Camilo Cammás.
Abogado.

El 15 de noviembre de 2019 el Gobierno de Chile suscribió el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Este “Acuerdo de Paz” no es más que un eufemismo para lo que realmente fue firmado: las actas de capitulación, por medio de las cuales el Gobierno acepta la rendición incondicional ante la extorsión de los grupos violentistas, detrás de los que se encuentra el Partido Comunista y el Frente amplio, a los que se suman células anarquistas. La paz nunca llegó pues, a la fecha, las hostilidades no han cesado. El gobierno aceptó el desorden y la humillación para evitar la guerra, sin embargo, obtuvo el desorden, la humillación y la guerra.

Dentro del contenido de las actas de capitulación se establece que se dará inicio a un proceso para elaborar una nueva Constitución Política, el cual comenzará con un plebiscito que consultará a la gente sobre si desea o no una nueva Constitución y el método mediante el cual se va a elaborar el texto que se propondrá a los ciudadanos, para que decidan, en un segundo plebiscito, si lo aprueban o rechazan. Ante estos hechos ya han surgido diferentes voces defendiendo la postura del SI y el NO. Pero, un momento, no nos adelantemos. Hay una batalla previa que también se debe librar y que muchos están pasando por alto. Si se gana, toda esta pesadilla constituyente terminaría antes de empezar.

En efecto, para que sea posible implementar los mecanismos descritos anteriormente es necesario que antes se reforme el Capítulo XV de la actual Constitución Política, puesto que actualmente ésta no permite que aquellos se lleven a cabo. Con este fin se encuentran en discusión una serie de proyectos de reforma al mencionado capítulo, los cuales fueron recientemente refundidos (fusionados) en una única iniciativa.

Este Capítulo XV establece los mecanismos de reforma de la Constitución y requiere, para ser reformado, de los votos de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, 103 diputados y 28 senadores. Si el oficialismo tuviera el valor para defender sus convicciones, en lugar de ceder y conceder en todo, rindiéndose antes de dar la batalla, tendría los votos suficientes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para impedir la aprobación de estas iniciativas. Sin embargo, nos encontramos frente a una derecha cobarde y ante una enorme falta de voluntad política.

El Gobierno ha roto un principio fundamental: no se negocia con terroristas. En lugar de llegar la paz, las hostilidades han seguido y las exigencias e intentos de destitución del Presidente continúan.

Las demandas escuchadas al inicio de las marchas, tales como mejores pensiones o salud, han desaparecido. Todo parece indicar que lo vivido en las últimas semanas no es sino un proceso controlado y dirigido por una élite que desea cambiar la Carta Fundamental para hacerse un traje a la medida, de corte socialista-bolivariana, para perpetuarse en el poder.

Nuestra Constitución no es perfecta y siempre puede mejorarse. Sin embargo, teniendo que repetir una vez más lo que siempre se dice, es una Constitución que nos ha permitido tener estabilidad institucional y un mejor desarrollo como país, en comparación con otros de la región. El problema se encuentra no en su contenido, sino en que ésta ha sido infringida por la actual clase política. Todas las demandas que puedan requerir solución son materia de ley y no se necesita tocar una coma de la Constitución para discutirse en el Parlamento. 

Un acuerdo arrancado mediante la fuerza y bajo extorsión no es válido, pues el consentimiento para otorgarlo ha sido viciado. A mayor abundamiento, la paz nunca llegó, por lo que una de las partes no se encuentra cumpliendo su compromiso. Es por ello que el oficialismo debería dar pie atrás antes de que sea demasiado tarde.

Nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos el exigir a los parlamentarios del oficialismo, que no traicionen a sus electores, pues claramente se están excediendo (una vez más) en su mandato, pues no fue para esto que les otorgamos nuestro voto. Es necesario dejarles claro que serán castigados en las próximas elecciones, pues no apoyamos ni apoyaremos nunca un proceso constituyente, abiertamente impulsado y deseado por la extrema izquierda, que nos lleve cada vez más cerca del socialismo, que atente contra nuestra libertad e institucionalidad y que nos convierta en un protectorado de las Naciones Unidas.

Deben saber también que, tanto si continúan en este proceso constituyente como si alguna vez logran aprobar esta nueva Constitución, arrancada por la fuerza, el chantaje y la extorsión, vamos a ser una oposición frontal y sin cuartel, tanto contra la izquierda como contra la derecha cobarde, a quienes la historia juzgará como traidores y desertores, no como profundizadores de la democracia.

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