Marzo 15, 2020
VOXPRESS.CL
Blog de Raúl Pizarro Rivera
Esta fecha hay que tenerla presente, al menos, hasta el 26 de abril. El lunes 9 de marzo fue el elegido por la oposición para espantar su gran pavor a que los extremistas le arruine el plebiscito constitucional y, con ello, le desarmen el entramado para sustituir el modelo institucional y, adueñarse para siempre, del poder.
Pareciera un trabalenguas, pero la izquierda tradicional, la expulsada del poder en diciembre de 2017, discurrió una fórmula para hacer los cambios estructurales y revolucionarios que no fue capaz de materializar la compañera Michelle Bachelet. Se aprovecharon del ardid del extremismo de dar un Golpe incruento el 18/O y forzar la renuncia del Presidente, para dejarlo como un rehén que continúa en La Moneda pero con su mando esterilizado.
Aprovechándose del shock en que lo dejó el Golpe, la oposición lo obligó a firmar un proyecto de nueva Constitución, en el cual el sistema neoliberal vigente, y en paz ciudadana, por décadas, será reemplazado a dedo por la izquierda por uno estatista totalitario.
La reunión del 9 de marzo, convocada por los presidentes del Senado –que termina su período- y de la Cámara, tuvo por finalidad sellar mediante un documento “el compromiso de toda la izquierda” de hacer los esfuerzos que a cada cual le corresponda para poner fin a la violencia callejera.
La ‘oposición conservadora’ –DC, PPD, y algunos del PS- tienen fundadas sospechas de que el extremismo, con sus acciones, perjudique el acto plebiscitario y, con ello, el sufragio universal voluntario para una eventual nueva constitución. Presentémoslo así: la izquierda chilena tiene perversos y subversivos y los primeros consideran fuera de control a los segundos. Estos últimos no aceptan los términos del Acuerdo de Paz –de rendición del Gobierno- firmado el 15 de noviembre, por considerar que ninguna fórmula para llegar a una nueva Constitución los satisface “por ser ideadas por la derecha y los conservadores de la izquierda”.
Los violentistas del diario vivir aspiran a una Constitución hecha por ellos mismos, con abstinencia total de políticos, estatista de punta a cabo, sin propiedad privada; con ‘recuperaciones’ de capitales no sólo foráneos; con una educación íntegramente gratuita, o sea, el fin de la enseñanza particular; con el término del mercado inmobiliario; con la salud enteramente gratuita y sólo en hospitales públicos y con una propiedad privada compartida, sin poder de decisión por parte del dueño. Ésta es apenas una reseña en la que no se incluyen las “exigencias irrenunciables” de las feministas, que en cualquier tipo de trabajo público o particular tendrá que haber, siempre, un 50% de mujeres.
Mientras el “resto de la izquierda” no les garantice que estas imposiciones quedarán garantizadas en la hoja en blanco de la nueva Constitución, la otra izquierda, la ultra, la patrocinadora de la violencia, no se sentará a una misma mesa a conversar sobre el fin del vandalismo.
Se marginaron de esta convocatoria por la paz, varios de los que firmaron en noviembre el engañoso Acuerdo por la Paz, como Revolución Democrática (Giorgio Jackson), Convergencia Social (Gabriel Boric) e incluso el Partido Radical. Tampoco concurrieron el Partido Liberal, Comunes, el Partido Comunista y, en términos generales, todo el Frente Amplio, haciéndose eco del llamado de Beatriz Sánchez de hacer oídos sordos a la convocatoria.
Recurriendo a su principal arma política, la hipocresía, tanto Guillermo Teillier (PC) como Gabriel Boric (CS), manifestaron que “nadie tiene que estar llamando a deponer la violencia, porque mantener el orden público es una responsabilidad exclusiva del Gobierno”. Ambos ratificaron, así, su intención de seguir sosteniendo la lucha callejera contra los desamparados y siempre faltos de apoyo gubernamental, los carabineros.
La responsabilidad absoluta de organizar actos electorales corresponde al SERVEL y será éste, presidido por un DC, el que, oportunamente y más temprano que tarde, garantice el resguardo y la tranquilidad del acto y la protección de los locales de votaciones a cargo exclusivo de militares. ¿Cómo reaccionarán éstos si los recintos son asaltados como ocurrió para la PSU?...
En éste, como en todos los procesos electorales, la parte que le corresponde al Ministerio del Interior es cautelar la normalidad ciudadana para el libre desplazamiento de los votantes. Hasta aquí, y desde el 18/O, el mayor temor y reclamo de la gente es que carece de seguridad para desplazarse por la vía pública, y nada parece hacer prever que, llegado el momento del plebiscito, la violencia actual vaya a desaparecer.
Al menos así lo dejaron en claro quienes se negaron a asistir y firmar un nuevo Acuerdo. No lo podían hacer por el riesgo de traicionar a quienes respaldan e impulsan en sus vandálicas acciones.
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