Por Raúl Pizarro Rivera

Imbecilidad, así de simple, es definida como falta de inteligencia. Martin Luther King fue más allá, al afirmar que “lo peor es que el imbécil tiene conciencia de serlo” y el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, afirmó preferir a un neurótico que a un imbécil. Tan particular introducción a este texto corresponde al trato que se merecen los autores del último capítulo de la interminable agenda de ilicitudes del progresismo gobernante: el perdonazo a inmigrantes ilegales.

En junio, la PDI empadronó a 182 mil extranjeros indocumentados que voluntariamente accedieron a hacerlo. Ahora, en diciembre, por órdenes superiores, el Registro Civil anunció el otorgamiento de RUT provisorios para los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país durante el segundo semestre de 2024: ¡otros 180 mil!, que casi echaron abajo el ex Estadio Chile para obtener el preciado documento. “Regularización” lo llama la ministra y el subsecretario de Interior.

Luis Cordero llegó a decir que “hasta el empresariado” está de acuerdo con la idea, porque “como pagan IVA contribuyen a la economía nacional” (¡¡!!).

Se trata de extranjeros que, financiados o no, ingresaron clandestinamente por la frontera norte y hoy, entre muchos otros perjuicios al país y a sus ciudadanos, contribuyen a reventar al sistema público de salud -para el cual tienen prioridad- y, por expresas instrucciones del PC, sus hijos por ningún motivo pueden quedar sin matrícula en las escuelas básicas, preferencia que posterga a los niños chilenos, para los cuales no hay cupos.

En julio pasado, el Presidente de la República anunció que “en un plazo máximo de 15 días serán expulsados los extranjeros indocumentados”. Ahora, se los “regulariza”.

Tan brusco e insólito cambio de posición, de lo legal a lo ilícito, es consecuencia de las conversaciones del Presidente Gabriel Boric con su amigo progresista Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, a cuya Asamblea General, en septiembre, llegó el Mandatario chileno para contarle al mundo que “mi país no resiste un inmigrante más”.

Esta regularización que derivará en la visa de permanencia es ¿a cambio de qué? Coincidentemente, vienen elecciones cruciales para el Gobierno y la izquierda.

Este perdonazo constituye una ofensa para la historia de Chile, la de siglos atrás y la actual, en que millones de extranjeros, que, también sin nada o con muy poco, llegaron realmente a aportar al progreso, a la modernización y al empleo en el país. Los actuales, en cambio, son una carga y, para peor, altamente peligrosa.

Guterres, que acaba de bloquear toda opción de un alto cargo para una progresista chilena en dicho organismo, ha sido un firme aliado de los masivos desplazamientos desde África hacia Europa. Su posición se basa en la doctrina de la Organización Internacional de la Migración (OIM), dependiente de la ONU.

La visión que tiene esta entidad sobre la diáspora es casi colonial y nada tiene que ver con el mundo de hoy. Dice: “la migración no es un problema; es un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible”, y ello porque los desplazados -según la OIM- “fortalecen la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural”. Sin embargo, la misma ONU se actualiza al afirmar que “la migración ilícita se produce cuando una persona ingresa, se queda o trabaja en un país sin la autorización o sin los documentos exigidos por las normas de inmigración del respectivo país”. Es decir, una fotografía perfecta a la tremenda irregularidad legal en la que está incurriendo Interior.

Los indocumentados que ya fueron y serán “regularizados”, son, sin excepción, autores y portadores de los tipificados delitos de ingreso ilegal, del no porte de documentación y del comercio callejero.

Con mucha soltura y casi obsesivamente, el subsecretario Cordero se encargó, falsamente, de endilgarle al anterior Gobierno gran parte del problema migratorio ilegal. En la primera administración centrista de Piñera ingresó al país, y por los accesos oficiales, un gran flujo de inmigrantes venezolanos, todos profesionales o técnicos, escapando de las garras del chavismo.

Cuando el fallecido ex Presidente hizo un llamado público a los venezolanos en su segundo período para que viniesen a nuestro país, lo hizo por una cuestión política en contra de Maduro. En respuesta, el dictador abrió las puertas de sus cárceles para “llenar a Chile de delincuentes”, como lo ha dicho, y no pocas veces.

Cuando el anterior Presidente inició una persecución contra los ilegales, - quincenalmente salían aviones con expulsados-, la izquierda, legislativamente, impidió las deportaciones, presentó centenares de Recursos de Protección y, por su mayoría en el Congreso, agregó a la permisiva Ley de Inmigración que por sus derechos humanos ningún inmigrante podía ser repatriado en el acto y que quien se presentase a la frontera con un menor debía ingresar al país. Al día siguiente, ningún extranjero adulto dejó de acompañarse de algún niño.

Este Gobierno, y no otro, fue el que se negó a que el Ejército cavara una fosa a lo largo de toda la frontera altiplánica, creó la autodenuncia para que los ilegales no corriesen riesgos y los dotó de transporte gratuito y de campamentos de estada. Faltaba la guinda para la torta y la puso Cordero: “el ministro Marcel, los empresarios y la Cámara de Comercio se hallan felices, porque esta gente (los ilegales) aporta mucho al IVA y, por ende, a la caja fiscal”. Y agregó algo de la mayor gravedad: “incluso, muchos de los empadronados ya están con cotizaciones previsionales”, o sea, ya están documentados. ¿Quiénes son esos empleadores, si es que realmente existen?

Del casi millón y medio de indocumentados que rehúsa empadronarse, Tohá y Cordero confiesan no saber dónde están, aunque sí tienen claro a lo que se dedican: a incrementar la criminalidad. Después de la inseguridad ciudadana, la segunda gran inquietud de los chilenos es la inmigración.

Fiel a su hábito de no atender a los sentimientos de la población, el Gobierno continuará siendo, como siempre, un gran aliado de la ilegalidad.

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