Francisco Bartolucci Johnston
Abogado y profesor de Derecho

Aun cuando las reglas que regían el plebiscito de salida eran claras y conocidas por todos al momento de votar y señalaban que de rechazarse el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional seguiría vigente la actual Constitución, al día siguiente del resultado el Gobierno y las dirigencias de varios de los principales partidos políticos declararon abierto un nuevo proceso constituyente para redactar una nueva constitución aduciendo un compromiso en tal sentido y señalando que el resultado del plebiscito de entrada lo mandataba. Nadie consultó a los electores que muy mayoritariamente se habían pronunciado dentro de las reglas del juego acordadas.  El artículo 142 de nuestra actual Constitución fue derogado de facto.

Hoy son muchas las voces ciudadanas que exigen se respete las reglas del juego que regían cuando fueron a votar, se sienten pasados a llevar y no pueden entender la porfía de la dirigencia política por levantar un nuevo proceso constituyente que consideran innecesario. Esa misma ciudadanía exige que el Gobierno y fuerzas políticas dirijan sus esfuerzos y la voluntad que aplican para ponerse de acuerdo en una nueva aventura constitucional, en solucionar las urgentes necesidades económico- sociales y de seguridad que ya agobian a la población.

Sin embargo, todo indica que el voluntarismo de la dirigencia política se impondrá por sobre la prudencia y la lógica ciudadana y terminarán imponiendo al país, sin consultar, un nuevo proceso constituyente para redactar un nuevo texto constitucional que reemplace al actual, sin importarles que este último haya sido ratificado en las urnas. Caiga en ellos la responsabilidad de su contumacia; nosotros, los ciudadanos, “no tenemos velas en este entierro” y sólo al final, obligados, daremos nuestro veredicto.

La dirigencia política deberá ahora asumir su responsabilidad por no ejercer la potestad constituyente que les es propia y dar curso a esta nueva contingencia, asegurando su factibilidad y su éxito. Al respecto, elemento favorable resulta la fallida experiencia anterior que debiera indicarles que hacer y no hacer en la forma y en el fondo para no repetir errores que fueron determinantes en el fracasado ejercicio anterior.

Desde luego, lo primero dice relación con la forma de elegir y conformar el nuevo órgano constituyente para asegurar una composición idónea para la tarea que tendrán por delante. No es posible repetir el error de una convención totalmente elegida, por lo que se debe asegurar la participación con derecho a voz y voto de quienes tengan la debida preparación política o académica para decidir. Hay también que rechazar, en esta oportunidad, incluir en el sistema de elección factores distorsionadores y antidemocráticos como la paridad forzada, los escaños asegurados, la sobre representación de grupos étnicos o de independientes y la participación de variados grupos identitarios que nada tienen que ver con la tarea de redactar un texto constitucional. Debe también evitarse que la nueva Convención quede capturada, como pasó la vez anterior, por sectores extremistas e indigenistas.

En las definiciones de fondo, deberá asegurarse un resultado que entregue un texto que respete los principios de una sociedad libre, republicana y democrática sin perjuicio de resaltar el rol social del Estado y su carácter subsidiario, y que consagre un país unitario cimentado en su historia y sus tradiciones. Estamos hablando de la separación y autonomía de los poderes del Estado; la vigencia asegurada del estado de derecho y la seguridad ciudadana; el respeto a los derechos fundamentales incluidas libertades básicas como el derecho de propiedad, de expresión, culto, comercio, emprendimiento y de elegir acerca de las prestaciones de salud, educación, previsión y demás. En fin, se trata de fijar los límites del poder y la acción del Estado para asegurarnos vivir en una sociedad de hombres libres capaces de decidir acerca de su destino, no controlados por el Estado, sus agentes o burócratas.

En resumen, la dirigencia política asume una responsabilidad histórica al sumirnos como país en un nuevo albur al insistir en esto de una nueva constitución que no corresponde, ni hemos solicitado. De ellos es la carga. Les cobraremos esa responsabilidad.

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