Freddy Blanc Sperberg
Consejero Nacional PRCh

El Consejo de Seguridad Nacional fue creado en la Constitución de 1980 y modificado en 2005 cuando se transformó en un órgano asesor del Presidente de la República.

Es un órgano consultivo del Presidente con rango constitucional, encargado de asesorarlo en materias vinculadas a la seguridad nacional y regulado en principio en el Capítulo XII de la Constitución.

En conformidad a su artículo 106, está integrado por el Presidente de la República, quien lo lidera, por el Presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, sumado a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros y el Contralor General de la República. También podrían estar presentes, en caso de que el mandatario lo requiera, los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa, el Canciller y el titular de Economía, Fomento y Turismo.

Surge con la Constitución Política de 1980 y, en ese texto, podía autoconvocarse por dos de sus miembros, contando con atribuciones como “hacer presente, al Presidente de la República, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”. Sin embargo, la reforma constitucional del 2005 desmanteló una serie de atribuciones claves de este organismo que, según los políticos de turno, se encontraban en contradicción con los fundamentos del régimen democrático. Actualmente sólo el Presidente de la República puede convocarlo. Genios.

Así, requiere sólo la mayoría absoluta de sus integrantes para sesionar y no puede adoptar acuerdos.

Ante ese escenario, fácil es deducir que todo lo que se converse o que se exprese en sus sesiones que, además, pueden tener también el carácter de secretas, queda a la discrecionalidad de la línea política del Presidente o, extraordinariamente, a la suma de su visión más la de los demás integrantes políticos del Consejo, como lo son el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados.

En resumen, la política dominará en la misma mirada y profundidad de quienes estén gobernando y no, necesariamente, en la real necesidad de los ciudadanos.

Hago presente esto por cuanto es de todos conocidos la tremenda distancia de los bloques políticos de nuestro país con la realidad ciudadana. No por nada hemos caído en una espiral de violencia terrorista, delincuencial y de narcotráfico como nunca antes en nuestra historia, además de los abusos reiterados, antojadizos y aberrantes de las élites políticas, manejando a su arbitrio y gustos personales las políticas públicas, los recursos fiscales y, con ello, el destino de los habitantes, sometidos a una pseudo dictadura partidaria que ahoga nuestra sociedad, tergiversa la historia y destruye sin asco las bases sobre las cuales se fundó la sociedad occidental, como son la familia, la fe, la filosofía y los principios y valores que conllevan.

Pretender trasladar funcionarios policiales desde regiones menos afectadas y llevarlos a las más afectadas es desvestir un santo para vestir otro. Ello sólo provocará la migración de delincuentes y terroristas a zonas desprotegidas, pero no terminará con el problema.

En lo mismo, insistir en la presencia militar en las calles en las actuales condiciones políticas escapa de toda lógica. Nadie discute las capacidades de los miembros de las FFAA en todo orden de cosas, incluso en aquellas de orden (por algo fueron convocados y distinguidos por la ONU con su presencia en varios países del mundo) donde su misión se cumplió a cabalidad y con un nivel que nos enorgullece como chilenos, pero ese no es el punto.

Hoy, quiéranlo o no reconocer las autoridades, organismos estatales guardan profundo resentimiento hacia nuestra gente partiendo desde el Presidente de la República hacia abajo. Derechamente, quienes ostentan importantes cargos y poder de decisión aborrecen todo lo que tenga uniforme lo que, desgraciadamente, no deja excluidos ni a bomberos.

El odio hacia las instituciones castrenses y policiales es evidente y lo exponen sin tapujos no sólo en sus intervenciones políticas, sino también judiciales. De todos es conocido que el Ministerio Público a través de Fiscales y jueces se someten a directrices de abierta persecución hacia militares y Carabineros que, por distintas circunstancias y con apego a derecho y al cumplimiento de las normas de estado de derecho, hayan intervenido en situaciones como la de terroristas que internaban explosivos en la frontera norte, en la detención de miembros del Tren de Aragua, en el caso Pío Nono y cientos de otros acontecimientos donde el factor común, y objetivo, es la inhibición total del accionar del personal y sancionar con penas totalmente desproporcionadas, abiertamente ridículas, a los funcionarios, más allá de los argumentos jurídicos que pudieren siquiera implicar alguna sanción.

Esos fiscales y jueces, brazos políticos del Partido Comunista, junto al tóxico INDH hacen totalmente inconveniente que nuestra gente de armas se involucre en una labor que, por lo demás, requiere de otro tipo de equipamiento.

Nuestras FFAA, como lo han reiterado sus jefes, no pueden hacer labores de ese tipo no sólo por no contar con el equipamiento para ello, sino también por cuanto no existen los respaldos políticos para proteger las labores que desarrollarán, más sí existe la certeza de que, jurídicamente, todo tendrá drásticas consecuencias en su contra. Sus herramientas de trabajos son las armas, así como bomberos trabaja con mangueras. En ambos casos tampoco sirve que intercambien “herramientas”. Balas se frenan con balas, no con mangueras ni con megáfonos.

El Ministro Monsalve viaja a Venezuela a “negociar” con Maduro, mientras por las rrss corre el rumor de que en un hotel de Santiago se encuentra alojado un alto jerarca del gobierno venezolano.

En la ignorancia de los resultados de esa “negociación” y la incerteza de lo segundo, nada más queda que hacer sonar las alarmas, nuevamente, de que de eso nada bueno puede venir. Cuando el río suena… decían nuestros viejos.

La candidez de nuestros líderes ya no tiene nombre. Negocian porcentajes del futuro de los trabajadores, como si fueran de ellos, perdiendo de vista que el botín de la izquierda son los US$ 186.000.000 ya depositados en las cuentas, mientras que ciudadanos son asesinados todos los días, con incendios gigantescos provocados por psicópatas ideológicos, mientras el narcotráfico y sus carteles se adueñan de comunas enteras, con el comercio ambulante desatado, con verdaderos delincuentes ejerciendo cargos públicos, con ladrones tras el juez mientras fiscales y jueces van contra las fuerzas de orden, nada funciona bien hoy. Las instituciones están todas podridas y la cirugía, si no llega pronto, llegará tarde.

Todo ese panorama dantesco de terror, destrucción y muerte, mientras nuestros parlamentarios corren persiguiendo los conejos del Gobierno.

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