Por Raúl Pizarro Rivera

En mayo de 2021, el entonces Presidente de la República vivió en carne propia el significado del aprovechamiento político: viajó desde Santiago a Quillón, al velatorio de un carabinero asesinado por comuneros extremistas de la Octava Región, y fue invitado a abandonar el recinto por familiares de la víctima, quienes lo increparon por su renuencia a combatir el terrorismo rural en la llamada macrozona.

Casi matemáticamente tres años después, el hoy Presidente, Gabriel Boric, debió cancelar su propósito de participar en los funerales de los tres carabineros baleados y cremados cerca de Los Álamos, luego de que, tras llegar a Curanilahue, al sepelio de uno de ellos, fuese recibido con gritos de protestas y pancartas portadas por los vecinos. Amurrado, decidió retornar de inmediato a la capital.

Según Carabineros, en Arauco, Malleco y Cautín hay más de 3.200 comunidades étnicas, de las cuales solo 320, agrupadas en dos grandes organizaciones criminales, mantienen conflicto con el Estado. Se declaran autónomas y en guerra. Nadie sin autorización puede acceder a sus terrenos y se consideran independientes.

En su momento, la mayoría ‘progresista’ del Congreso modificó la Ley Indígena -que databa de los 70-, agregándole que “cualquier ciudadano chileno por el solo hecho de integrarse a una comunidad pasa a ser considerado originario mapuche”. Por lo mismo, son motivo de beneficios como la obtención gratuita de tierras compradas a muy buen precio a particulares por la CONADI. Aprovechándose de ello, numerosos no originarios se integraron a estos reductos separatistas, entre ellos militantes comunistas y paramilitares formados, tiempo atrás, por la española ETA y más recientemente por las colombianas FARC. Un alto jefe de esta guerrilla fue abatido en la frontera con Ecuador y en su computador fue hallada una foto suya junto a un conocido líder de la “resistencia mapuche”.

De ahí que la interminable cadena de atentados en la macrozona sea cada vez más acorde a técnicas bélicas y superiores en poder de fuego que el de solitarios carabineros destinados a mantener el orden público.

Desde que, siendo candidato presidencial, Gabriel Boric anunciara -el 2021- que no combatiría con las armas a las comunidades rebeldes de la macrozona, 6 carabineros han sido asesinados allí. Los últimos tres fueron emboscados cuando se dirigían a un control de arresto domiciliario nocturno sin ningún tipo de resguardo, como lo exige el ahora acomodado Estado de Excepción.

Al asumir Boric, envió a su ministra del Interior, Izkia Siches, a “dialogar” con los macabros jefes de la comunidad Temucuicui, pero ella fue alertada con balazos de que no podía ingresar.

Ahora, apenas la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que “se está estudiando aminorar las medidas excepcionales porque la normalidad ha retornado al sector”, esos tres policías fueron brutalmente exterminados. A su vez, el subsecretario Manuel Monsalves volvió a resaltar como un gran aporte a Carabineros la entrega de camionetas blindadas, pero los técnicos en el tema dicen que son inútiles, porque el poco espacio interior impide a los tripulantes moverse con soltura por el grosor de sus vestimentas, con lo que se les hace imposible defenderse a balazos permaneciendo en el vehículo.

Tan sanguinario episodio dio paso a un grotesco aprovechamiento político por un oportunismo electoral. De partida, el Gobierno buscó abuenarse -hipócritamente, por cierto- con el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien iba a ser formalizado este 7 de mayo, tras lo cual, según una teoría de Tohá, debería automáticamente dejar su cargo.

Saltándose la independencia de Poderes, La Moneda le pidió al Ministerio Público que aplazara tal procedimiento. El PC acusa al general de ser responsable de 800 ‘violaciones’ a los derechos humanos con motivo del Golpe de Estado marxista de octubre de 2019. Dicha modificación de fecha de formalización debió ser exclusiva decisión del Ministerio Público o de los fiscales a cargo de la acusación, Xavier Armendáriz, con vínculos directos con el Gobierno, y con Ximena Chong, madre de dos vandálicos protagonistas de la revuelta del 18/O.

La formalización se cambió para el 1 de octubre, un mes antes de que reglamentariamente Yáñez deba hacer entrega del mando por vencimiento de su período. El aplazarlo para ese día tiene un doble objetivo exclusivamente político: primero, se mantiene el sacarlo del cargo por ser responsable de atentar contra las joyitas revoltosas del 18/O y, segundo, la nueva fecha asegura los votos para la elección de alcaldes del 27 del mismo mes, de parte de los extremistas decepcionados por no haber visto, ya mismo, fuera de las filas al general.

Una de las supuestas ‘víctimas’ de Yáñez, Luis Castillo, un delincuente indultado por el Presidente (12/2022), acaba de volver a la cárcel por 4 años por reincidencia.

El aprovechamiento político se entiende, formalmente, como “el conjunto de cambios de comportamientos, pensamientos o emociones que surgen o se intensifican como consecuencia de una pérdida, un daño o una amenaza” (el Gobierno se sabe extremadamente amagado por las elecciones futuras).

El MINEDUC -en manos del PC- se aprovechó de esta tragedia de Carabineros para invisibilizar la permanencia de mil escolares sin matrículas a estas alturas del año, ordenando homenajes y un minuto de silencio en todos los establecimientos educacionales, incluso en aquéllos donde fomenta la desobediencia, la rebelión y la violencia.

La ministra del Interior también intentó sacar provecho del triple asesinato, al afirmar que “la ley de seguridad impulsada por el Gobierno lleva meses estancada en el Congreso”, pero los legisladores la callaron, al suspender en el acto su semana distrital y sesionar en Comisiones para sacarla adelante en cuatro días. Sin embargo, parlamentarios de izquierda se interpusieron, una, Maite Orsini (FA), “porque prefiero quemarme yo y no causarle problemas a mi Presidente”, y otro, Jaime Tapia (PPD, porque “habrá inaceptables retrocesos en la norma impulsada por La Moneda”).

Como nunca, hoy es indispensable recordar que el Presidente, Interior, el PC y el FA vetaron la norma aprobada en el Parlamento sobre seguridad, especificando que el uso de la fuerza no puede aplicarse en contra de inmigrantes ilegales ni de grupos aborígenes, precisamente los núcleos de la criminalidad urbana y del terrorismo rural.

Su descontrol por incapacidad, su fiebre ideológica y su inagotable torpeza han llevado a este estéril y fallido Gobierno hasta la bajeza de aprovecharse políticamente de una tragedia que no sólo tiene de luto a Carabineros, sino a todo el país.

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