Por Raúl Pizarro Rivera
La creencia general de la gente, casi automáticamente, suele no apuntar al trasfondo de una trampa, conducta deshonesta y que, al menos en Chile, ha llegado a ser habitual en los políticos. Pese a que en una obra por él escrita en 1919, Max Weber, un muy recurrido sociólogo alemán, sostuvo que quienes se dedican a la política “lo hacen por vocación”, las pruebas en nuestro país no le dan precisamente la razón.
Parece todo un contrasentido, y hasta una ridiculez, que, hoy, 23 partidos políticos, que en conjunto suman 500 mil militantes, se digan y se crean representantes de 15 millones de personas con derecho a voto. Insensibles ante cuestionamientos, los políticos se autodefinen “representantes de la ciudadanía”, siendo que ésta, con un miserable 2%, los ubica en el último lugar del ranking de adhesión popular entre las instituciones públicas.
Esta absurda contradicción induce al desconocimiento de la gente sobre el actuar de los partidos políticos: si son despreciados al nivel de un pobrísimo 2% de aprobación, si no se les presta atención, no se entienden sus actuaciones y, menos, sus decisiones, se consuma, así, este “dejar hacer” que invisibiliza las trampas. La lengua hispana la define como “una forma de reparar bajos estados de ánimo, aliviar el estrés y satisfacer necesidades”.
No se requieren mayores explicaciones para concluir que éstos son estados de ánimo cotidianos y advertibles en todos los niveles de este Gobierno, de capitán a paje. Entre las causas de la trampa se ubica la competitividad, la que “identifica a la sociedad actual”. La política es, precisamente eso: ¡competencia!
Juan Rodríguez-Teruel, cientista político de la Universidad de Valencia, España, escribió que “al no entender la naturaleza de la política y de los políticos, se alimenta en muchos ciudadanos sentimientos generales de desencanto, desafección y rechazo”. Explica que “al tratarse de sentimientos estériles por el divorcio entre la gente y los políticos, pueden confundirse con otras muestras de repudio, aunque éstas sí mucho más justificadas, provocadas por casos concretos y probados de, por ejemplo, corrupción y aprovechamiento en beneficio propio y en detrimento del bien común”.
Las dos manifestaciones, detalladas, se hacen y seguirán haciéndose carne en este Gobierno, que se empeña mal en dar señales de que sigue vivo en su afán de dejar alguna señal de su fugaz y fracasado paso. Casi al unísono, el Presidente y sus ministros de Hacienda y del Trabajo se empeñan en ‘vender su pomada’ del seguro social, siendo que éste hace rato fue rechazado por la Cámara de Diputados. La senadora y presidenta del PS provocó la ira del PC y del FA, al afirmar, y ratificar, que más vale no perder el tiempo y “dejar para más adelante el debate de la reforma previsional”. Ella reforzó el acuerdo de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, en cuanto a cerrar el tema por carecer de destino.
Pasa que el Gobierno intenta mantener a flote un tema ya hundido, y ello sólo por intereses electorales, intentando confundir al sector pasivo. La de La Moneda es una trampa tan ridículamente evidente como la del INDH, que salió a cazar enemigos de la oposición y resultó ser cazado: en manos del Poder Judicial está la solicitud de remoción de tres de sus consejeros ‘progresistas’, dadas sus malas prácticas. Este brazo leguleyo ideológico del PC/FA intentó eliminarle cualquier competidor a la alcaldesa comunista de Santiago, usurpando una facultad que ninguna ley le otorga: querellarse por “tráfico de influencia”.
Esta entidad fue creada en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2009), a solicitud del Partido Comunista, ello con el doble objetivo de eternizar la persecución a los militares y obtener el máximo de “reparaciones” de por vida a cualquiera que se declarase “víctima de abusos”. El 44% de las pensiones de gracia otorgadas el 2023 carece de los fundamentos para su concesión.
Fue ésta la que redactó la nómina de muchachones “héroes” del Golpe de Estado de octubre de 2019 para que se les diese bonos vitalicios, habiendo sido, o siendo, avezados delincuentes. También nominó a los indultados por el Presidente, uno de los cuales no demoró en volver a la cárcel.
