Por Raúl Pizarro Rivera

Cada uno, de acuerdo con sus creencias, capacidades y percepciones, es soberano de interpretar a su manera la realidad, que no es más que la veracidad de los hechos. Por lo mismo, resulta una candidez, y hasta mala fe, el que algunos políticos y otros tantos periodistas, califiquen de un giro “hacia la templanza” la histriónica postura que el presidente Gabriel Boric ha asumido

Utilizando un tono menos soberbio, quiere hacer creer a los chilenos que, ahora, sí está combatiendo al crimen organizado y expulsando a las bandas mafiosas desde sus refugios clandestinos. Para fortificar tal falacia, él y su ministra del Interior se empeñan en dar cifras discutibles y rebatibles para demostrar que “Chile está mejor que hace dos años”. La más sublime de las evidencias de que ello no es así, es el contraste entre el respaldo a su asunción y el rechazo actual. El 11 de marzo de 2022 llegaron frente a La Moneda 100 mil personas, mientras el 2023 lo hicieron apenas cien y la conmemoración de este 2024, el Presidente la hizo en la soledad de un vagón del ferrocarril estatal.

Boric no está modificando su sensibilidad hacia la ciudadanía, sino sólo la engatusa, pues se halla muy consciente de su precarísima adhesión popular: un 65% lo considera “malo” o “muy malo”.

Lo que hace es, simplemente, una farsa, y prueba de ello es el uso y abuso del mundo militar. Aseguró que “no he descartado su participación pública”, tal como lo pide la ciudadanía e incluso algunos alcaldes gobiernistas, como el de Maipú, Tomás Vodanovic, ello para combatir a criminales y mafias foráneas.

Lo dijo consciente de la respuesta que recibió personalmente de Javier Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, en cuanto a que “la institución no está para cuidar calles”. Para embolinar la perdiz -como se dice en nuestros campos-, él y su ministra del Interior aseguran que “se está evaluando” la presencia militar para proteger infraestructuras críticas, materia de ley que se halla en el Congreso, pero sin urgencia...

Nadie ha reparado en que antes de que ello eventualmente ocurra, es determinante la entrada en vigor de la norma sobre el uso de la fuerza, y acerca de este sensible punto, las cartas están echadas: sólo se puede ejercer contención o disuasión contra adultos chilenos y heterosexuales. Sobre nadie más.

En definitiva, lo de Boric es una simple maniobra destinada a desconcertar a la gente en un año ciento por ciento electoral y sabedor de que se ha corrido hacia la oposición la aguja de los votantes.

En su libro La Conjura de las Cortes, Matilde Asens, periodista y escritora española, escribió que “cada cual mira los acontecimientos desde su esquina, con el rostro hacia la pared para no ver lo que no quiere”.

Aprovechando la firma de la ley sobre seguridad privada, Boric la puso como ejemplo de “unidad de todos los sectores, que es eso lo que la ciudadanía nos exige”; pero, agregó algo muy decidor: “al menos hagámoslo para enriquecer la política”. Resulta que este ámbito, por años, ha sido el peor evaluado entre las instituciones públicas por parte de la gente.

Sobre esa ley de seguridad privada, la ministra Carolina Tohá, sarcásticamente puso énfasis en que “por cada carabinero hay cuatro guardias particulares” sin referirse a las razones de tal expansión: ¡el descontrolado aumento de la delincuencia! Con sus propios recursos, los privados –en especial los ámbitos del retail y el financiero- se auto resguardan ante el incremento de robos y asaltos.

Siempre distante de la veracidad, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aseguró que con esta norma “se relevará de una responsabilidad a Carabineros", siendo que, por la prohibición de portar armas, los guardias privados siempre tienen, y tendrán, que recurrir a la policía en los muy frecuentes episodios de saqueos.

Este oportunismo político quedó groseramente al descubierto, tras la aparición del cadáver de un refugiado venezolano en uno de los tantos campamentos ilegales repartidos en el país y, muy especialmente, en la Región Metropolitana. El más nuevo de ellos data de hace cuatro años y durante todo ese lapso, los vecinos de las comunidades afectadas han suplicado estérilmente por su demolición.

El campamento ilegal Nuevo Amanecer, en Los Cerrillos -- donde fue hallado el cadáver del exmilitar venezolano Ronald Ojeda--, lo ‘fundaron’ inmigrantes, también ilegales, llegados desmadradamente desde Haití gracias a una gentileza de la entonces presidente Michelle Bachelet. Hoy es la toma más grande del país, con 15 mil ocupantes. “No todos quienes viven allí son delincuentes” advirtió la delegada Presidencial metropolitana, Constanza Martínez, como si las tomas de terrenos ajenos fuesen actos lícitos.

