Por Raúl Pizarro Rivera

Las costumbres, aunque arraigadas, no permanecen estáticas, sino que cambian y se adaptan con el tiempo. El paso de los años, las nuevas experiencias, la renovación de generaciones, el surgimiento e influencia de otros tipos de culturas y, en definitiva, el peso de la realidad del momento, contribuyen a esta evolución.

Si bien en Chile algunas costumbres se mantienen vivas, especialmente en la música de nuestras raíces, otras han evolucionado, se han visto transformadas por las dinámicas contemporáneas o, simplemente, desaparecieron del diario vivir.

No hay documento oficial que consigne cuándo en Chile se utilizó el término Su Excelencia para aludir al Presidente de la República ni tampoco hay información de cuándo comenzaron a denominarse Honorables a senadores y diputados e Ilustres a las Municipalidades y a las Cortes de Justicia. Textos sobre el particular comentan que se trató de una mera costumbre sólo con fines protocolares y que todas ellas carecen de respaldo institucional y, menos, legal. Según la literatura universal, Excelencia se refiere a “la cualidad de ser extraordinariamente bueno, con un estándar elevado de rendimiento y una virtud sobresaliente”. ¿Tiene siquiera una pizca de estos atributos Gabriel Boric? : más bien, es la antítesis de todos ellos. El mejor reflejo es que mantiene sólo al 50% de los ministros de Estado con los que inició su administración: tuvieron que salir por mala gestión, por estar implicados en robos a sus propias carteras, por el uso de un lenguaje soez, por cambiar identidades de los indultos presidenciales, por firmar una ilícita transacción inmobiliaria, por violación y por sus vínculos directos con el líder terrorista de La Araucanía.

Honorable se utiliza para describir a “alguien digno de respeto y honor, a menudo en un contexto legal o institucional”. ¿Se ciñen a esta definición nuestros desprestigiados y despreciados diputados y senadores?

A su vez, Ilustre se aplica a personas de gran renombre, fama o distinción, y especialmente a algunos tipos de instituciones”. ¿Son Ilustres las Municipalidades con (ex) alcaldes presos o las Cortes de Justicia con fallos asquerosamente políticos?

No puede ser de excelencia un Gobierno que incentivó y alimentó las defraudaciones fiscales a través de Fundaciones brujas: las remesas de SEREMIS y Gobernaciones para mejoras de la comunidad, terminaron en los bolsillos mayoritariamente de “progresistas” del Frente Amplio.

Todavía continúan en fase de investigación estas apropiaciones ilícitas que reventaron en junio de 2023 en 15 Regiones. El CDE presentó igual número de querellas, pero ¡sólo se sabe de imputados en cuatro de ellas! Tampoco se conoce el resultado de las nuevas indagaciones sobre los 25 mil funcionarios del Estado que estafaron al Fisco con licencias médicas falsas, y la situación del violador y defraudador Manuel Monsalve se halla en fase de “secreto”, aunque todo Chile lo vio en acción a través de las hiper difundidas imágenes de las cámaras públicas. A su víctima se le niega, ahora, el pago de su licencia médica a causa del abuso.

No hay pistas de $ 1.600 millones que manejaba Alberto Larraín a través de su Fundación ProCultura, desfalco que implica al propio Presidente por haber financiado su campaña con recursos de dicha entidad y, apuradita, su ex compañera Irina Karamanos devolvió fondos que había recibido del psiquiatra frenteamplista.

Larraín iba a ser designado como Ministro de Desarrollo Social en su primer Gabinete, pero Izkia Siches se lo tachó. Dicho escándalo, además, tiene en jaque al Gobernador DC de la Región Metropolitana.

El objetivo de La Moneda es que ninguno de estos “numeritos” revienten antes del 16 de noviembre y, en lo posible, la Justicia los falle recién después de que haya concluido su período, en marzo próximo.

El tratamiento de "Honorable" para diputados y senadores se deriva de la costumbre de otorgar títulos honoríficos a autoridades y “personas de alta estima” (¿?).

