Por Raúl Pizarro Rivera

Si se entiende como estereotipo la imagen que las personas tienen acerca de otro o grupos, queda categóricamente en claro que este Gobierno fallido de Gabriel Boric es el estereotipo de la protección, y hasta de la solidaridad, hacia el peor obrar del ser humano.

Varias veces hemos explicado que toda revolución, frustrada pero no olvidada como la del 18/O, tiene por finalidad la aniquilación de un país, tarea que simplifica, luego, la instalación del totalitarismo estatista, y del cual no hay escapatoria.

El ‘comandante’ Hugo Chávez advertía a sus servidores que “al pueblo hay que darle lo mínimo, porque si le permitimos progresar, se irá contra nosotros”. Un concepto entrelazado con ése es el del progresista Papa Jorge Bergoglio, quien, apenas asumido su pontificado, aseveró que “los que dicen estar a favor del pueblo, nunca han estado a su lado”.

Ambos juicios grafican por qué el extremista y cupular pacto Apruebo/Dignidad se vio forzado, ante las denuncias ciudadanas, a visar reducidas intervenciones policiales en concentraciones humanas ilegales dominadas por el hampa y el crimen organizado. La obligatoriedad es la ‘cualidad de obligatorio’ que tienen algunas cosas, en tanto la obligación es “aquello que alguien está obligado a cumplir”, que es, precisamente, la misión ineludible de todo Gobierno de garantizar la seguridad de la población.

El Gobierno de Boric simplemente se desliga de su obligación constitucional de garantizar la paz social, ni acoge la obligatoriedad de respetar las normas legales.

Para minimizar y eludir su propia culpabilidad, el Presidente, al referirse a la seguridad pública, la define como un “problema de Estado”, siendo que preservarla es única y exclusivamente tarea del Ejecutivo, pues de éste dependen las instituciones encargadas de tal misión.

Visto así, sólo el Gobierno tiene la obligación de mantener el orden público y erradicar los campamentos ilegales, producto de tomas igualmente ilícitas, y es una obligatoriedad para quienes los habitan tener visas de residencia para poder permanecer de modo regular en el país. Con esta administración no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro.

El 3 de marzo de 2023 -hace más de un año-, la Justicia ordenó a la PDI investigar en terreno el campamento Nuevo Amanecer de Los Cerrillos, una mega toma fomentada por la inmigración ilegal de haitianos promovida en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, y ello a cambio de una contribución de la ONU de US$ 3 millones, de cuyo destino jamás se supo.

El “dejar hacer” del Gobierno propició la instalación allí de una banda internacional, adicta a la magia negra y devota del crimen y del comercio de drogas. La ciudadela clandestina de 14 mil habitantes creció y se desarrolló hasta tener un cementerio propio, destino final de víctimas del gansterismo.

Los vecinos –reales y honestos vecinos- de Los Cerrillos, por años llevan clamando por la erradicación de tan macabra ciudadela ilegal. No fue el Gobierno, sino un hecho macabro el que originó que, por fin, interviniese la policía: el hallazgo de cuerpos ultimados y torturados. ¿Quién y por qué paralizó cualquiera acción que permitiese allanar tan temible campamento?

Lo mismo ocurrió con la mega toma Vicente Reyes de Maipú, también refugio de ilegales, donde apareció el cuerpo del secuestrado y ahorcado refugiado político venezolano Ronald Ojeda. Sus raptores -uno de ellos, ex funcionario de la dictadura de Maduro- fueron grabados saliendo del país por el extremo norte. Obviamente, no hay señales del convenio de intercambio de “información criminal” al que viajó a firmar a Caracas el subsecretario del Interior, Manuel Zacarías Monsalve. Sólo en este año han aparecido en dicho lugar diez cadáveres atados de manos y pies y con signos de torturas. Nunca la autoridad central -La Moneda- asumió una sola acción inspectiva en terreno, hasta que el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, le solicitó a la ministra del Interior que enviase militares para combatir el terrorismo al interior de la gigantesca toma.

32 de las 52 comunas de la Región Metropolitana tienen, al menos, un campamento ilegal, pero ello es constitutivo de complicidad por parte del Gobierno, pues tal realidad obedece a la estrategia ideológica totalitaria de reventar al país para facilitar, en medio de dicha destrucción, una cancerosa dictadura totalitaria. Así lo afirmó el propio Boric, siendo activista universitario, al decir que “el lumpen nos ayuda porque no tiene nada que perder”. Sin embargo, quien no está en esta postura tan distendida y antojadiza es la población, ya agotada y agobiada por una total falta de protección y de seguridad. Ha sido la presión de las vecindades las que han presionado, algunas con sus alcaldes –los pocos que no están presos- para que La Moneda autorice, al menos, introducirse en los dominios controlados por los narcoterroristas, pero sin tocar a los ilegales que hacen nata en ellos. La idea gubernamental sigue siendo no afectar a los inmigrantes que pululan en esos asentamientos para no erizar sus derechos humanos, defendidos incondicionalmente por el INDH y por la ONU.

Hace más de dos años, una mafia de irregulares se tomó toda una manzana en las calles norponientes del Barrio Yungay, en el cual luce, tranquila y bien resguardada, la residencia presidencial. Se le llamó la Ciudad de Dios y en su interior reinaban la prostitución, la venta de alcohol y drogas y se ideaban asaltos y asesinatos al por mayor, entre ellos un inocente joven norteamericano que pasaba por el lugar. Nadie que no perteneciese a dicha ciudad podía acceder a ella.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), armó todo un tinglado, casi bélico, para entrar y destruir la ciudadela, ello transmitido casi por cadena nacional. Pero... ¡se halló sólo a dos inmigrantes ilegales! El resto, vacío. Fue un mal intencionado y grotesco show, urgido por su baja en las encuestas en un año de trascendental elección municipal. A los criminales habitantes de dicha manzana se les alertó del allanamiento. ¿Quién o quiénes lo hicieron? Es fácil deducirlo.

Todas estas oportunistas expresiones acerca de una “preocupación” por parte de las autoridades no son más que efectos electoralistas para aplacar la ira ciudadana por su abandono en cuanto a seguridad. En un tradicional barrio residencial de Ñuñoa apareció, en un bolso, el cadáver de una mujer asesinada ¡hace seis meses!

Desde su arribo al poder, el extremismo oficialista ha estimulado, obsecuente con la imperturbable presión del PC, el no expulsar a ningún inmigrante desde estos campamentos ilegales. Coincidente con las afirmaciones de Chávez y de Bergoglio, tampoco han entregado más de cinco viviendas sociales a los damnificados por los incendios forestales en Ñuble y Bío Bío en ¡febrero del 2023!, y el MINVIU anunció no tener recursos para darle techo a los centenares de quienes lo perdieron todo en el mega incendio de Viña y Quilpué hace sólo dos meses.

Como lo ha sido desde el primer día, este Gobierno no cumple con una de sus obligaciones constitucionales, y no porque no puede, sino simplemente porque no quiere.

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