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Un breve pasaje del antiguo cuento infantil Los Malos Vecinos, consigna un episodio que refleja en cuerpo y alma al ideologizado, arbitrario y mal intencionado Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Apremiado por una diligencia urgente, a un vecino se le cae un papel enfrente de la puerta de la casa de un vecino, y éste, al asumir que fue un acto adrede para ensuciarle su vereda, le vació al otro, ante su vivienda, toda una papelera repleta de desechos.

Así es, y así procede, el INDH, una entidad estrictamente ideológica, financiada por el dinero de todos quienes pagan impuestos, pero con autonomía para actuar con demencial parcialidad contra quienes asume como “enemigos políticos”.

Dos ejemplos, muy frescos, retratan este siniestro ejercicio: antes de los indultos presidenciales de fin del año pasado, el INDH envió una lista a La Moneda con las identidades de más de un centenar de ‘víctimas’ que debían recibir pensiones vitalicias por su “valerosa y patriótica” acción en la revuelta de octubre, y la ministra del Interior, presionada por diputados del Frente Amplio y del PC, consultó a este organismo para decidir respecto a “intervenir” la ley recientemente promulgada Naim/Retamal, con la finalidad de “acotar o disminuir” las facultades de Carabineros en el uso de sus armas para combatir a la delincuencia.

La actual directora nacional es Consuelo Contreras, electa por “organizaciones civiles” (?), quien reemplazó a Sergio Micco (DC), electo por los decanos universitarios, pero fue obligado a salir del cargo por los consejeros extremistas.

Ideada su creación en el Informe Rettig (1991), para que el INDH se transformase en realidad fue algo muy breve. Dado el origen de su existencia, su único objetivo era evitar que volvieran a repetirse episodios de vulneraciones a los derechos más elementales de las personas, la misma causal por la cual germinó la ONU tras las atrocidades nazis en contra del pueblo judío. Su origen nunca fue --como realmente ocurre--, amparar y beneficiar sólo a delincuentes de izquierda.

Así como todo lo que se hace con buenas intenciones está plagado de malas intenciones, poco tardó para que el INDH se convirtiera en un brazo del Partido Comunista, pese, trágico cómicamente, a ser financiado por todos los chilenos.

Su existencia ha sido impugnada hasta por entidades académicas en virtud de que las áreas que se auto atribuye “para proteger a la ciudadanía” son responsabilidad, e insertas en la Constitución, de ministerios sectoriales y de otros organismos específicos dependientes del Estado.

El Instituto interactúa con el Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU. Para las “protestas sociales” aúnan inspectores con cámaras para grabar y posteriormente denunciar “los atroces atentados” contra “inocentes víctimas”, cuidándose de no filmar el vandalismo y las agresiones a policías. Fueron del INDH e internacionales los veedores que, en medio de la revuelta de octubre, denunciaron heridas inexistentes en sus piernas, comprobada su falsedad por las imágenes de la TV pública. La ONU azuza a la izquierda chilena, pero tiembla ante sus camaradas de China, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sólo por mencionar a algunos botones de muestra.

La ideologización del INDH está inserta en sus propias definiciones estatutarias (públicas) que, de buenas a primeras, parecen formales e inocentes, pero al repararse en las descripciones de sus contenidos y en el sello de sus consejeros, queda en evidencia una descarada parcialidad.

Según el organismo, se trata de “una corporación autónoma de derecho público destinada a promover y proteger los derechos humanos de todos las personas que habitan en Chile”. Ésa es su primera falacia: hoy, para un 85% de los compatriotas su primera necesidad es la seguridad, lo que el INDH se las niega al resguardar a los autores de la violencia.

Aclara su definición que “a diferencia de otras instituciones públicas”, el INDH no está bajo la autoridad de ningún Poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), o sea, se manda solo con recursos de todos los contribuyentes y tiene fuero para incurrir en todo tipo de discriminaciones. Es dirigido por un Consejo integrado por 11 personas “de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos”, toda una descomunal vaguedad, reflejada, como ejemplo, por una de sus dirigentes: una reconocida activista trans.

Sus consejeros son electos por seis años y eligen un/a director/a, quien tiene dedicación exclusiva a cambio de $ 4.800.000 al mes. Casi al borde de la comicidad, el INDH advierte que “a fin de garantizar el pluralismo y la diversidad”, entre sus integrantes hay dos designados/as por el/la Presidente/a de la República; dos por el Senado; dos por la Cámara de Diputados; uno por los/as decanos/as de las Facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores y -¡qué ejemplo de ecuanimidad!- cuatro escogidos por “instituciones de defensa y promoción (?) de los derechos humanos inscritas en el registro llevado por el Instituto”…

Entre éstas se hallan grupos de familiares de los vándalos de la revuelta en prisión preventiva, la tristemente célebre Lista del Pueblo, caudillos extremistas

aborígenes, colectivos y movimientos variopintos de ultra izquierda y de comunidades terroristas que se tomaron la fallecida Convención constitucional.

A esta nube de “representantes del pueblo”, el INDH suma un Consejo Consultivo Nacional, “órgano que presta asesoría en todas aquellas cuestiones de su competencia que requieran, para su adecuada resolución, del pronunciamiento de la sociedad civil”... En él –dice textual- “están representados los organismos sociales (?) que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”… Cualquier trozo de la peor tela cabe en este gigantesco y sombrío cajón de sastre.

Al otro lado del INDH, la realidad es otra, con cuentas claras, con rostros visibles e instituciones creíbles y de intereses pro comunitarios. Un 79% de los chilenos respalda a Carabineros para que ejecute las facultades que la ley y la Constitución les confiere para extinguir, de una vez, la criminalidad y el terrorismo que tienen angustiada a la población. Pero no por simple casualidad, el Presidente, algunas de sus ministras, gran parte de sus parlamentarios, y el pacto comunista/frenteamplista, se oponen a que se haga efectivo, ya mismo, el sentir urgente de la población.

Es una burla nacional que un organismo financiado con los impuestos de todos, dé espacios y lugar para que subversivos y delincuentes reciban muchas más cuotas de “derechos humanos” que los de toda una población que vive atemorizada.

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