Osvaldo Rivera Riffo
Presidente
Fundación Voz Nacional


En días pasados se viralizó, con mucho éxito, la respuesta académica que Vanessa Kaiser le dio al diputado Shalper, en relación al primer artículo que debe contener el nuevo texto constitucional, una vez que toda la estructura de expertos convencionales parlamentarios le den forma a este nuevo instrumento jurídico que regirá los destinos de Chile y de todos sus habitantes.

En el “acuerdo” de la elites políticas para esta nueva apuesta constituyente se indica como barrera límite o borde, que debe considerarse a Chile “un Estado Social Democrático de Derecho”. Un concepto ya planteado en la propuesta de constitución ampliamente rechazada en el plebiscito  de salida del 4 de septiembre recién pasado.

Según la argumentación utilizada para justificar su implementación, en los únicos países que contienen esta norma: Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador, se indica que el Estado Social de Derecho constituye una transformación histórica del Estado de derecho también conocido como Estado liberal de derecho. Sostienen que el paso del tiempo deja en evidencia las limitaciones del Estado de derecho. Diferentes procesos económicos habrían puesto en evidencia que el Estado era incapaz de dar respuesta a una problemática social caracterizada por la exclusión de amplios grupos humanos, por la pobreza y por la desigualdad. El Estado Social de Derecho entonces proclamaba y perseguiría, al menos formalmente, la igualdad de las personas.

Al instalarse este concepto en la carta fundamental de Venezuela, es su propio mentor Hugo Chávez el que le da la exacta definición política y lo dice públicamente: “El Estado Social Democrático de Derechos es la expresión más acabada del socialismo”

Como la expresión política “socialismo” tiene antecedentes históricos reñidos con lo que ahora dicen defender, basado fundamentalmente en el nuevo esquema de “los derechos humanos”, han establecido como marco del nuevo proyecto constitucional,  íntegramente el artículo 1 de proyecto constitucional rechazado:

“Articulo 1 Estado. Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.
Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad la libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.
La protección y garantía de los derechos  humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”

Entendido así, entonces tenemos un sistema que pretende generar a través de políticas de Estado un supuesto mayor bienestar social. Esto implica que el Estado tendría un rol activo en facilitar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social, consolidándose un estado de tipo socialista. Así se abandona el concepto de Estado Subsidiario implícito en la actual constitución, que permite a los privados la satisfacción de los derechos sociales impidiendo su monopolización por parte del Estado

Entonces, analicemos con un ejemplo concreto lo que significa el Estado Social y Democrático de Derechos: La izquierda y en especial los que actualmente conducen el gobierno, han promovido la desmunicipalización de la educación desde el año 2011, con la revolución de los pingüinos. El resultado después de 12 años, es que la calidad de la educación cayó a niveles impresionantes y la valoración del rendimiento ha dado resultados alarmantes para el futuro del país. El emblemático Instituto Nacional, siempre entre los 10 primeros del ranking de colegios de Chile, descendió al lugar 209 y los famosos liceos de Providencia, como el Carmela Carvajal, cayeron al lugar 504 y suma y sigue. En resumen, en beneficio de la igualdad se niveló para abajo y se acabó la excelencia.

Pero no es todo, el acuerdo al no consagrar a la familia como núcleo básico de la sociedad deja abierta la puerta al establecimiento de estructuras sociales que no la consideren en el futuro proyecto constitucional.

Por otro lado, al darle una connotación de segundo orden al derecho de propiedad, y que algunos consideran que es generador de desigualdades, permite presumir que realmente no se quiere proteger con la fuerza que requiere una sociedad realmente libre.

De igual forma, el no señalar claramente cuáles son los símbolos nacionales y luego que sabemos que existen embates en su contra, generan una razonable inquietud.

Hay en este marco mucho más que despierta preocupación, como por ejemplo que la soberanía pasará a residir en el pueblo y no en la nación.

En resumen, la derecha y la izquierda se han coludido para repartirse el poder mediante la dictadura de los partidos políticos y así, en sintonía con la agenda 2030, sojuzgar a un pueblo que ha vivido la libertad por más de 200 años

Y el Estado social Democrático de Derecho es el mejor ejemplo del funesto acuerdo al que ha adherido Chile Vamos con su dirigencia a la cabeza y en el que la izquierda que no se cansa de aplaudir los “beneficios venezolanos”.

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