Juan Antonio Montes Varas
Credo Chile.

 No se necesita ser abogado para entender que el Estado de Derecho consiste en el reconocimiento del imperio de la ley.

Tal reconocimiento debe comenzar por los propios encargados de redactarlas y corresponde al Ejecutivo cuidar por su aplicación. Por último le corresponde al Poder Judicial el dar las penas correspondientes a quienes las hayan infringido.

Si falta alguna de estas patas, la mesa se cae.

Es lo que está ocurriendo con el Estado de Derecho en Chile.

De un tiempo para acá viene siendo “bonito” saltarse la Constitución en la tramitación de los Proyectos en ambas Cámaras. La Presidenta del Senado ridiculizó el debido respeto a sus disposiciones diciendo que ella prefería cometer “un sacrilegio y ser destituida” antes que dejar sin atender a las madres necesitadas.

Por su parte, el Presidente de Renovación Nacional, diputado Desbordes, quien se especializa en hacer eco de los postulados de la oposición dentro del campo gubernamental, repitió el concepto del “sacrilegio” para forzar la concesión de retiro de fondos de las AFPs, contra las disposiciones de la ley correspondiente.

A su vez la Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió un fallo para que se permita a una profesora jubilada girar el total de lo que tiene en los fondos de pensiones, contraviniendo claramente las disposiciones de la ley al respecto. La AFP Cuprum presentó un recurso de apelación por el fallo a la Corte Suprema.  

 Por su parte la sociedad civil organizada en la región de la Araucanía reclama del Poder Ejecutivo el restablecimiento del Estado de Derecho en esa zona, que cada vez va siendo más dependiente de la delincuencia terrorista sumada al narcotráfico.

La oposición se siente llamada a co-gobernar, disponer de las políticas sanitarias para combatir el coronavirus y seguir entregando fondos fiscales a diestra y siniestra; y, sin mediar motivo, el novel Ministro de Salud declara de modo extemporáneo que las Isapres deberían limitar sus ganancias.

Todo este panorama que vivimos las últimas semanas y que no parece ser debidamente tomado en cuenta por las autoridades concernidas, refleja una realidad cada vez más evidente. Chile está dejando de vivir en un Estado de Derecho y se va transformando paulatinamente en un Estado sin Derecho.

Súmese a lo anterior el empobrecimiento general, fruto de las disposiciones de cuarentena generalizada y aún sin fecha de término, el cuadro se hace más negro aún, pues, si no hay derecho y hay pobreza, la ley pasa a ser la necesidad del momento y del más fuerte.

Si estos son los síntomas de la enfermedad nacional -compartida con muchas otras naciones del Continente- es el caso de preguntarnos cuáles son sus causas.

Habría mucho que decir al respecto, sin embargo hay una que nos parece la principal. En una sociedad en que cada uno se considera enteramente autónomo y exige que el Estado le conceda todos los derechos de su propia subjetividad, la ley ipso facto tiende a transformarse en letra muerta.

En efecto, la ley se define como la norma promulgada por la autoridad competente que exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. Luego, cuando un sector creciente de la sociedad no se molesta en pensar ni actuar por el bien del conjunto, ni tampoco reconoce ninguna autoridad (“Estado asesino”), y piensa que todas las acciones son buenas en la medida en que le sean provechosas, entonces el Estado de Derecho se hace insostenible.

Pero no sólo el Estado de Derecho, sino la propia coexistencia pacífica de la sociedad se vuelve inviable y los Estados tienden a fragmentarse en tribus urbanas o rurales; raciales o ideológicas.

Es lo que estamos viendo en los Estados Unidos y lo que sufrimos en carne propia, durante meses, a partir del 18 de octubre pasado.

¿La solución?

La única auténtica es la de que todos reconozcan la existencia de normas morales que nos trascienden y a las cuales todos debemos respeto. El Decálogo es la mejor enumeración de esas normas.

De ahí el conocido refrán de “sin Dios ni ley”. Para que haya reconocimiento de la Ley positiva se debe comenzar por reconocer la existencia de Dios, Autor de la ley natural. Sin ese reconocimiento -filial y sumiso- de una parte mayoritaria de la Nación, el Estado de Derecho y la convivencia entre los chilenos se hace una tarea imposible.

La tarea no es sólo de nuestros políticos, autoridades públicas y miembros del Poder Judicial, sino de todos y cada uno de quienes hacemos partes de esta “copia feliz del Edén”.

 Por el bien de Chile hacemos votos para que así sea.

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