Por Raúl Pizarro Rivera

Al asumir como Presidente de la transición (1990/1994), Patricio Aylwin Azócar convocó a una Comisión de Verdad y Reconciliación para reponer las confianzas y recuperar la convivencia nacional, muy fracturada desde1973. Al constituirla, proclamó que el grupo buscará “hacer justicia en la medida de lo posible”.

No se equivocó: el primer cuestionamiento a sus palabras fue del PC, a través de una agrupación de familiares de perseguidos durante el régimen militar, la cual proclamó amenazadoramente que “nunca habrá ¡ni perdón ni olvido”! En el marco de sus indagaciones, los integrantes de dicha comisión no pocas veces se preguntaron cuántas generaciones tendrán que pasar para que se materialice la reconciliación.

Ha transcurrido medio siglo y el escenario nacional de hoy demuestra que el sentimiento anti militar sembrado en la sociedad por la extrema izquierda continúa intacto, y hasta más agudizado en un sector de mentes permeables y, por ende, fácilmente penetrables.

En octubre de 2019 se produjo un hecho que pudo marcar un aminoramiento del odio comunista hacia los militares, cuando el anterior Presidente convocó al Ejército para “mantener el orden público” con motivo del Golpe de Estado del ‘progresismo’. El entonces jefe de la Guarnición de Santiago, general Javier Iturriaga, declaró no estar en guerra contra nadie y al cabo de cinco días de presencia militar en las calles ordenó el retiro de sus tropas a los cuarteles.

A su vez, el entonces Comandante en Jefe, Ricardo Martínez Menanteau, instruyó a su personal “intervenir sólo para defender acoso violento a nuestras unidades”, ejemplificando que “no quiero que nos pase lo que a Carabineros”.

Carabineros fue el solitario encargado de mantener el Estado de Derecho ante la vandálica revuelta, y decenas de sus funcionarios terminaron dados de baja, muchos condenados y hasta su actual Director General, Ricardo Yáñez, se halla en manos de la Justicia.

Sin estar en guerra contra nadie, Javier Iturriaga, hoy Comandante en Jefe, no sólo ve a su institución enfrentada a la Justicia, sino el antimilitarismo parece haberse acentuado, al punto de que no sólo el comunismo, sino hasta el periodismo comprometido pidieron su salida, ello tras la muerte de un conscripto durante un ejercicio de marcha en condiciones extremas en el límite norte del país.

Si bien, dicho desenlace tuvo responsables militares, todos ya dados de baja, el episodio se ha transformado en una campaña de descrédito del Ejército en un intento por revertir el sentimiento ciudadano en cuanto a que, de una vez, las Fuerzas Armadas salgan a las calles a enfrentar y extinguir al crimen organizado y a proteger a una ciudadanía temerosa y carente de protección por parte del Gobierno.

La reactivación de esta odiosidad anti castrense se acentuó casi histéricamente con la absolución por parte de la Justicia del ex Comandante en Jefe, Miguel Fuente-Alba, acusado de lavado de activo y quien, por años, fue basureado por la izquierda y por el periodismo, los que anhelaban, y pedían, las penas del infierno, y con cárcel, para él. Como aditivo, el Presidente Gabriel Boric, fiel a su formación doctrinaria, prometió impedir la función de los tribunales militares “en lo que queda de mi mandato”.

Hábilmente ocultado por los medios informativos, el Mandatario dijo en un desayuno con ellos que “tal como lo expresara Camila Vallejo, los Gobiernos progresistas estamos en permanente riesgo porque a la gente no le importa perder parte de su libertad a cambio de que los militares les brinden seguridad”.

El sentimiento anti militar, reflejado en la conducta del Presidente hasta el último funcionario de su Gobierno, quedó grotescamente graficado cuando, el 2021, la aplanadora marxista de la Convención Constitucional vejó, segregó y silenció a Jorge Arancibia, electo por libre voto ciudadano, pero ultrajado por el sólo hecho de haber sido Comandante en Jefe de la Armada, y ello ya en democracia.

El ‘motivo’ que se utilizó en esta oportunidad para reactivar el antimilitarismo fue la descriteriada demora del Ejército en revelar públicamente el fallecimiento de un conscripto del batallón motorizado de montaña Huamachuco, con asiento en Putre. Su nombre rememora el lugar de la batalla del 10 de julio de 1883, que marcó el final de la Guerra del Pacífico, con el triunfo de los zapadores chilenos, comandados por el general Alejandro Gorostiaga, sobre las fuerzas peruanas de Andrés Cáceres.

