Magdalena Merbilháa,
historiadora y periodista.
Este miércoles se inició el juicio oral contra el excarabinero Sebastián Zamora, imputado por homicidio frustrado en el “caso Pío Nono”. Este es uno de los casos emblemáticos en los que se intentó manipular la causa para determinar su culpabilidad de modo acelerado, acción propia del mundo “octubrista”, hoy de capa caída. La fiscal del caso, Ximena Chong, quien siempre se mostró, abiertamente y sin tapujos, contraria a los uniformados, quiso aplazar esta instancia ya que tenía claro que la causa es al menos inconsistente y que el ánimo país ha cambiado. La fiscalía pide ocho años de presidio y ha desplegado a todos sus abogados pagados por el Estado (Fiscalía, Defensoría de la niñez , INDH y otros) contra el ex uniformado, quien financia de su bolsillo su abogado particular. Es el Estado que se va con todo contra un ex funcionario de éste imputado por cumplir su deber, un verdadero David y Goliat.
El caso Pío Nono es una real vergüenza, en el que la justicia deja evidencia de no ser tal. No se puede ser juez y parte y la fiscal Chong tiene “prontuario” anti uniformados, no es imparcial. En ella, la justicia deja de ser ciega, es más bien activista. Sus tweets y colecciones de arte privada la condenan, y ella misma reconoce públicamente esos hechos. Chong fue puesta por Javier Armendáriz una semana después del 18/O a cargo de las vulneraciones de los derechos fundamentales en caso de desórdenes públicos. Ambos fiscales son considerados desde la política como “activistas de izquierda” con reclamos formales de parte de partidos. Mientras los vientos del octubrismo y el canto de sirenas de los relatos establecidos para cambiar el modelo eran “la moda”, la persecución contra uniformados, “la yuta asesina”, fue brutal. En el nombre de la defensa de los derechos humanos los uniformados dotados desde el Estado fueron traicionados por el mismo Estado. Se cuestionó el uso legítimo de la fuerza y el monopolio de ésta, necesario en toda democracia. Con tal de acusar a los uniformados de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, se montaron varios “tongos”, que van desde inválidos caminando hasta el centro de torturas en Plaza Baquedano. Este “activismo anti uniformados” se coreaba en las calles desde la “Primera Línea”, delincuentes usados para revolver las aguas y lograr réditos políticos, básicamente hacerse del poder. Por eso, los indultos y las pensiones de gracia, había que pagar los favores concedidos. Pero tras lograr el poder y desatarse la delincuencia, el ánimo país para con los uniformados cambió. La prensa dejó de azuzar y alimentar al inconsciente violentista y a las masas no pensantes. La razón llevó a despertar y a comprender. Mártires de carabineros con su sangre obligaron moralmente a poner ciertas cosas en orden, a recuperar la cordura. Se pasó la Ley Nain Retamal y estamos hoy discutiendo las RUF. Pero hay casos que quedaron en el tintero y que hoy frente al juicio oral nos hace preguntarnos si la justicia puede ser injusta.
El caso Pío Nono es exactamente eso. Se ocultaron las pruebas desde la fiscalía y tras ofrecérsele juicio abreviado el ex cabo Zamora decidió ser David frente a Goliat y recuperar su honra, quiere ser declarado inocente y no cumplir con menos cárcel. El día 2 de octubre de 2020 un joven de 16 años cayó al Mapocho tras haber sido presuntamente empujado por el ex cabo Zamora. Los octubristas y sus voceros rápidamente lo consideraron culpable y rasgaron vestiduras, exigiendo la salida del general Rozas y la condena inmediata del asesino. “La víctima”, quien se quebró las muñecas y tuvo otras lesiones, al recuperarse ya estaba implicado nuevamente en vandalizar el memorial de Jaime Guzmán, por lo que el relato de “blanca paloma” quedó claro ser sin asidero. Luego de cuatro años, el menor de edad, ya no es menor y cuenta con pensión de gracia, mientras el cabo Zamora hoy, fuera de la institución de Carabineros, busca defender su honra. Las pruebas fueron ocultadas desde la fiscalía y los peritajes de la PDI en el llamado “informe gesto motor”, que determinaban que el uniformado no había empujado al joven, no fue incorporado de modo deliberado a la causa. Este informe acreditaba que la declaración inicial de la Fiscal era mentira. Zamora no levantó al joven ni lo lanzó al Mapocho como decía Chong. El ex cabo tuvo que apelar para que este informe se incluyese.
Zamora hace unos días llamó al Ministerio Público a perseguir a los delincuentes con el mismo ímpetu con que persigue a carabineros, haciendo alusión a la evidente imparcialidad de ciertos fiscales, incluida la que lleva su causa. Estas palabras hicieron reaccionar a la Ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que “los carabineros no son deliberantes y que no pueden darle instrucciones a la fiscalía”. Pero la ministra se olvida que Sebastián Zamora ya no es carabinero y, como cualquier chileno, puede opinar de modo abierto frente a lo que a todas luces es una injusticia desde quien se supone que imparte justicia. El imputado rechazó el juicio abreviado porque se sabe inocente y cual David hoy enfrenta a Goliat con todo el poder del Estado. Pero Sebastián Zamora no está solo, los chilenos de bien estamos con él, porque sabemos que si no hay justicia, la democracia falla. Es esta la base de las otras virtudes.
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