La creación del INDH en 2009 fue, según la ley, para combatir los crímenes de guerra, los genocidios y delitos de lesa humanidad. En Chile, grupos organizados que atacan a civiles, son los últimos los que cometen en ataque, pero, aunque el INDH tiene el papel de defender a todos los ciudadanos por igual, no lo hace, pero, en cambio, le prohíbe al Ministerio del Interior que le permita usar sus armas a las policías y a las FF.AA.
Lorena Fries, ex Subsecretaria de DD.HH. con Bachelet, reveló el interés del INDH de desalojar la cárcel de Punta Peuco, exclusiva para militares condenados, para dejársela únicamente a los jefes del narcoterrorismo, hoy dispersos en diversos penales.
El INDH ha sido, por años, un potente defensor de las comunidades mapuches en guerra con el Estado chileno. Hace poco, supuestamente el mismo grupo que asesinó e incineró a tres carabineros, descarrilló un tren con pasajeros y, luego, cortó en cuatro tramos la línea férrea. Según el Ministerio del Interior, los delitos en La Araucanía han disminuido y su subsecretario viajó hasta allí para anunciar, ¡recién ahora que hay elecciones!, futuras entregas de subsidios a “las víctimas” de actos terroristas.
Una de las causas, si no la más relevante, del categórico avance de la derecha en Europa es la saturación de inmigrantes ilegales, y Chile, por cierto, va para allá. En La Moneda echan mano a su excusa de no poder expulsar a los ilegales, porque Bolivia —con quien no existen vínculos diplomáticos— no acepta que los deportados pasen por su territorio, y porque Venezuela rehúsa recibir vuelos chilenos con repatriados.
Por Colchane continúan ingresando diariamente 300 extranjeros indocumentados, a los que se les lleva a un albergue en una playa cercana a Iquique. Para hacer ver, oportunistamente, que sí combate esta lacra, el Gobierno anunció el cierre de dicho hospedaje, ante lo cual los ilegales se dispersarán vagando por las calles de la ciudad.
El escenario electoral se lo ha tomado el subsidio por el alza en las cuentas de consumo eléctrico, cuyo cobro se mantuvo congelado desde la pandemia. Bastó que el ministro de Hacienda dijese que “no hay plata fiscal para ello”, para que la ayuda estatal a 1,4 millones de hogares vulnerables se ampliase a otros 4 millones, pero ello una vez que se transforme en ley, lo que podría ocurrir en octubre, calzando con las elecciones de alcaldes y gobernadores.
Desde 2020 se sabía que llegaría el día de cancelar el reajuste ralentizado por años, pero el Gobierno no quiso incluir el subsidio en el presupuesto anual de la Nación, como sí lo hará para el mecanismo de pago del CAE en la provisión para 2025. No lo hizo intencionalmente para aprovecharse de la instancia electoral.
Para aquietar la intranquilidad de la población porque desde las cárceles los jefes mafiosos dirigen las operaciones criminales, el Gobierno prometió que el problema se terminaría con la instalación en los penales de inhibidores de señales de teléfonos móviles. Al detectar Gendarmería que la conexión se mantiene casi igual desde el interior hacia afuera, Justicia aclaró que “los bloqueos son sólo selectivos”.
Resulta tan reveladora su precaria realidad electoral, que los partidos de Gobierno impulsaron un proyecto en la Cámara para pasar gatos por liebres: el no pago de multas por no concurrir a las urnas en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores con voto obligatorio. Mediante una ley no sustituida, en mayo de 2023, el Congreso acordó que el país volviera a dotarse del sistema de sufragio no voluntario. Tal artimaña, sin ser una modificación legal a la norma, en forma y fondo lo es, y ello porque elimina la sanción a quien no justifique su inasistencia. Se trata de una triquiñuela para que los votantes opositores a este régimen no se tomen la molestia de desplazarse a los locales de votación.
Una ‘compañera mujerista’ adherente al Frente Amplio grabó un video que se hizo viral, en el cual le pide “a los cabros” que, al menos, “hagan una buena”, y ello en alusión a un proyecto de ley, sí proyecto de ley, de un ‘progresista’ de su partido, quien, para estilizar el poderío de las empresas del rubro, propuso impedir la pesca y la extracción de moluscos, porque “se afectan sus sensibilidades y sentimientos”. Quienes apalean locos antes de cocerlos, todavía se están riendo.
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