Tengo mejor opinión del coronavirus que el resto de la gente, porque no olvido que fue la fuerza capaz de erradicar la violencia generalizada, en un momento particularmente delicado para el país, puesto que la derecha, tradicional baluarte del orden y los valores, se encuentra virtualmente extinguida. 

Todavía no me conformo con el hecho de que haya habido un solo diputado y un solo senador que votaron en contra de la reforma constitucional para postergar el plebiscito, en circunstancias que la derecha tenía los votos para rechazarla, dejar a firme la Constitución de 1980 y frustrar los logros de la insurrección revolucionaria triunfante, que había conseguido la rendición del gobierno el 15 de noviembre.

Valga una vez más recordar que el conato subversivo no tuvo un origen económico-social, porque el modelo vigente aportó suficientes recursos para remediar la pobreza y la desigualdad económica. El estallido provino de la impunidad y la falta de autoridad. No por las carencias. Tanto es así que si el gasto social, que ha multiplicado por siete su monto en los últimos decenios, llegara realmente al veinte por ciento más pobre, éste pasaría a formar parte del sector más acomodado. Eso lo dice todo. 

Lo que sucede es que las clientelas políticas han capturado los recursos del estado, y muy particularmente lo ha hecho la izquierda, que nunca ha producido, sino que profita de lo que producen los demás. Es risible, pero revelador, que la rebaja propuesta por el ministro de Hacienda a los sueldos de los miembros del gabinete los haría caer a un nivel muy parecido a lo que ganan los inspectores del Instituto de DD. HH., burócratas de izquierda (a veces ex guerrilleros) pertenecientes al decil de mayores ingresos, que vigilan a los carabineros para que no puedan dominar a los vándalos, saqueadores y pirómanos que mantuvieron al país bajo el terror hasta que el corona virus los sacó de las calles.

He leído con envidia en "El Mercurio" del 30 de marzo que el presidente Vizcarra del Perú y el Congreso de ese país consagraron la ley de protección policial, "que exime de responsabilidad penal a militares y policías que usen sus armas en legítima defensa durante el estado de emergencia declarado para atajar los contagios del coronavirus". Acá, por el contrario, se han dictado Reglas para el Uso de la Fuerza que constituyen otra garantía más para los antisociales y terroristas. Estos han sido los grandes privilegiados de los últimos treinta años, todos indultados, indemnizados y pensionados, mientras la dictadura judicial de izquierda que impera en el país persigue a los uniformados y un Presidente de la República cómplice de ella hasta los discrimina a la hora de dictarse normas sobre libertad condicional y sobre la posibilidad de que los presos de mayor edad puedan cumplir condena domiciliaria.

El coronavirus representa un peligro y un mal, pero es menor como tal que la violencia y el terrorismo vividos en el país desde octubre del año pasado, cuando en Chile se naturalizó el mal.. Desde luego, la insurrección generó medio centenar de muertes, mientras la pandemia ha provocado hasta ahora una decena. Y la peste pasará, pero la violencia izquierdista no. Al contrario, retornará con renovado ímpetu ante la evidencia de la debilidad del gobierno y su falta de energía para imponer el principio de autoridad.

El izquierdismo nos ha presentado los espectáculos más degradantes, presididos por la degeneración espiritual. Los emblemas nacionales han sido vejados, como cuando se barrió el piso en público con la bandera nacional o se interpretó el himno patrio en una versión injuriosa y con publicidad, en plena Plaza de Armas.

Se ha naturalizado el mal, las depravaciones se exhiben impunemente, la mentira social reina en los medios y los debates y la violencia, que dominó en el último semestre y ocasionó una crisis económica peor que la del coronavirus, sólo está esperando que éste ceda y le dé una oportunidad para retornar y volver a conducir el aciago destino nacional.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

.