Gonzalo Ibáñez Santamaría
Abogado,
Presidente de la Federación Nacional de Abogados

Los derechos humanos, desde hace varios años, se han tomado el discurso político, hasta un punto en que parece ya no haber espacio para ningún otro tema. Bajo ese nombre, en general, denominamos un conjunto de atributos de la persona que le permiten a ésta exigir todos los bienes necesarios para su propia perfección, y también a un conjunto de libertades a través de las cuales ella expresaría su propia identidad y dignidad. Así, en el primer grupo, estaría la vida, la integridad física, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, etc. En el segundo, estarían la libertad de expresión, de circulación, de trabajo, etc.

Lo cual, en principio, parece muy bien. Pero, lo que no está bien es detener en ese punto el discurso político como, lamentablemente, suele suceder.

Los derechos humanos son ciertamente atributos de la persona individual, pero en cuanto cada uno de nosotros forma parte de una vida comunitaria con nuestros semejantes, porque, al margen de la vida en sociedad, es imposible darles satisfacción. Si, entonces, detenemos el discurso en la sola enunciación de estos derechos, la conclusión es clara: como esos derechos sólo los puedo satisfacer con el aporte de otros, todos esos otros estarían a mi servicio. Sería la única manera en que “yo” podría ver cumplidos mis derechos. Pero, si uno puede decir eso, luego todos lo pueden decir también, con el resultado de que la vida comunitaria se convertiría en un franco combate donde cada uno trataría de imponerse a los demás.  A veces, sucede.

Para cerrar el paso a esta conclusión, es menester volver atrás en la historia, a Aristóteles. Él, considerando que no existe “la” persona, sino muchas personas, definía al derecho como una “proporción” de lo que corresponda se reparta al interior de la sociedad: bienes, cargas, cargos, penas u honores, de acuerdo a los méritos, deméritos, aportes, capacidades de cada uno. . . Por eso, lo justo no es que alguien se quede con todo o que a todos se les dé lo mismo, sino que a cada uno se le dé lo suyo, su proporción. Pero, antes de repartir, sobre todo en el caso de los bienes, éstos deben ser producidos y es en torno a este objetivo que esa comunidad se dota de un orden, brotan los cargos y las cargas públicas y, muy importante, brota el sentido en el que debe emplearse la libertad hasta el punto de determinar honores para los que hagan un uso sobresaliente de ella o penas para quienes la empleen para destruir o dañar el orden común.

No se puede pues hacer una teoría del derecho a partir de la persona puramente individual: hacerlo así, abre la puerta a conflagraciones internas para obtener el predominio de un interés particular sobre los intereses de los demás y sobre el interés común. Es lo que, sin duda, está pasando en Chile. Dos ejemplos, de varios que podrían señalarse.

Entre los últimos sucesos acecidos en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, los hubo algunos de carácter pacífico: marchas y concentraciones; pero estos fueron con rapidez desbordados por hechos de violencia, de vandalismo y de terrorismo destacándose la destrucción del metro de Santiago, las asaltos y saqueos al comercio mayor y menor tanto como a bancos e industrias; los incendios de Iglesias, la toma de rutas, calles y plazas. Fueron muchos los que sufrieron las consecuencias de esta violencia, los que sufrieron daños en su patrimonio, en su modo de vivir, en sus trabajos; sin embargo, a la hora de hablar de violaciones a los derechos humanos, los de esta gente no han contado para nada. En cambio, aquellos que enfrentados a fuerzas de policía pudieron sufrir, como era de prever, los efectos de la legítima defensa que esas fuerzas hacían para evitar un desastre mayor, esos sí que disponían de derechos humanos, los que habrían sido atrozmente violados por tales fuerzas. Es decir, derechos para unos, pero no para otros. Tampoco para los más de 5.000 carabineros heridos, y algunos muertos, producto de la violencia de esos ataques.

Más grave aún, la legalización del crimen del aborto que, al comienzo acotado a tres causales, ahora pugna por expandirse para ser de libre decisión. Nadie puede negar que ese niño que se desarrolla en el vientre de su madre es un ser humano; sin embargo, para él no existe el derecho a la vida; se le puede quitar sin ni siquiera expresión de causa. Y se esgrime como motivo para justificar este crimen un supuesto derecho humano de la madre a disponer de su cuerpo hasta el punto de poder expulsar, causándole la muerte, al niño que en ella se aloja. Crimen abominable como hay pocos, no sólo queda sin castigo, sino se ensalza como expresión de ejercicio de un derecho humano. Derechos para unos, pero no para otros.

Frente a estas realidades, no puede haber dudas: así concebidos, los derechos humanos son derechos mentirosos, porque habría seres humanos que no disponen de ellos. Así concebidos, esos derechos simplemente son una traición a la justicia.

Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm

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