolea-presupuesto-2021-los-ratones-abandonan-el-barco/
.
