Cristian Labbé Galilea
Resultó imposible ocultar esta semana a mis parroquianos la congoja que perturbaba a esta pluma, especialmente porque ellos esperaban que el ánimo de nuestra tertulia fuera festivo, “es el mes de la patria y de la primavera”. Sin embargo, en el ambiente se respiraba recogimiento.
Intimado por un inquisidor parroquianos debí explicar que no tenía mucho que celebrar debido a que en los últimos días había visto partir, desde “las odiosas e injustas cadenas” de la prisión de Punta Peuco a veteranos camaradas hasta su “última trinchera”, donde podrían vivir la paz y la libertad que terrenalmente les negó una autoridad carente del coraje necesario para ejercer el poder, con decisión y justicia.
Los rostros cambiaron cuando di cuenta que medio centenar de ellos había fallecido privados de libertad al negárseles todo beneficio o indulto, a pesar de ser personas octogenarias y con enfermedades terminales.
En los últimos días, agregué, han muerto tres prisioneros políticos de Punta Peuco, producto de la pandemia y hay más de 80 prisioneros contaminados con COVID, situación que, además de ser silenciada por la prensa, no ha motivado ninguna acción de la autoridad sanitaria y política, lo que confirma que se está frente a un gobierno carente de todo sentimiento humanitario y que ha resuelto dejar morir en cautiverio a estos viejos soldados que un día… “se la jugaron por su patria”.
Nadie dudó que lo dicho era la evidencia de una odiosa discriminación con los militares, la que quedó ratificada cuando se recordó que, producto de la pandemia, el Gobierno había decretado un “indulto conmutativo” que permitió a miles, sí miles, de reos comunes mayores de 75 años obtener su libertad, beneficio que explícitamente se les negó a los prisioneros militares.
Un parroquiano, visiblemente afectado, advirtió que lo escuchado daba cuenta que en este país y en pleno siglo 21 lo que existía no era más que una nueva versión de los antiguos campos de exterminio.
Haciendo referencia a la novela “Archipiélago Gulag” de Aleksandr Solzhenitsyn (1973) nuestro habitué denunció: “esta actitud, esta conducta, tan inhumana… no se vivió ni siquiera en los ´Gulag´ soviéticos, esa red de campos de concentración, prisión y trabajo que existió en la URSS, donde el régimen comunista castigó con dolor y muerte a sus disidentes”.
Sobraron los análisis y los datos, unos moderados, otros categóricos, pero al final todos coincidieron en que: si lo dicho ocurría en nuestro país, cabía preguntarse: ¿Quién era él o los responsables de tan inhumana, brutal y cruel actitud? ¿Quién tiene las facultades para solucionar esta injusticia? ¿Quién tiene el valor para tomar las decisiones que se requieren para poner fin a esta situación?
La respuesta fue categórica… ¡aquí el gran responsable es el Titular de Justicia… Hernan Larraín quien, además de “confesar” (Mercurio 9 Sep. 21) que entre los integrantes de la Corte Suprema debe existir un cuoteo político, históricamente ha demostrado carecer del coraje mínimo para terminar con este ignominioso e inhumano “Gulag chileno”.
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