28 febrero 2021 

Tomas Bradanovic

No cabe duda que es un tema candente por estos días, sin embargo lo he visto siempre tratado de la manera más superficial, con puras consignas y frases más que nada emotivas, que no van al fondo del asunto. Así es como daré mi docta opinión (ja) ya que lo que he leído al respecto son puras payasadas. Aquí voy.

La ley de seguridad interior del estado (Ley 6926) que hoy nos rige es de 1958, la promulgó Carlos Ibáñez del Campo y vino a reemplazar a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de González Videla, que prohibía al Partido Comunista. La ley actual ha tenido algunas modificaciones, principalmente hechas durante el Gobierno Militar, pero que no la han afectado de fondo. 

Los delitos contra la seguridad interior del estado que se definen son principalmente políticos como llamados o conspiraciones para derrocar al gobierno y cosas de ese estilo. También son delitos contra la seguridad interior del estado los delitos contra el orden público, la incitación a causar desórdenes o destrozos y ¡oh sorpresa! los empleados públicos que promuevan o se declaren en huelga. Con eso queda demostrado que se trata de una ley más inútil que cenicero de moto. No sirve para nada y no vale ni siquiera el papel en que fue escrita, por la simple razón que ningún juez ni autoridad política la aplican.

Existen otras dos leyes que podrían ser mucho más efectivas, pero no lo son gracias al desinterés de la autoridades en denunciar y reforzar, de la Fiscalía en investigar y de los jueces en sancionar, me refiero a la ley 18.314, de 1984 que determina conductas terroristas, sancionando a los actos destinados a "producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias"

Esta ley exime a los menores de 18 años, por alguna razón dice que no pueden cometer delitos terroristas hasta que sean mayores de edad, esta absurda excepción, sumada a la dificultad de tipificar una conducta como "terrorista", más el sesgo de fiscales y jueces, la convierte en otra ley bastante inútil.

Tal vez la única que resulta mediana o ligeramente útil para la seguridad interior del estado es la Ley Nº 217.798 de control de armas (1972) que tipifica como delitos la posesión y porte de varias clases de armas y establece severos requisitos y controles para quienes deseen tener un arma inscrita para defensa o deporte. Claro que esa ley tiene sus problemas, porque las penas por poseer o portar ilegalmente un arma no pueden ser demasiado largas y el principal problema es que deja indefensa a casi toda la población honesta con sus prohibiciones, mientras que los delincuentes no tienen problemas para tener y portar armamento.

La conclusión evidente entonces es que ninguna de estas leyes sirve, ni mucho menos asegura que el estado pueda asegurar su propia seguridad interna, ni contra agitadores, motines, violencia y destrozos callejeros ni menos contra terroristas. Esto no debería sorprendernos porque existe un debate desde comienzos de la República, donde, al lado de una mayoría que exige tranquilidad y represión a los delitos contra la seguridad interior, existe otro grupo menor, pero más bullicioso y decidido, que sostiene que esos no son delitos, sino legitimas expresiones propias de la democracia.

Cuando Ramón Freire fue presidente y los pipiolos tuvieron su breve veranito de San Juan, el país quedó sumido en una anarquía espantosa a la que siguió la guerra civil donde llegó Portales a restablecer el orden y la prosperidad por -a lo menos- 20 años. Después empezó nuevamente la decadencia y el desorden, es la historia de la democracia, algo que se conoce desde antes que Platón y Aristóteles describieran el ciclo de vida de la política.

El problema de la seguridad interior del estado no es de Chile, existe en todo el mundo y ha sido el mismo a lo largo de toda la historia y para todos los regímenes políticos. La monarquías, los despotismos ilustrados, las ciudades-estado y obviamente la democracia siempre han tenido que enfrentar el problema de grupos ambicioso que intentan asaltar el poder usando el terror y la violencia.

Mucha gente ignorante y simplista, categoría en la que también caen jurisconsultos, académicos y estadistas, son de la opinión que los delitos contra la seguridad del estado debiesen ser enfrentados con la legalidad normal para cualquier otro delito, es decir con el código penal. Eso es una estupidez y una falta de sentido de realidad gigantesca.

Porque un criminal corriente solo puede afectar a un número pequeño de víctimas, mientras que un criminal político puede perjudicar y matar a millones si tiene éxito: el país completo cae en sus manos como pasó en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Alemania Nazi o la Unión Soviética, para mencionar solo algunos ejemplos ¿Quién querría que volviera el nazismo, o que Cuba y Venezuela sigan indefinidamente con un régimen opresor y ruinoso? Nadie en su sano juicio.

Por eso los crímenes contra la seguridad interior del estado son tan graves que no basta con la legalidad vigente para combatirlos, las leyes son para tiempos de paz, pero al aparecer la amenaza de la guerra las leyes desaparecen y el estado debe recurrir directamente y sin vacilaciones a la violencia. Eso se llama "razón de estado".

En palabras simples, la razón de estado es la que permite a un gobierno actuar al margen del marco legal, eufemísticamente eso se llama "trabajo clandestino" por no decir ilegal. De hecho, el estado no puede cometer ningún acto ilegal porque es soberano y la soberanía consiste en no estar sujeto a ninguna otra ley que su propia voluntad, eso para los que no lo sabían. 

En todo el mundo civilizado existen organismos que protegen la seguridad del estado y funcionan de manera clandestina, al margen de las leyes. En Reino Unido está el MI5, en Israel el Shabak, en Estados Unidos la NSA y Homeland Security, entre varios otros. En Venezuela estuvo la Dispi, en Argentina la SIDE, en fin, , no hay país que no lo tenga.

En Chile, hasta Ibáñez era el Ejército el que veía la seguridad interna, luego pasó a cargo de investigaciones hasta Allende, durante los militares la Dina y la CNI. Durante Aylwin, después del asesinato de Jaime Guzmán se armó "la oficina" que reclutó a antiguos terroristas y luego de una serie de acciones clandestinas que desembocaron en varias muertes, los grupos terroristas quedaron desarticulados por algunos años.

Eso relajó la mano y con el tiempo, a partir del primer gobierno de Bachelet, el terrorismo que había sido muy débil se empezó a re articular y tomar fuerza. Las operaciones clandestinas antiterroristas se hacían en la Dipolcar de Carabineros y la JIPOL de la Policía de Investigaciones, ambos organismos han sido neutralizados desde adentro por los propios políticos, fiscales y jueces, que no se dan cuenta que con eso empezaron a aserruchar la rama donde están parados.

Mientras no vuelva un organismo con capacidad de ejecutar operaciones clandestinas el terrorismo seguirá escalando, porque o existe ninguna otra manera de combatirlo, las leyes son inútiles para las amenazas a la seguridad interior que vienen desde el terrorismo y la violencia callejera, es estúpido proponer nuevas leyes porque ese no es el problema, así lo saben todos los gobiernos del mundo. 

Y los que no quieren hacer esto, que es de absoluta necesidad, simplemente son cómplices de los terroristas, que los están ayudando a fortalecerse y crear cada día más caos y más sufrimiento a la población. Creen -los muy idiotas- que podrán sacar provecho ayudando a los terroristas, ilusos, porque serán los primeros en caer cuando la cosa se ponga realmente fea.  

Fuente: https://bradanovic.blogspot.com/2021/02/la-seguridad-interior-del-estado.html

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