En este oficial se inspiró el “cacerismo”, movimiento político creado por el padre y los hermanos Humala, todos militares peruanos, uno, Ollanta, ex presidente de la República, y otro, Antauro, quien prometió “recuperar Arica arriba de un tanque”.

El erróneo manejo, institucional, por una parte, y la mala intención política, por otra, de dicha muerte apuntaron a tender una sombra sobre el servicio militar, creado tras la Independencia, en los inicios del siglo XIX. Desde aquellos tiempos, el Ejército ha tenido sistemas de reclutamientos de ciudadanos para formar parte de sus cuadros permanentes o dejarlos preparados para una eventual emergencia bélica. En la década de los 70, en dos ocasiones hubo alerta máxima que requirió el llamado a reservistas, esto es, a quienes cumplieron satisfactoriamente con su conscripción. Estuvieron en sus puestos, primero ante una amenaza de invasión peruana y, luego, ante otra de Argentina.

En 1901 se creó oficialmente el servicio militar con la promulgación de la Ley de Reclutas. Quienes son admitidos reciben una remuneración mensual que va desde los $ 75.158 hasta los $ 95.282. A dicha suma se suman las asignaciones y gratificaciones, lo que incentiva a muchos jóvenes a postular a la conscripción para disponer de un dinero que no poseen y/o para ayudar a sus familias. Deben presentarse al servicio todos los chilenos entre 17 y 24 años. En primera instancia es voluntario y, luego, obligatorio si no se completan los cupos.

El 18 de mayo de 2005, y también por la descriteriada decisión del oficial a cargo, en Antuco fallecieron por hipotermia 44 de los 400 conscriptos del regimiento de infantería Los Ángeles, participantes en una marcha de entrenamiento en condiciones extremas. Pese a la dimensión de la tragedia, ésta no se abordó con la arbitraria politización que se ha hecho ahora con lo sucedido en Pacollo, en el altiplano limítrofe. Incluso, el fiscal comisionado por un tribunal de Arica para investigar lo ocurrido, llegó a referirse a “torturas” y “apremios ilegítimos”, dada la sugerencia de la querella presentada por el comunista INDH, la que invoca a normas de tratados internacionales…

Cualquier enfoque sobre lo acontecido debe hacerse sobre la base de la realidad de una juventud aparentemente apta para el servicio militar, pero hoy absolutamente diferente a las que, por décadas, la precedieron. Investigaciones y estudios muy actuales, acreditan que, en la actualidad, Chile es N°1 en toda América en consumo de drogas en el segmento etario 15/ 25 años, según la OMS, y tiene un millón y medio de obesos en su población de ese rango de edades, ello según la JUNAEB.

En el caso de los conscriptos del Huamachuco hubo, por cierto, el peor de los tratamientos del hecho, en un esfuerzo por aminorarlo, supuestamente ante la ausencia del CEJ Javier Iturriaga, quien se hallaba saltando en paracaídas en Estados Unidos. En situaciones anteriores de pérdidas de soldados, el Ejército lo ha informado en el acto mediante un comunicado, y anuncia, como corresponde, una indagatoria interna y posterior sumario para aplicar las sanciones, y bajas, respectivas.

Es sugerente que el accidente se haya conocido por un soplo y con mucha posterioridad al sepelio del joven fallecido. Llama la atención, además, la rápida organización de un viaje colectivo de madres de conscriptos que se financiaron (?) su traslado y hospedaje en Arica para retirar a 39 reclutas que decidieron firmar su baja. Otros 121 participantes en la misma marcha optaron por continuar con su conscripción, al igual que los 6 mil jóvenes que este año cumplen con su servicio.

De los ingresos registrados este año por la Escuela Militar, un 17% corresponde a jóvenes que cumplieron con su conscripción el 2023.

Uno de quienes desertó de la conscripción en el Huamachuco, le contó al fiscal que “vi restos óseos sepultados” (¡¡!!!). Este manejado antimilitarismo ni siquiera fue mitigado tras la imposición de la izquierda a Emilio Cheyre (2003) de poner de rodillas al Ejército con su “nunca más”: igual terminó enjuiciado. Se han renovado generaciones completas de chilenos, pero el PC se encarga de estimularles el odio al mundo castrense y, peor, de acentuarlo en quienes de nuestra historia antigua y reciente saben poco y nada.

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