Junio 3, 2020
VOXPRESS
Blog de Raúl Pizarro Rivera
Buena parte de la historia de la humanidad está salpicada de fatales acontecimientos originados por una mentira. Muertes atroces en campos de batalla y estampidas causadas por un peligro inexistente, constan como testimonios de lo que puede llegar a causar una fríamente pensada, pero maldadosa, falsedad.
En honor a una ineludible justicia, hay pueblos que en su evolución se han destacado por ceñirse a decir la verdad por dura que sea, y, lamentable es decirlo, esta no es la característica de los chilenos. En este país se miente, y mucho, y se apela a la no verdad incluso en situaciones menores, quizás insignificantes.
Con motivo del Estado de Excepción por el virus, la TV ha sido un generoso difusor de mentiras, las más burdas, de parte de quienes burlan las cuarentenas o el toque de queda. “Se cayó el sitio donde obtener el permiso”, “no hubo caso que me grabara en mi móvil”, “voy aquí cerquita y vuelvo”, “salí a fumar, no más” y otras excusas tan infantiles similares, son el pan de cada día de los infractores de las restricciones sanitarias. Recientemente, el gran descubrimiento fue que en el teléfono portátil, su portador graba la citación a una hora médica, pero dicho permiso lo ocupa en cualquiera otra actividad prohibida.
Si bien la mentira proveniente de la población genera rechazo (“llegué tarde, porque no pasaba nunca el bus”), cuando esta sale de la boca de autoridades y políticos, genera indignación. A mayores responsabilidades, más graves son las consecuencias de difundir lo que no es real.
De acuerdo a las definiciones oficiales, una mentira “es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo, o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total”.
Mentir implica “falsear intencionalmente y conscientemente”, y eso es un delito para la jurisdicción penal, siempre y cuando ésta concurra. Por ello, salió indemne el diputado Giorgio Jackson (FA), al contarle a la ciudadanía que “donaba” la mitad de su dieta parlamentaria, siendo que lo “invertía” para que le generara rentabilidad. El extinto Presidente socialista Salvador Allende, adrede, engañó al país, al firmar –mucho más gravoso que decirlo- su respeto al Estatuto de Garantías Constitucionales: el no hacerlo lo llevó a su violenta destitución.
Por muy poderoso que haya sido su motivo de índole familiar, la ex Presidenta socialista Michelle Bachelet engañó infantilmente a la población, al confesarle que se había informado "por la prensa” del negociado inmobiliario gestado por su nuera Natalia Compagnon. Fue ésta misma quien, después, reveló que personalmente le mostró a su suegra la revista con la denuncia de la escandalosa movida especulativa.
La hoy Alta Comisionada de la ONU es buena alumna del estilo de Allende de falsear la realidad, ya que tiene a su haber un engaño poco frecuente en el país: atribuirse un título que no posee. Exhibe un certificado, de dudosa procedencia, que la acredita como médico cirujano, estatus que ella, personalmente, desmintió. En una entrevista que le dio a un canal de TV alemán en La Moneda en su primer período, dijo textualmente (está a la mano la prueba visual y sonora) lo siguiente: “entré a estudiar Medicina cuando era gratis y ahí había un grupo de estudiantes que eran el grupo de lucha de la universidad, y terminé uniéndome a ellos formando el FPMR. Me gustaba mucho. Fue por eso que no terminé Enfermería ni tampoco Medicina. Hoy día no soy médico, pero, también, por mi paso por la Universidad de Chile y por la universidad en Alemania, soy una convencida de que me entregaron elementos y herramientas y una forma de acercarme a las cosas que me permiten hacer bien mi tarea”…(?)
Pero tiene más: la noche del 27/F, desoyendo los consejos de que no se apresurara, desde la ONEMI le informó a la ciudadanía “oficialmente” que no existía posibilidad de tsunami en el territorio: las trágicas consecuencias de su anuncio quedaron registradas para siempre en la historia. En la mañana del 11 de marzo de 2018, a sólo minutos de entregar el mando en el Congreso Pleno, le ordenó a su titular de Justicia, Jaime Campos, firmar un decreto para cerrar Punta Peuco: tuvo todo su período para hacerlo, pero a sugerencia de su confidente a cargo del INDH, Lorena Fries, la idea fue dejarle un fierro caliente a su sucesor. Ella desmiente este episodio, pero su ex ministro lo relató con los máximos detalles.
