Por Raúl Pizarro Rivera

Catherine Carolina Barriga Guerra es el estereotipo que encarna y explica la creciente e incontrolable crisis de los alcaldes, hoy con una veintena de ellos investigados por corrupción, con un puñado en la cárcel, con la educación municipalizada hecha trizas y que, ahora, masivamente, se han instalado en el primer plano, preparándose para la elección de jefes comunales en la próxima primavera.

Tremendamente fuera de lugar y al margen de todo criterio, resultó la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, un popularísimo rostro farandulero de hace una década, quien sólo gracias a esa pasajera notoriedad llegó a dicho cargo, transformándolo en un festival de gastos que llegaron a $ 31 mil millones.

En estos días tan ideológicamente polarizados, resultó demasiado evidente que transmitir su formalización poco menos que en cadena nacional fue una perversidad por tratarse de una ex militante UDI y nuera de Joaquín Lavín, un personaje emblemático para dicho partido en un pasado reciente. En cambio, al depredador sexual y desafectado edil de Renaico, Juan Carlos Reinao, discretamente se le abrió una puerta de servicio, y a medianoche, en la cárcel de esa ciudad por tratarse de un antiguo miembro y caudillo de la terrorista CAM.

Chile volverá a las urnas el domingo 7 de octubre, cuando la ciudadanía deba elegir a 345 alcaldes y a 2.252 concejales. La función de un alcalde, definida por ley y muy acotada, es la de “proponer al Concejo la organización interna de la municipalidad; velar por la probidad administrativa dentro del municipio; administrar los recursos financieros de la municipalidad y los bienes comunales de uso público de la comuna”.

El caótico escenario actual de la mayoría de las municipalidades queda reflejado, y muy gráficamente, en la formalización solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra de la ex alcaldesa de Maipú. La increíblemente mediática acción judicial deja en evidencia una de las grandes causas de las innumerables fallidas administraciones comunales en el país: el impulso de la comunidad de dejarse llevar por apariencias para direccionar sus votos.

La gente suele ver las caretas, pero no qué hay detrás de ellas. En ese mismo error, y antes de la elección, suelen caer los partidos, al momento de elegir a quienes los representarán.

Con el tres veces alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, la comunidad se encandiló por su condición de líder indígena, sin imaginar que se trataba de un depredador sexual; para los vecinos de Vitacura, Raúl Torrealba era un ejemplar ex seleccionado de rugby, conocido dirigente del fútbol y yerno de un renombrado empresario inmobiliario, pero cayó por haber montado una máquina de defraudación de fondos públicos; el creador de las farmacias populares, Daniel Jadue, se ganó el afecto de los recoletanos, pero hoy se le persigue judicialmente por cobrar sobreprecios a un abastecedor de luminarias callejeras, destinándolos a su partido, el PC, y su camarada Irací Hassler en Santiago, sin información pública previa, prestó declaración por tres horas por la denuncia de la Contraloría de acordar un pago extra de $ 5 mil millones por un edificio avaluado en $ 2 mil millones, sin revelar el destino de esa plata extra.

Cuando los maipucinos la eligieron, Barriga era modelo de superación personal, pasando de una niñez de grandes carencias a una popular bailarina, Miss Playas y Piscinas y chica reality.

Un edil de la zona Poniente de la capital –con claras intenciones de ser reelecto- montó toda una parafernalia para exhibir la conversión a sede de seguridad una casona que por 30 años fue ‘oficina’ de narcotraficantes. Curioso: ¿por qué recién ahora y no durante tres décadas sus antecesores o él mismo nada hicieron para expulsar a los mafiosos?

Ésta de la percepción errónea de la vecindad por candidatos no apropiados ni menos preparados, es causa del terremoto que remece a las municipalidades: el alcalde inepto se aprovecha de sacar ventajas personales, priorizando sus intereses por sobre los que les manda y obliga la ley.

Los apitutamientos, segregaciones, preferencias, creación de corporaciones brujas, favorecimientos políticos, tráfico de influencia, popularismos, nepotismo, negociaciones incompatibles y compras municipales con yapas, son el pan de cada día en las administraciones comunales.

Muchas de las municipalidades tienen un infierno propio dada la diversidad ideológica de los Concejos y la Contraloría General de la República, a través de sus sedes regionales, no da abasto para cumplir su rol fiscalizador.

Este organismo reveló un lapidario informe sobre cómo se han utilizado en los entes municipales los recursos de la subvención escolar, cuya finalidad inicial era “mejorar la calidad de la enseñanza de los niños con menos recursos”.

Lo normal es que los niños vayan aprendiendo a leer entre los 6 y 7 años, cuando normalmente ya llevan unos tres o cuatro años de colegio. Sin embargo, según una investigación especializada, el desempeño del alumnado en tareas de comprensión lectora se empobrece a partir de 4° básico, lo que significa que la comprensión de un texto de los estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° es inferior a la de los niños de 2° básico.

En ese informe, que la Contraloría indagó en 77 municipios y 28 corporaciones, se detectaron más de $25 mil millones faltantes en las cuentas corrientes correspondientes a la Educación, ello además de un elevado número de recursos gastados en materias que la ley no autoriza. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó querellas contra el 40% de las municipalidades del país y 32 alcaldes han sido formalizados.

Con este mapa de la trampa a la vista, no puede perderse un solo minuto en transmitirle a la ciudadanía que no vuelva a caer en la tentación de votar por una cabeza hueca, por un deshonesto, por un degenerado o por un dadivoso narcotraficante. Es imprescindible que la gente aprenda a descubrir quién está detrás de una careta.

Popularidades vecinales, simpatías pasajeras o ser un ‘rostro’ digno de atracción, no son avales de probidad y de dedicación a la comunidad, que, como nunca, hoy requiere de personas decentes y trabajadoras que se aboquen a protegerla y cuidarla, ya que el Gobierno se ha desentendido definitivamente de este rol a que lo obliga la Constitución.

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