26 noviembre, 2020 

Luis Larraín
Economista

El lenguaje violento y descalificatorio hacia el Presidente Piñera es preparatorio para acciones políticas concretas que pretenden despojarlo del poder.

Es cierto que el poder real del Presidente de la República se ha debilitado fuertemente a partir del 18 de octubre de 2019. Como hemos denunciado desde esta y otras tribunas, el Mandatario fue objeto de un virtual golpe de Estado que lo despojó de buena parte de su poder. En el último tiempo, sin embargo, ciertas actuaciones de políticos opositores insinúan que hay quienes quieren pasar a otro estadio en su ataque al poder legítimamente constituido en la democracia formal que aún tenemos en Chile.

Este virtual asalto al poder tiene dos vertientes. Una de carácter económico y social, donde parlamentarios opositores burlan abiertamente la Constitución en aspectos tales como la iniciativa exclusiva presidencial en ciertas materias, y otra de carácter político institucional, donde derechamente se intenta privar a Sebastián Piñera de su poder formal como Presidente de la República.

Los sucesivos proyectos de “reforma constitucional” presentados por parlamentarios para retirar de los fondos de pensiones, dinero que supuestamente iría a aliviar situaciones de extrema necesidad causados por la pandemia, violan abiertamente la iniciativa presidencial en materia de seguridad social, de gasto fiscal e incluso de impuestos, como correctamente lo ha señalado el ministro de Hacienda Ignacio Briones. La actuación del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, ha sido irresponsable y fraudulenta, pues no cumplió la palabra empeñada cuando dijo que admitía a tramitación el primer retiro porque era excepcional y por una única vez. La autoridad económica, como consecuencia de esta violación de nuestra institucionalidad, no puede garantizar la conducción de la hacienda pública, pues ésta se ve afectada por sucesivos, impredecibles e inorgánicos gastos de iniciativa parlamentaria que podrían llevar al completo desgobierno en materia económica. Los autores de estas mociones no se hacen responsables de los efectos de sus acciones y parecieran buscar sólo popularidad momentánea. Ha hecho bien entonces el gobierno en presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional para que detenga esta funesta práctica que amenaza con desfondar no solamente los fondos de pensiones sino toda la base económica del país.

Por otra parte, a las habituales expresiones ofensivas y carentes de todo respeto por la autoridad de los diputados Gutiérrez, Jiles y Núñez, se han sumado otros, como el diputado Karim Bianchi, que ha usado un lenguaje inaceptable para referirse al Presidente Piñera, llegando a calificarlo de psicópata y anticipando un segundo estallido social, lo que es abiertamente un comportamiento sedicioso que hace apología de la violencia. Al mismo tiempo, un grupo de diputados, entre los que están el presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, el vicepresidente del PPD Rodrigo González, y el mismo diputado Bianchi, entre otros, presentan una moción que llama a elecciones presidenciales y parlamentarias para el 11 de abril del 2021, lo que impediría al Presidente Piñera terminar su mandato. No debe pensarse que estos hechos son casuales. El lenguaje violento y descalificatorio hacia el Presidente Piñera es preparatorio para acciones políticas concretas que pretenden despojarlo del poder. Al mismo tiempo, a través de redes sociales, se hacen convocatorias a manifestaciones y desórdenes frente al Palacio de la Moneda, de modo de configurar el ambiente para el asalto final al poder presidencial.

Dos consideraciones finales pueden hacerse. Por una parte, el gobierno debiera pensar en qué tipo de acciones en el ámbito político y del orden público debe realizar, así como las realizó en el ámbito económico y social con el requerimiento al Tribunal Constitucional. El lenguaje buenista de algunas autoridades, en lugar de calmar las aguas, alienta a los sediciosos. Lo segundo es que lo extremo de estas acciones opositoras ha llevado a algunos políticos del sector, el propio diputado Walker y la DC en general, el senador Harboe, entre otras figuras de la izquierda, a marcar distancia de estas intentonas golpistas. Alguna esperanza de que en parte de la oposición al menos hay ciertos límites que no se está dispuesto a transgredir.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/luis-larrain-asalto-al-poder-nueva-etapa/

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