Miente la Alta Comisionada, al afirmar que defiende los derechos humanos de los inmigrantes, cuando no ha abierto la boca en auxilio de más de mil de ellos, que han vivido miserablemente en las calles de Providencia, suplicando ante sus consulados por ser repatriados. Son los mismos que ella dejó entrar descontroladamente al país, sin siquiera revisar sus antecedentes.
Producto de su creciente pérdida de credibilidad y confiabilidad por parte de la ciudadanía, parecer ser que la izquierda se ha ido encantando con las mentiras, expresadas públicamente sin el menor pudor ni el menor rubor. El presidente del PS, Álvaro Elizalde, un antiguo “servidor público”, se refirió así al eventual Pacto Social a que convocó La Moneda: “dada la necesidad de evitar que siga muriéndose la gente, no importa quién salga vencedor o perdedor”…Sólo días antes de ventilar dicha mentira, había anunciado que “el PS no se prestará para ningún tipo de Acuerdo con el Gobierno”, postura única de su colectividad desde el 11 de marzo de 2018.
Nada puede extrañar en este personajillo, que confesó que sus dos hijas en puestos claves de la administración pública llegaron allí por concurso público, siendo que ninguna desempeñó –durante el Gobierno de Bachelet- funciones acordes a sus estudios. Fue quien negó tener vínculos con los caudillos del narcotráfico de San Ramón, pero los militantes pandilleros de dicha comuna votaron para que él fuera reelecto como titular de la colectividad.
Una de las mentiras más insólitas de todas cuantas se conocen de políticos de izquierda corrió por cuenta del senador Alejandro Navarro (PAIS), uno de los encarnizados defensores porque el límite al período parlamentario no sea retroactivo. Años atrás intentó cobrar seguro por “accidente laboral” un volcamiento en moto de nieve que sufrió durante un paseo en las Termas de Chillán.
En una conducta impropia de quien, supuestamente, se tituló de médico, el senador PPD Guido Girardi, de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, expresó que “el Gobierno se equivoca, al creer que el problema originado por el virus está al interior de los hospitales”…Ni él ni sus Gobiernos se preocuparon de mejorar el precario estado de la sanidad pública. Su opinión es tan falsa como la de su colega DC Carolina Goic deseando que “al Gobierno le vaya bien” o la de, en su momento, ministra de Justicia y responsable del SENAME, quien declaró que “los niños son el futuro de Chile”, mientras los que estaban a su cargo morían o eran ultrajados. Claramente se contagió con su amiga Michelle Bachelet, cuando aseguró que “en Chile no hay corrupción”, apenas días antes de pedirle que renunciara a su hijo político Rodrigo Peñailillo por falsear boletas de honorarios a SOQUIMICH.
Hasta uno de los grandes estadistas que ha tenido el país, Ricardo Lagos, pecó de engaño, al asegurar que “las instituciones funcionan”, cuando la población cada vez más toma conciencia de que varias, más que cojear, están distantes de su rol natural, como el Legislativo, la Justicia y una administración pública, poblada de operadores y apitutados políticos.
El presidente del PC, con una hipocresía que le hacen brillar los ojos, se refirió a los vanos esfuerzos por cohesionar a toda la izquierda opositora: la unidad es perfectamente posible, porque puede haber diferencias de visiones, pero en el fondo todos pensamos igual”, para después asegurar, tajantemente, que “no hay posibilidad alguna de entendimiento en la medida en que haya sectores de la oposición que continúen votando con la derecha”.
Por todo lo anterior, quisiéramos creer que se trata de una mentira lo que fue revelado en La Araucanía, en cuanto a que cada uno de los miembros de la familia Catrillanca recibe por parte del SENCE un monto que supera el millón de pesos por trabajos que nunca son supervisados.
La denuncia, hecha por un diputado RN, es de una gravedad sin límites, en momentos en que es dicha familia comunista una de las más combativas contra el Estado en la campaña terrorista de grupos de comuneros de extrema izquierda.
De ser ésta una falsedad, hace tiempo ya que la autoridad tendría que haber salido a explicarla, aunque, desde luego, ninguna aclaración la hará entendible.
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