Freddy Blanc Sperberg
Consejero Nacional PRCh
Desesperado ante el verdadero tsunami de fracasos y escándalos y la continua exposición de su gente a hechos delictuales y de corrupción, el gobierno ha decidido optar por el paralelismo como una nueva mecánica del poder central.
Para los más antiguos no resulta muy llamativo que el gobierno reaccione de manera similar ante hechos que, siendo en lo conceptual diametralmente opuestos, implican tanto ejercer el legítimo derecho de la libertad de expresión como el cometer delitos e irregularidades que, de paso, arrastran a gente humilde utilizada en la trama para justificar sus barbaridades. Una burla al criterio y a la sana fe, pero una dura bofetada para aquellos que creen que el comunismo y sus esbirros serán sus salvadores.
En el caso de la libertad de expresión el gobierno creó la “Comisión Asesora contra la Desinformación”, organismo que sólo un cerrado grupo, quizás, pueda comprender o avizorar tanto la experticia de sus miembros en el tema como los alcances de sus conclusiones. Dice Aisén Etcheverry, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: “La comisión no va a entrar en ningún caso en particular; la comisión va a trabajar en abstracciones, como el concepto de desinformación, ¿qué es desinformación? (…) La comisión no puede referirse a un caso particular, porque eso es materia de los Tribunales de Justicia; la comisión no puede emitir una regulación, porque eso es materia de discusión en el Parlamento; la comisión no puede recibir denuncias, porque eso es materia de las policías y los órganos fiscalizadores. La comisión está aquí para sintetizar un conocimiento existente y ponerlo a disposición de la sociedad”. Sólo “sintetizar un conocimiento existente”, impresionante, por decir lo menos.
Los chilenos sabemos que estamos llenos de leyes regulando todo. De hecho, hasta orinar en la calle está considerado y sancionado. En lo real, y en cuanto al control de opinión de los ciudadanos, están vigentes las normas y acaban de aplicarse drásticamente contra la Diputada Cordero, quien manifestó su verdad respecto de la situación que involucra a una Senadora de Izquierda la que, además, había llamado a “quemar Chile”. Ese proceso continúa desarrollándose y a nadie se le ocurrió crear nada nuevo. Para bien o para mal, si funciona entonces existe. La flamante idea del control de opinión viene desde hace tiempo siendo empujada por la Ministra Vallejos, devota de Fidel Castro y de Nicolás Maduro, además de fiel admiradora de regímenes dictatoriales como Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, China y Vietnam, por mencionar algunos, y hoy es su gran oportunidad. De su propio cuero salieron las correas. De más está decir que el control de los medios es la especialidad del comunismo internacional y la base para asentar, sin contrapeso, la forma de manipular a la población. Como la propuesta no pasó en el Congreso, instalan una mesa de control paralela que tendrá la oportunidad de generar su “propia opinión” respecto de lo que hagamos y digamos los chilenos.
Ante los casos Convenios de RD, el gobierno acaba de presentar una “Comisión de Expertos para la Probidad y la Transparencia” cuyos integrantes, como en el caso anterior, adolecen de respaldo adecuado para un cargo como ese. Dice la presidente de la Comisión y Directora de la organización Chile Transparente, María Jaraquemada, que en el país “hay ciertas estructuras o ciertos procedimientos que pueden ser perfectibles porque creo que efectivamente hay discrecionalidad, muchas veces posibilidad de transferencia directa de cuantiosos recursos, etcétera y todo eso, si uno lo mira de lo que se ha estudiado durante décadas de la corrupción, generalmente eso puede fomentar que haya corrupción o puede permitir que sea más fácil”.
En esto de los Convenios entre Fundaciones creadas por Revolución Democrática y organismos dirigidos por sus mismos militantes en el aparato estatal, esta vez Serviu, las irregularidades cometidas están todas consideradas en la normativa vigente y, tratándose de eventuales delitos, lo correspondiente es dejar que la institución correspondiente actúe y proceda en pleno. Los famosos “sumarios internos” no tienen cabida en el proceso, máxime si quien está a cargo, en Contraloría, es hermano del renunciado Presidente de la Cámara de Diputados. Cachorro de la misma camada que tomó la misma leche. Estamos claros que todo está fraguado para que “lo hagamos todo pero que no pase nada”. Ellos roban, ellos abren sumario, ellos investigan, ellos determinan, obvio que muchos años después. De hecho, el mismo Partido Revolución Democrática se querelló contra sí mismo (léase contra quienes resulten responsables). Ello implica que, además, tendrán acceso a las carpetas investigativas que genere el Ministerio Público. Nada de tontos los muchachos, de Ripley.
En ambas situaciones se cae en la arbitrariedad de instalar equipos políticos paralelos a instituciones ya existentes que, se supone, deben atender el problema y que, también se supone, no han sido elegidos a dedo por conveniencia política. Ante ello resulta poco creíble que ambas instancias puedan realizar su trabajo en forma imparcial.
A fin de cuentas, la verdad es que si los delincuentes caen presos o se van a su casa no es de mucha relevancia para los ciudadanos. A los chilenos les serviría mucho más que se restituyeran los fondos a las arcas fiscales y sean redestinadas por los medios adecuados, correctos y eficientes. Eso desean los chilenos, además de que se termine la corrupción instalada en todas las instituciones del Estado, capturadas por el partidismo político descarnado, insensible, apático y ambicioso.
Me inquieta la pasividad del Ministerio Público por el evidente menosprecio a sus funciones de un gobierno que, por lo que pudiera venir, ya instaló una “segunda opinión”
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