Por Raúl Pizarro Rivera

Al burro se le atribuyen valores como la humildad, la resistencia y la paciencia, en contraste con el caballo. Se caracteriza por tener un carácter tranquilo, y por ello es que su uso habitual ha sido el de carga. La historia de Chile consigna, anecdóticamente, que en 1815 fue uno de estos animales el que cruzó la cordillera de Los Andes portando en su lomo la primera tina de baño llegada al territorio, traída por el recién designado Gobernador español Casimiro Marco Del Pont.

Pilar Eynaudi, productora de leche de burra al oriente de la provincia de Osorno, aclara que es una ignorancia creer que estos animales son tercos y necios. Tras su experiencia de haber conformado un plantel lechero de burras, cuenta que tienen una memoria privilegiada y se adaptan muy rápido a las rutinas”.

Despejada la duda acerca de estos équidos, resulta claro que las acepciones burro y burradas utilizadas como sinónimos de necedad o tontera, corresponden exclusivamente a un uso coloquial, tal como lo define la Real Academia Española de la Lengua. Según ésta, “se le trata de burro a una persona ignorante, y no solo para resaltar su ignorancia sobre algo, sino para degradarlo a la condición de animal”. Tan coloquial como lo anterior es el término burrada, “un adjetivo propio de una conversación informal y distendida”.

De acuerdo a estas definiciones, el penúltimo Mensaje Presidencial de Gabriel Boric estuvo lejísimo de ser una burrada: fue un discurso muy político -y como tal, amenazante-, ordinariamente electoralista, de un gran cinismo y preñado de proyectos que, por falta de recursos y apoyo parlamentario, no podrá cumplirlos. En la misma fecha, pero de 2023, alardeó que “le giraré fondos al ministro de Desarrollo Social -su compinche Giorgio Jackson- para que eche abajo todos los memoriales de narcotraficantes”. Hoy y sólo en la Región Metropolitana, continúan en pie e intactos 30 de ellos.

Su Mensaje acalló a los cándidos observadores de un nuevo estilo moderado del Presidente, porque hizo presente “los motivos del Estallido” y aseguró que sigue en pie su objetivo de “profundizar la democracia” -quitarle a los ricos para dárselo a los pobres- e insistió en su meta de una “sociedad de bienestar”, el histórico lema comunista que lleva a los pueblos a la esclavitud. De paso, atribuyó al anterior Gobierno el terrorismo en La Araucanía y la inmigración descontrolada, y ello luego de hacer un sentido recuerdo de aquel fallecido Mandatario.

Mencionó un total de 61 proyectos “para los próximos meses”, casi todos relacionados con obras vecinales y comunales, propias de las municipalidades que están de elecciones en octubre.

Del fin del CAE no volvió a saberse, y acogiendo un pedido de Bachelet y del mujerismo progresista, anunció que insistirá en el aborto libre, esto es, en el aborto por deporte. Existe una gran encuesta oficial, hecha al mundo femenino, en que 1/3 dice no quererlo, otro 1/3 asegura estar conforme con las tres causales que rigen hoy y otro 1/3 lo exige, que corresponde al porcentaje de su propio sector. Se mandó, eso sí, una burrada: postular a Chile como sede de los JJ.OO. de 2036: acaban de robarse íntegramente el pasto sintético de la moderna cancha de béisbol construida para los recientes Panamericanos.

En la previa del discurso presidencial, hubo episodios de alto voltaje político que calentaron el ambiente, en la convicción errónea del Gobierno de prepararle un “buen ambiente” a Boric: lo pifiaron y 11 parlamentarios abandonaron el Salón de Honor en plena lectura del Mensaje.

Sólo 36 horas antes, su ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló que “no tenemos idea dónde están los 28 mil ilegales con órdenes de expulsión del país” …, desaguisado al que le puso más pimienta el PC, al transformar a un autor de desfalco, fraude y estafa en un “perseguido político": Daniel Jadue.

Convertida en la genuina vocera del Ejecutivo –la encargada del tema, Camila Vallejo, la aísla el PC por ser su carta presidencial-, Tohá aseguró que “con el CAE no haremos una burrada”, descartando de plano el cumplimiento de una promesa presidencial, repetida -estadísticamente- en 25 oportunidades.

Muchos ya titulados de profesionales que suscribieron este crédito con aval del Estado para financiar sus estudios, dejaron de pagar las cuotas bancarias fruto de tantas y reiteradas promesas. ¿Para qué seguir sirviéndolas si se les perdonaría la deuda? Tales anuncios aumentaron el volumen de morosidad, el que llega hoy a US$ 10 mil millones, cifra que ya en su segunda administración, Michelle Bachelet la consideró “imposible de pagar”.