Para dar la sensación de “combate a la delincuencia”, en ese campamento y en el Vicente Reyes de Maipú, se demolieron construcciones manejadas por las mafias con múltiples fines, menos el de vivienda. Con inusitada periodicidad, en ambos lugares aparecen cadáveres y restos humanos con signos de torturas.

Esta electoralista ficción de que “la autoridad está preocupada” por las tomas no es más que eso, una engañosa reacción a las angustiantes presiones de los vecinos, quienes claman por una vida en paz.

Ya en su campaña presidencial,Boric prometió que “no combatiré la violencia con más violencia” y que no expulsaría a nadie de terrenos ilegalmente ocupados hasta que no tuviese una vivienda propia y definitiva. Pero “los años mejores” ofrecidos no serán posible, ya que el MINVIU reconoció carecer de presupuesto, incluso, para la reposición de las casas devastadas en Viña y Quilpué por un intencional mega incendio.

“Nunca un Gobierno había promovido tantas leyes sobre seguridad ciudadana como éste” dijo, casi orgulloso, el presidente, omitiendo hechos fundamentales que lo contradicen. Fue La Moneda la que frenó el trámite de la norma sobre uso de la fuerza en agosto de 2023. El PC lo ha dicho y repetido en innumerables oportunidades: “no habrá militares en las calles y no habrá desalojo de las tomas”. Todo lo que el presidente y sus ministros digan en sentido contrario es una falacia destinada a confundir a la ciudadanía, previo a votaciones trascendentales.

El primero en embestir en contra del narcotráfico fue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien echó abajo varias casas sedes de las mafias narcotraficantes, pero rápidamente el Gobierno le quitó el apoyo logístico de Carabineros para tales acciones. Después de ello, varios jefes comunales afines al régimen demolieron o recuperaron “casas narco”... con ayuda de la policía.

La desatención por la seguridad de la comunidad pareció llegar a su climax cuando La Moneda, por sugerencia del INDH, ‘cortó’ al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien el 7 de mayo será formalizado por “excesivo uso de la fuerza” contra “luchadores sociales” el 18/O, y, sin embargo, se le resucitó para que concurriese a un acto políticamente ideológico, como fue el realizado en recuerdo de José Tohá, ministro de Salvador Allende. Se contravino, así, la raíz misma de la institución que ordena una total neutralidad durante el ejercicio formal de funciones.

Pero ello no sería todo, porque faltaba el ‘numerito’ con el (ex) director general de la PDI, Sergio Muñoz. El Ministerio Público ordenó los allanamientos de su casa y oficina por haber dateado secretamente a Luis Hermosilla, imputado por lavado de dinero y soborno a funcionarios del SII. El Gobierno aplazó una decisión “hasta que no sea formalizado”, pero dos horas más tarde, y luego de que el CDE se querellase en su contra, lo obligó a renunciar.

Es revelador -y preocupante- el hecho de que La Moneda no haya procedido en el acto luego de la decisión de la fiscalía nacional, y ello porque ésta se encuentra en manos de Ángel Valencia, claramente no afín a la ideología gobernante.

La delictual inmigración ilegal, a la cual el Gobierno la excluyó del uso de la fuerza por parte de la policía, es obra total y exclusiva del marxismo local. Le abrió las puertas de par en par Bachelet y la izquierda en su conjunto se encargó de desbordarla, cuando, siendo mayoría en el Congreso, obstaculizó el control en las fronteras y, vía Recursos de Protección, impidió las deportaciones de los filtrados a la mala.

Para mayor gravedad, la entonces oposición en el Parlamento se encargó de modificar la Ley de Inmigración, imponiendo que “no se puede impedir el ingreso a adultos que sean acompañados de menores”. Los pasos limítrofes del extremo norte, legales o ilegales se repletaron de niños, y hoy en las escuelas básicas no hay cupos ni matrículas para 3 mil escolares, en su mayoría ¡chilenos!

Todo ciudadano bien nacido y querendón de sus libertades individuales, tiene que afinar su audición y no dar crédito a quienes discursean falsedades desde La Moneda. Rehusarse adrede a no ver la realidad es una cuestión ideológica, y ello lo revela la existencia de un 11% de compatriotas que le ponen una nota 7 a la gestión del Gobierno. Fue parte de ese porcentaje de “luchadores sociales” el citado de urgencia a darle un respaldo “espontáneo” al Presidente... ¡un sábado por la tarde en La Moneda! Frente a ellos, Boric alabó el “estallido social” y les prometió un “nuevo Chile”...

¿Cuál es, entonces, su giro político? Ante este increíble escenario, resulta peligrosísimo que subsistan quienes se dejen atraer por la malévola inducción a creer que el Gobierno está haciendo algo por su seguridad. Eso es falso, de falsedad absoluta, y hay que hacérselo ver a los ingenuos, a los bobos y a quienes, como siempre, nunca han entendido nada de nada.

SI TE GUSTÓ, COMPÁRTELO

.