El “honorable” contingente del Congreso Nacional se ha dispersado en los diferentes bandos electorales y, en particular, pujando para asegurarse un cupo en las listas compartidas para las elecciones de noviembre. Todos por igual cargan el estigma de que, hoy, siete diputados enfrentan a la Justicia por distintos delitos de estafa, abuso sexual y violación, 5 se hallan en prisión preventiva y uno espera condena. Cinco han sido desaforados y otro correrá igual suerte.

Una “honorable” fue acusada por un compañero de bancada de utilizar la sede del partido para encuentros íntimos, hay quienes se disfrazan para las sesiones y todavía se esconde el nombre de quien salió positivo en el examen de consumo de drogas. El control anti estupefacientes siempre ha fracasado por la existencia de una no pequeña bancada informal pro drogas e incluso una parlamentaria es una conocida productora de marihuana…”para uso medicinal”.

¿Fue honorable el homenaje que los diputados de izquierda le rindieron in situ a los “heroicos luchadores sociales” protagonistas del fallido Golpe de Estado de 2019?

El alcalde recoletano Jadue II (PC) declaró que “está latente la frustración social por no haber prosperado la revuelta popular”…

En el Senado hacen gala de sus cargos varios miembros que en la Convención Constitucional de 2022 votaron para que dicha Corporación desapareciera, y una vandálica que convocó a los suyos a quemar el centro de Santiago es la regalona de la sala.

En una treta electoralista muy poco honorable, un senador UDI, de raigambre conservadora, ofreció al Jefe de Estado asesoría técnica de ex ministros de Piñera para sacarlo del embrollo de los aranceles al cobre, en tanto, el mismísimo presidente de la institución, ahora piñerista pero derechista de familia, consiguió llegar al cargo gracias al voto unánime de ¡la izquierda!

En cuanto al adjetivo de Ilustre para Municipalidades y Cortes de Justicia, el diccionario lo justifica porque “ocupan una posición alta en la sociedad o ha hecho algo impresionante”… En la actualidad hay 3 (ex) alcaldes en prisión, 12 han debido renunciar por falta a la probidad, 22 son investigados por corrupción y 32 municipios son indagados por la Contraloría General por malversación de fondos públicos.

El Poder Judicial, otrora discreto y pletórico de secretismos, masivamente ha roto el juramento, primero por la abogacía y, luego, por el acceso a la magistratura, lo que desborda lo tolerable y sitúa a sus integrantes en una posición muy desmedrada frente a la ciudadanía, la misma que denuncia a gritos que en el país “no hay justicia”. Y con razón: los delincuentes tienen defensores gratis aportados por el Estado y las víctimas, no.

La incidencia de un polémico abogado en las decisiones de ministros y en la composición de salas es casi anecdótico respecto al número de funcionarios judiciales implicados en el uso de licencias falsas para viajar al extranjero: 4 ministros y un fiscal de Corte, más 80 jueces. A ellos hay que sumar las decenas de casos en los Juzgados de Policía Local.

Gracias a la politización de la Corte de Antofagasta se le echó una palada de tierra a la defraudación de ProCultura y se dejó sin sanción el intento de especulación con dineros de la Municipalidad de Santiago a la comunista Irací Hassler. Intencionalmente, los ministros pisotearon la autorización de una jueza para que la PDI interviniera teléfonos de más que obvios “sujetos de interés” en la causa contra Alberto Larraín.

Una jueza se compadeció del “daño mental” que le provocaba el arresto domiciliario total a Daniel Jadue y un tribunal penquista autorizó que Camila Polizzi dejase su encierro para viajar a Santiago a bailar en un club nocturno. El récord lo rompió una magistrada de Santiago que, tras enviar a la cárcel a un sicario asesino e inmigrante ilegal, a las 24 horas ella misma ordenó su liberación. ¡Definitivamente, la Justicia es ciega!

Conclusión: la realidad actual de estas instituciones -entre ellas, los tres Poderes del Estado- demuestra que estos adjetivos calificativos carecen de validez y realismo. Utilizarlos en beneficio de ellas no corresponde a su finalidad.

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