13 julio, 2026 

Vanessa Kaiser 

No es éticamente sostenible que una democracia aplique el perdón para unos y la cárcel para otros; menos aun cuando los favorecidos fueron los agresores y los procesados son los defensores de Chile

Han pasado más de seis años desde el 18 de octubre de 2019, y Chile sigue siendo un país profundamente dividido. Las heridas de aquella crisis continúan abiertas, no por el paso del tiempo, sino por una persistente sensación de injusticia que corroe los cimientos de nuestra democracia. Es precisamente esta convicción la que motiva la urgencia de legislar un proyecto de indulto general para las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería y los civiles que defendieron nuestra democracia. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de premiar delitos o eludir el reproche; se trata de cerrar un ciclo político traumático y restablecer, de una vez por todas, el imperio de la igualdad ante la ley.

Tras la revuelta de 2019 —que el propio ex Presidente Sebastián Piñera calificó en su momento como un intento de golpe de Estado—, la institucionalidad chilena aplicó un doble estándar alarmante según el actor involucrado. Para quienes ejercieron la violencia en las calles, el camino estatal estuvo pavimentado de beneficios: a horas de asumir, el gobierno de Boric retiró todas las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado; posteriormente, se otorgaron polémicos indultos presidenciales particulares y, por si fuera poco, decenas de personas terminaron siendo premiadas con pensiones de gracia vitalicias que el Estado aún arrastra de forma activa. El escándalo es de marca mayor. Según el medio Ex Ante el monto acumulado pagado por la Tesorería General de la República por concepto de pensiones de gracia vinculadas al 18-O asciende a $7.009.644.357. Esto equivale a cerca de US$ 8,2 millones. Para ese sector, muy probablemente, nunca habrá un castigo efectivo.

La paradoja es dolorosa y asimétrica. Mientras los autores de los desmanes gozan de libertad o beneficios fiscales, los únicos que siguen enfrentando extenuantes procesos penales de más de seis años —o que ya cumplen elevadas condenas— son quienes salieron a la calle a defender a la ciudadanía, los hospitales, las iglesias y la infraestructura crítica que sucumbía bajo una violencia orquestada, financiada y respaldada por la izquierda antidemocrática. Desde el Partido Nacional Libertario sabemos que los carabineros, policías y militares que arriesgaron sus vidas para sostener una democracia al borde del colapso no merecen el trato de perseguidos políticos que hoy reciben.

Por una parte, esta falta de simetría destruye la confianza en las instituciones. Por otra, no es éticamente sostenible que una democracia aplique el perdón para unos y la cárcel para otros; menos aun cuando los favorecidos fueron los agresores y los procesados son los defensores de Chile. Las cifras judiciales de la crisis evidencian este laberinto: de las miles de causas abiertas, el foco punitivo ha caído con un rigor político desproporcionado sobre las instituciones uniformadas, dejando de lado la violencia sistemática que estas debieron contener. A nivel general del sistema penal, el Ministerio Público registró más de 12.000 denuncias por delitos de violencia institucional asociadas al golpe de Estado. Estamos hablando de más del 20% de la dotación total actual de Carabineros de Chile. Es de toda lógica entonces que actualmente opere con un déficit estructural de 12.222 vacantes sin cubrir. ¿Sabía usted que desde el 18-O se han acogido a retiro voluntario o presentado su renuncia más de 4.500 carabineros? (El sueño de los octubristas hecho realidad: se avanza la destrucción total de la institución al hacer inviable el cumplimiento de sus funciones).

Es por esto que urge el indulto general, pues reconoce la verdad histórica: Chile enfrentó un golpe de Estado por lo que el gobierno se vio en la necesidad de mandatar el uso de la fuerza. Este es el punto que el indulto particular no permite subsanar, manteniendo la desconfianza entre miembros de las FF.AA. y de Orden y el Poder Ejecutivo.

Finalmente, en la doctrina jurídica, el indulto general es una herramienta de paz social: no borra el delito ni elimina el reproche moral de los hechos, sino que extingue la ejecución de la pena. Es el acto mediante el cual el Estado renuncia a seguir castigando porque entiende que existe un bien superior: la convivencia nacional, la justicia y la paz. Si el sistema político ya utilizó esta herramienta excepcional con los golpistas que destruyeron nuestras ciudades intentando derrocar al Presidente, negar el mismo trato a los uniformados que resguardaron el orden republicano es consolidar una justicia con dos varas distintas. Y en este punto es necesaria una advertencia: el costo de esta asimetría es demasiado alto. Hoy tenemos familias destruidas, uniformados desmoralizados y unas instituciones armadas que miran con legítimo recelo las decisiones del poder civil. Mientras el Congreso no dé el paso definitivo para cerrar legislativamente el capítulo del 18-O, cada aniversario seguirá sangrando por la herida de la desigualdad que tuerce el sentido más elemental de la justicia, premiando a los criminales y castigando a quienes cumplieron las órdenes de un gobierno que estuvo a punto de caer.

Es hora de que el Poder Legislativo actúe por la paz social y honre el pilar más básico de cualquier sistema democrático: que la ley se aplique con la misma medida para todos, restableciendo la razonabilidad más elemental, cual es que ninguna sociedad sobrevive cuando se premia a sus enemigos y se castiga a sus defensores.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/indulto-general-o-perdon-selectivo/

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