Por Raúl Pizarro Rivera


A principios del siglo XX, Venezuela tenía una de las economías más pobres de Latinoamérica, pero ya para 1970 se había convertido en el país más rico de la región y en uno de los veinte más prósperos y quinto productor de petróleo del planeta. Hoy, más de 9,3 millones de su población sufre de hambre y un tercio de ella debe recurrir a los depósitos públicos de basura. Tiene una inflación de un 68%.

Sus habitantes se han reducido drásticamente, ya que 9 millones han emigrado, buscando protección y una vida mejor: 7,5 millones de ésos han sido acogidos por países latinoamericanos y del Caribe, entre ellos el nuestro.

Integrada por 650 mil personas, la comunidad venezolana residente en Chile es la quinta más grande del mundo, después de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador.

Un 5,6% de los empleos asalariados en Chile son desempeñados por profesionales y trabajadores originarios de dicho país.

La causa de un éxodo tan descomunal fue, y es, la instalación de una dictadura comunista liderada por un militar de bajo nivel, Hugo Chávez, quien dejó como sucesor a un chofer del transporte público caraqueño, Nicolás Maduro.

Aliado y súbdito a la vez de los hermanos Castro, el ‘comandante’ Chávez hipotecó el futuro de su población, al regalarle, por años, todo el petróleo requerido por Cuba para subsistir, aunque a duras penas. La prestigiosa medicina de la isla no fue capaz de salvarlo de un cáncer, ante el cual el dictadorcillo gritaba “¡no me quiero morir, no me quiero morir”!

En conjunto con el brasileño Lula y los Kirchner de Argentina, Chávez se apropió del MERCOSUR e incentivó la dispersión e influencia del socialismo en Latinoamérica a través del Foro de Sao Paulo. El PC y el PS chilenos adhirieron rápidamente a él.

Ante el aislamiento al que lo sometió Estados Unidos, la dictadura venezolana recibió el padrinaje de Vladimir Putin, ex agente de la KGB soviética, y los aviones de guerra rusos cuentan hasta con una base permanente en Caracas.

Chile tuvo sus primeros roces con la dictadura chavista, cuando la entonces Concertación presionó para que Bachelet condenase –aunque a regañadientes- las violaciones a los derechos humanos en aquel país. El quiebre diplomático fue total durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera: no sólo las transacciones comerciales cayeron a su mínimo en 27 años, sino Maduro le juró venganza al anterior aquel Mandatario por haber ido a su frontera a gritarle “dictador”.

Ni siquiera atenuó su represalia el hecho de que Piñera haya sido uno de los guardias de honor del féretro de Chávez.

El desquite, como ya es sabido, se concretó a principios de 2019, cuando en un “congreso progresista” en Caracas se acordó dar un Golpe de Estado en Chile para poner inmediato fin al neoliberalismo y sustituirlo por un régimen totalitario socialista. Al fracasar en su violenta intentona, la izquierda chilena planificó hacerlo mediante una asamblea constituyente, léase Convención Constitucional.

El acceso al poder del PC y del Frente Amplio hicieron confiar a la cúpula venezolana -ya convertida a esas alturas en un NarcoEstado- que, en cuestión de meses, nuestro país se uniría revolucionariamente al camino hacia una Latinoamérica toda roja. Pero en un histórico 4 de septiembre de 2022, ¡8 millones de chilenos no lo permitieron!

Se consumaría, entonces, la peor de las venganzas contra el prometedor, pero incumplidor presidente Boric por su incapacidad de imponer la revolución marxista: lo abarrotaron de temibles delincuentes de esa nacionalidad hasta ahogarlo con el narcotráfico, impidiéndole, a la vez, la repatriación de ellos.

Asombrado, Boric se preguntó por qué Venezuela sí acepta que Estados Unidos deporte a venezolanos y no tolera que lo haga Chile. Ignora -como tantas otras cosas- que los repatriados por Washington no son hampones y que entre ambas naciones existe un millonario comercio de petróleo.

La dictadura de Maduro se dio el lujo de mandar asesinar en suelo chileno a uno de sus supuestos “conspiradores”, el refugiado político Ronald Ojeda. Éste llegó a Chile en 2018, tras escapar de la cárcel Ramo Verde, exclusiva para opositores, y a la que se le negó el acceso a Bachelet cuando era Alta Comisionada de la ONU.

En un signo de conmovedora candidez, Carolina Tohá anunció que La Moneda recurrirá a un cincuentenario Tratado con Venezuela para que ésta extradite a los asesinos de Ojeda.

Tal convenio bilateral –hoy desechado por Maduro- data de 1972, y fue propiciado por Salvador Allende para asegurarse del retorno forzado de compatriotas que se refugiaron allá, huyendo de su vía al socialismo.

Para más burla al Gobierno de Boric, la fiscalía general de Venezuela aclaró que Chile no sólo solicitó información de los asesinos de Odeja, sino, también, antecedentes del asesinado, a quien, en diciembre de 2023, Interior le otorgó asilo. ¿No se indagó a fondo, entonces, quién era el solicitante de un refugio oficial?

Como parte del castigo político a Boric, éste fue borrado de la lista de aliados del socialismo internacional. El extremismo latinoamericano, hoy, lo manejan y conducen Venezuela, Cuba, México y Colombia, y nadie más.

Durante los últimos 27 años, las exportaciones de Chile hacia Venezuela han presentado un deterioro a un ritmo anual de 5%, , reduciéndose casi exclusivamente al rubro silvoagropecuario. Si Chile importa petróleo refinado casi exclusivamente desde Estados Unidos, Japón, Perú, Corea del Sur y Brasil, ¿qué trascendencia tiene Venezuela para la economía local? ¡Ninguna!

El vínculo de Chile con otra dictadura marxista, la China, se explica porque, además de comprarle a nuestro país US$ 1.400 millones trimestrales, no le envía criminales.

Así, sin ser un socio comercial y con relaciones diplomáticas inexistentes, no vale la pena continuar los lazos y menos aún, tratándose de un país que, adrede, invadió al nuestro con lo peor de su oprimida población.

Carente de una mínima moral tan característica del marxismo, el canciller venezolano Yvan Gil, negó la existencia del Tren de Aragua, banda internacional patrocinada por la dictadura de Maduro, que asoló nuestro extremo norte, que se halla en pleno procesamiento judicial y que ajustició en territorio nacional a uno de sus compatriotas.

Intencionalmente, la dictadura chavista ha vaciado sus cárceles, y ello no sólo con la finalidad de rebajar costos fiscales, sino, también, para fortificar la estrategia comunista de destruir las sociedades y economías democráticas, ello con el objetivo de pavimentar la instalación del totalitarismo estatista.

La PDI calcula en 180 mil los venezolanos que hoy viven ilegalmente en Chile, de los cuales estima que un 50% se dedica a la delincuencia.

En el país habitan y laboran cientos de miles de venezolanos honestos y decentes que huyeron, y muy a tiempo, de las garras del marxismo. Ellos no interpretaron mal la letra de nuestro himno nacional como lo hace, y lo induce, el Gobierno de Boric en cuanto a que Chile es “el abrigo hacia la invasión”, y sí se ciñeron a la original y ancestralmente patriótica del “asilo contra la opresión”.

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