Francisco Bartolucci Johnston
Abogado y Profesor Universitario
Informaciones de prensa señalan que el Gobierno está en vías de crear una comisión para reformar el actual Código Penal, cuya vigencia data del 1 de marzo de 1875. Obviamente, en estos 147 años de vigor se han introducido muchísimas modificaciones y se ha dictado una prolífica legislación penal que lo complementa. Por otra parte, la idea de reemplazar nuestro Código Penal por otro que lo modernice y recoja sistematizando la frondosa legislación punitiva no incluida en éste no es nueva y los ensayos fallidos son ya parte de su historia. Es de esperar que este nuevo intento prospere y los expertos redactores nos doten de un texto que nos enorgullezca como sociedad y sea una herramienta eficaz para combatir el delito y la delincuencia, colaborando a entregar a la ciudadanía una tranquilizadora sensación de seguridad.
Ahora bien, para el éxito de la gestión encomendada, el Gobierno y la Comisión Redactora deberán alejarse de las tentaciones ideológicas tanto en la composición de ésta el primero, como en su trabajo la segunda.
Las primeras noticias que conocemos sobre esta iniciativa, sin embargo, no resultan alentadoras, ya que el Gobierno al anunciarla hace gala que la comisión quedará formada mayoritariamente por mujeres -como si aquello fuera condición necesaria para alcanzar el resultado esperado- y agrega que el nuevo Código será redactado "con perspectiva de género".
Los sesgos feministas de estas declaraciones nos ponen en alerta, ya que un texto de estas características debe asegurar a todos los ciudadanos el mismo tratamiento y las mismas garantías sin distinción de sexo, nacionalidad, estirpe o condición. Por lo demás, no se debe olvidar que la exageración de criterios de género como los nombrados fue una de las causas que llevó al desprestigio de la Convención Constitucional y del texto que nos presentaron.
Bien hará la comunidad jurídica en estar atenta acerca del desarrollo de esta muy necesaria e interesante iniciativa para que ella no se frustre por exacerbados juicios feministas.
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