En un supremo acto de ignorancia -ella nunca vivió dicha experiencia-, Tohá afirmó que “no se le puede quitar a los pobres el dinero para dárselo a quienes no han pagado sus estudios en la universidad”. De los más de 700.000 deudores del CAE no todos pertenecen a un quintil bajo, pero la mayoría de los profesionales hoy en mora, en su momento accedieron al crédito por carencias económicas para financiar la matrícula y mensualidades, y ello motivado por un orgulloso anhelo familiar.

El desatinado comentario de Tohá es un insulto para una gran clase media/media y media/baja del país. Se calcula que, al menos, el 50% de los morosos no ha amortizado su deuda por la bajísima oferta laboral dada la incertidumbre empresarial originada por un Gobierno desconfiable, y ello agudizado por la persistencia en sustraerles a los trabajadores legales parte sustancial de sus ahorros previsionales para dárselos a vagos y delincuentes.

Pese a ser anunciado para marzo por la comunista ministra del Trabajo, nunca más se supo del acicate bono pro-empleo y, como si ello no bastase, hoy el empleo asalariado -el de profesionales- llega apenas a un 8% y el informal, que no paga impuestos y genera delincuencia, alcanza un 21%.

Esta misma ministra autorizó un giro por $ 430 millones fiscales para que la Subsecretaría de Previsión difundiese por TV abierta un video que alude a situaciones aparentemente pendientes pero ya resueltas: la Cámara de Diputados votó el rechazo a la seguridad social y, con ello, a que el 6% que aportará la patronal para sus empleados no será compartido con informales e ilegales, y el documental -al igual que el Presidente- insiste en que ‘su’ reforma previsional permitirá aumentar la PGU, siendo que ésta tiene financiamiento permanente, propio y corre por un carril independiente. O sea, mentira.

En medio de todo este caos gubernamental, a la ministra del Interior “se le salió” un comentario que reafirma cuál es el auténtico corazón ideológico que mueve a La Moneda y a la izquierda: “me da miedo que se restituya en su lugar el monumento a Baquedano”. Su temor coincide con la advertencia de Boric en su Mensaje, en cuanto a que “no hay que descartar un nuevo Estallido”. En tal eventualidad subversiva, lógicamente que el primer objetivo destructivo será la estatua de un inolvidable héroe nacional.

El ambiente violentista sigue estando encendido, y de ello dan cuenta los asesinatos de carabineros, el descarrilamiento intencional de un convoy a Temuco, el derribo de torres de comunicaciones, tomas de sedes universitarias, el progresivo descubrimiento de arsenales clandestinos y las recriminaciones públicas del PC a su propio Gobierno.

Resulta de la mayor preocupación que el partido más importante de esta administración viole la institucionalidad sin pagar costo alguno, al transformar lo que es de todos en su exclusivo uso, como fue lo ocurrido con la parada Rondizzoni del Metro, cerrada para que allí se reunieran exclusivamente militantes en apoyo a quien, como alcalde, delinquió hasta que se cansó. Guardias de los andenes obligaron a los usuarios, trabajadores siempre apremiados por los horarios, a que, a pie, buscasen otra estación de embarque.

No es menor que el comunismo local siga poniendo énfasis, y divulgando, que lo de Jadue es exclusivamente una “persecución política”, y de ahí el abortado intento del alcalde de guarecerse en Venezuela. Su vociferante protesta pública -con banderas rojas, no de Chile- fue encabezada por Juan Andrés Lagos, ex secretario general del partido (2017), muy influyente en su Comité Central y hoy ‘asesor’ a honorarios del Ministerio del Interior. Fue éste quien, tiempo atrás, dejó quebrar a la Universidad ARCIS, al retirar su aporte de capital “por no ser rentable”.

La presión pública del comunismo sobre el Poder Judicial no puede sorprender. Doctrinariamente, no conoce la independencia de los Poderes del Estado, y este nivel de intervencionismo lo adelantó el proyecto de la Convención Constitucional, manejada por el PC e históricamente fulminada por la ciudadanía: la Corte Suprema iba a depender de un Consejo político/popular.

Por esta misma razón resulta fácil de explicar lo inexplicable de la no acordada visita al país de un par de fiscales venezolanos que, sin agenda alguna, arribaron para “ayudar y colaborar” en las investigaciones por el asesinato del refugiado político Ronald Ojeda. Fueron enviados por quien firmó, en Caracas, el decreto de búsqueda y captura de exmilitares antichavistas, entre ellos, este teniente asesinado en suelo chileno por sicarios de la dictadura de Maduro.

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