Francisco Bartolucci Johnston
Abogado y profesor de Derecho
No pretendo ser “general después de la batalla”, pero la verdad es que nunca me convenció el argumento de que este segundo proceso constitucional, dado el estrepitoso fracaso del primero, no ofrecía riesgo para las ideas de la libertad. Por el contrario, siempre me asaltó una razonable duda. Esa duda se confirma y acrecienta ahora dado el curso que va tomando el actual proceso en la etapa de la Comisión Experta. Veamos.
Si bien es cierto, el acuerdo alcanzado al interior de la Comisión en la discusión y votación en general del anteproyecto lo fue por unanimidad de los comisionados y abarcaron prácticamente todos los capítulos de una futura Carta Magna, el punto contradictorio es que al breve plazo se presentaron más de 900 indicaciones para revisar lo acordado en general. El abultado número de indicaciones presentadas dan cuenta que tal acuerdo era sólo una figuración, lo que se refuerza con la naturaleza y el contenido de dichas observaciones, muchas de las cuales eliminan o modifican aspectos sustanciales de las propuestas ya acordadas, mientras otras buscan derechamente reponer varias de las rechazadas en el plebiscito de septiembre.
La situación que ahora se vive al interior de la Comisión Experta es el de una dura pugna entre sectores ideológicamente encontrados. Los comisionados de la derecha, que pensaban no tendrían que dar batallas en aspectos que consideraban ganados, deberán ahora preparase para hacer frente al duro embate que se les viene de los sectores de la extrema y centro izquierda que consideran este segundo proceso una revancha que les ofrece la oportunidad de volver sobre sus ideas derrotadas en el primero.
La batalla esta desatada. Mientras la derecha pide a la izquierda consecuencia con lo ya acordado, llevándolo hasta el plano de lo ético (comisionado Teodoro Rivera) la izquierda responde con un argumento instrumental, señalando que el Reglamento permite, vía indicaciones, revisar lo ya acordado (comisionada Alejandra Krauss).Todo indica que la derecha deberá “amarrase los pantalones con fierro” para volver a defender el derecho a la vida del que está por nacer; un derecho de propiedad sin restricciones; el orden y la no violencia como imperativo constitucional y el respaldo a las policías y FFAA para asegurarlo así; la propiedad de los fondos previsionales para sus cotizantes; la existencia de sistemas privados de salud, educación y previsión y la posibilidad de las personas de elegir libremente su adscripción a ellos; la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos; el rol subsidiario del Estado y su compromiso social en términos posibles y no populistas; la libertad religiosa y tantos otros principios esenciales que, al igual que ayer en el texto constitucional que se nos propuso y rechazamos, hoy, en este nuevo proceso constituyente se pretenden restringir o afectar.
En fin, la derecha impulsó entusiastamente este nuevo proceso constitucional; pues bien, ahora deberá asumir su responsabilidad en lo que se viene. Mientras, nosotros los ciudadanos, con un lápiz en la mano, seguiremos atentamente su resultado para tomar nuestra decisión final y si el texto que se nos proponga no nos asegura la posibilidad de vivir en un país de amplias libertades y posibilidades de elegir; con orden, con autoridad y con ley; sin narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, delincuencia y violencia callejera; sin inmigración descontrolada e invasora; y si los valores propios de nuestra cultura como Nación no quedan debidamente asegurados… ya sabemos que hacer.
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