Freddy Blanc Sperberg

Extracto del Artículo de Carla Fernández Montero. Abogada, Experta en Derecho Penitenciario

“Parece increíble que, transcurridos 35 años desde el retorno a la democracia, levantar el secreto del Informe Valech, materializar y ampliar el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, cerrar el penal de Punta Peuco y trasladar a sus internos a cárceles comunes, o construir una cárcel de alta seguridad para cientos de nuevos condenados por causas de DD.HH., por señalar sólo algunos ejemplos, sean temas políticos de este año 2024”.

Refiriéndose la autora al proceso de transición entre el General Pinochet y Patricio Aylwin en 1989, manifiesta que, “Sin embargo, todo este proceso descansaba bajo una suposición implícita: que el DL 2.191-1978, de Amnistía, sancionado por el Gobierno Militar, sería respetado. Este acatamiento, no era algo baladí (basta ver la experiencia de la España post franquista). Acatar la amnistía, según el profesor de Harvard Samuel P. Huntington (1991) -un experto mundial en la dialéctica histórica de los poderes civiles y militares-, es un requisito fundamental para lograr la reconciliación sobre la cual se sustente la democracia nueva, dejando atrás las divisiones”.

Agrega que, “En efecto, no resulta aceptable que, por un lado, una jurisprudencia sesgada rechace -por considerarlo injusto- un derecho vigente y que favorece al reo, pero que, al mismo tiempo, acoja un derecho (internacional) igualmente injusto para agravar la responsabilidad de ese reo” “Utilizar esta normativa global aplicable a conflictos armados internacionales para calificar los hechos criollos como un delito de “lesa humanidad”, aun cuando ni siquiera contenga una descripción de los tipos penales que permita su aplicación directa ni una previsión específica sobre las penas, es un despropósito”.

Dice también: “Pese a todo su “capital moral y político”, Aylwin no fue capaz de concretar su anhelo de unidad. El asesinato de Jaime Guzmán una semana después de su discurso que rechazó el indulto presidencial a terroristas, dejó claro cuáles eran las intenciones de la extrema izquierda: impunidad para ellos, pero cárcel para los militares”. ese asesinato, hasta el día de hoy”.

¿Alguien recuerda eso? ¿Se le ha tomado el peso al significado político que hoy tiene que nuestro actual Presidente -siendo diputado- se haya tomado una foto con una polera con el rostro baleado del senador o que haya viajado a Francia a presentar sus respetos al “Comandante Ramiro”?

A nadie le interesa profundizar sobre esas conductas de quien hoy dirige el destino de nuestro país, simplemente, las banalizan. Sin embargo, estas acciones están cargadas de significado y de simbolismo, que implícitamente nos dice que la herida está abierta, y que la justicia transicional no ha terminado, es más, hoy vuelve a renacer bajo la forma del retribucionismo penal retroactivo.

Tampoco se puede hablar de justicia transicional cuando quien investiga funge además como juez, al amparo del secreto sumario y sin un tiempo que limite su investigación, pudiendo mantener por decenas de años a una persona sujeta a la disposición unilateral de un persecutor implacable. No sólo no hay debido proceso en ello, sino, además, un desprecio a la dignidad del perseguido.

Ni menos existe justicia transicional cuando se ordena encarcelar a personas ancianas moribundas, o a sujetos que, por edad y estado de salud, no están aptos para sobrellevar una privación de libertad en condiciones carcelarias infrahumanas de hacinamiento o de falta de atención médica. Y si ellos, tienen “la suerte” de ser hospitalizados, la muerte digna fuera de la cárcel aparece como un premio inmerecido por los querellantes, quienes no obstante haber recibido lo suyo del sistema de justicia, siguen insatisfechos, y como buitres exigen a los ministros de fuero que el enfermo provecto muera en la cárcel, ojalá pudriéndose.

Eso, señores, ¡no es derecho penal! Es la materialización de un “geriatricidio carcelario”.

Carla Fernández Montero.
Abogada, Derecho Penitenciario

Vamos con un análisis.

La larguísima historia, 34 años, de una acción antijurídica y, además, inmisericorde, discriminatoria, prevaricadora y criminal contra un determinado grupo de la sociedad que, acorde a los tiempos que se vivían, reaccionaron ante un ataque frontal de la izquierda radical contra la democracia de nuestro país, no parece tener visos de término.

Esporádicamente aparece algún parlamentario, un grupo político, una organización civil o algún civil solitario haciendo presente las atrocidades de que hacía mención la Abogada Carla Fernández, pero, bajo el amparo del poder otorgado y la impunidad a sus actos los autores, activistas, creadores y ejecutores de los más antojadizos procesos judiciales registrados en la historia de nuestra juridicidad como nación, no cesan de combinar interés de odio e interés económico. Es decir, han hecho de la tortura un verdadero negocio, al mejor estilo de los traficantes de partes de cuerpos humanos, de los traficantes de esclavos o de los inquisidores religiosos de los tiempos del medioevo y posteriores.

La frialdad para lucrar con esa barbaridad utilizando instituciones del Estado como cubierta protectora no tiene explicación aceptable. Como dice esa misma izquierda intransigente, abusadora, criminal y sinvergüenza, para ellos tampoco habrá NI PERDÓN NI OLVIDO. Los malos son malos, vengan de donde vengan.

Dice Carla Fernández en su último comentario: “Llegará un momento en que nuestra sociedad no será capaz de organizarse políticamente para hacer frente al crimen organizado ni por medio del Gobierno, ni de la oposición, cualesquiera sean los colores, y aun cuando nuestras mujeres vuelvan a salir a la calle y desconsoladas agiten los pañuelos blancos exigiendo orden, y se pregunten ¿y ahora… quién podrá defendernos?, ni el “chapulín colorado” acudirá a ese llamado.

Quizás recién en ese momento se haga un “caldo de cabeza” nacional pero, lamentablemente, ya será tarde”.

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