Por Raúl Pizarro Rivera

Manolete fue un torero español, considerado uno de los grandes de la historia de la tauromaquia en la década de 1940. Ese fue el apodo de Manuel Rodríguez Sánchez, nació en Córdoba el 4 de julio de 1917 y murió en la Plaza de Toros de Linares, el 29 de agosto de 1947, tras recibir una profunda corneada.

Con el mayor respeto a la memoria de este icónico matador, acá en Chile también tenemos a un Manolete, que ha cumplido un año esquivando las solidarias y pálidas embestidas de la Justicia por haber violado, post Fiestas Patrias de 2024, a una predilecta subalterna suya en la Subsecretaría del Interior.

Manuel Monsalve Benavides (60), que es el nombre de este experto en desmarcarse de su culpabilidad, tenía fecha para que, al fin, se iniciase el juicio, y posterior condena, en su contra: el pasado 18 de septiembre. Pero nuevamente, el toro pasó de largo, ya que tanto su abogado como el fiscal -el acusador- solicitaron más plazo por haber “nuevas diligencias”… (El persecutor es casado con una militante del FA y padre de una funcionaria de Gobierno).

Este ex diputado socialista desde 2006 al 2022 y médico de profesión -titulado en la universidad de Concepción- en un desesperado, pero vano intento por salvarse, días atrás habló públicamente para decir que “lo mío no fue un delito, sino un error” y para culpar de su condición de imputado al Gobierno, “porque no actuó con equilibrio”, apuntando a La Moneda -que no dudó en defenderlo- y al PS, que no vaciló en expulsarlo de sus filas.

Como médico ejerció en Los Álamos, comuna en la cual se inició en política como concejal. En ese tiempo estableció vínculos con líderes de las comunidades mapuches terroristas, las que el año pasado asesinaron e incineraron a tres carabineros. Todavía está pendiente una respuesta suya respecto a qué firmó con el Gobierno de Maduro cuando viajó a Caracas para pactar “un acuerdo de intercambio de información”: dos semanas después de aquella visita, sicarios venezolanos raptaron y mataron a Ronald Ojeda, refugiado político bajo custodia del Ministerio del Interior y del cual Monsalve era subsecretario.

La víctima, un ex oficial perseguido por la dictadura venezolana, vivía en Independencia, comuna dirigida en ese entonces por el actual Delegado Presidencial Metropolitano, el frenteamplista Gonzalo Duarte, actualmente desaparecido en acción tras ser acusado por la Contraloría General de “millonarias irregularidades” mientras fue su alcalde.

Este picantón Manolete criollo ahora argumenta que no recuerda lo que hizo, “porque estaba inconsciente”, y a través de su defensor público pidió más plazo al tribunal para que investigue al restorán donde drogó y embriagó a su víctima, “porque algo me dieron que me hizo perder la conciencia”. No obstante, gracias a las cámaras callejeras todo Chile lo recuerda muy clarito en la soledad de la noche tratando de llevar a su semi inconsciente pareja hacia un motel en calle San Francisco. “Creo que intentaron envenenarme” asegura ahora (¡¡!!)

De haber sido así, no hubiese telefoneado a la jefa de Inteligencia de la PDI para que sus detectives se apresurasen en eliminar las imágenes de las cámaras de seguridad de calle Mac Iver, desde donde despachó a sus escoltas para continuar su fechoría sólo con su invitada, esta hija de un miembro de su comando en Coronel para sus campañas a diputado.

Consta en la investigación que antes de la cita, él se contactó vía internet con mafias colombianas expendedoras de drogas sexuales.

La ministra de la Mujer, la frenteamplista y melenuda Antonia Orellana --que trata de “huachitas” a sus colegas periodistas--, toda una fanática del mujerismo nudista callejero, no ha movido un dedo en defensa de su congénere ultrajada por Monsalve: ella no sospecha qué es realmente el feminismo. En tanto, el mismísimo Presidente se encargó de comisionarlo -después del delito- a que fuese a Concepción a “contarle la firme” a su esposa y que después regresase a Santiago en un avión de Carabineros.

Considerada como una burla histórica, Monsalve utilizó el mismísimo Palacio de Gobierno para anunciar que él había renunciado y que no se la había pedido el Presidente, pese al mal disimulado esfuerzo de Boric por defenderlo en una burda y muy recordada conferencia de prensa en Lampa. En dicha oportunidad, pareció que el Mandatario no había ingerido uno de sus medicamentos demandados por el TOC, conducta muy similar a la que se le observó, ahora, en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins: súper pasado de revoluciones.

La poco toreadora Justicia consideró a Boric un “sujeto de interés” en el caso y lo invitó a ser interrogado, al igual como ocurrió por la negociación fraudulenta para vender la que fuera residencia de Salvador Allende. Por el mal uso que Monsalve hizo de su cargo, la PDI exoneró a la encargada de Inteligencia, la que sólo se limitó a cumplir una orden dada por su jefe directo, una instrucción aberrante del entonces zar de la seguridad en el país.

En la víspera de Fiestas Patrias, un tribunal de Antofagasta accedió a la solicitud de uno de los inculpados en el desfalco de Democracia Viva y reabrió el caso, justo días después de que un fiscal pidiera una pena de 10 años de cárcel para el cerebro gris de la defraudación, la diputada, frenteamplista, Catalina Pérez, y otro persecutor, de Concepción, solicitara 8 para Camila Polizzi, la del caso lencería y también del FA, quien fuera autorizada por la Justicia para salir del arresto domiciliario y viajar a Santiago a bailar a un club nocturno. Para que no se le embargase lo ganado, le pagaron por adelantado y en billetes…

Resulta demasiado evidente que de torear, la Justicia chilena sabe mucho. La barra de abogados de Santiago coincide en que la solidaridad política y judicial no salvarán a este peculiar Manolete, ni a otros secundarios que tratan de colgarse del hipócrita patrón del ex subsecretario. Es sólo cuestión de tiempo, dicen, el mismo tiempo que al Presidente, también del Frente Amplio, le urge que corra rápido.

Lo concreto es que este Manolete criollo, con arresto total, no se salvará de las astas de la Justicia por poco transparente que ésta sea, ya que si llega a operar la cada vez más activa corrupción en el caso de violación, lo espera el de defraudación de gastos reservados por $500 millones (por cada mes) que hizo desaparecer Monsalve desde las arcas de la Subsecretaría de Interior, y que estaban exclusivamente destinados a operaciones policiales para resguardar la seguridad de la ciudadanía y combatir la delincuencia.

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