María Fabiola Riesco S.
Profesora de Matemática y Física PUC
Magister en Gerencia y Gestión Educacional UMAYOR
Magister en Filosofia Aplicada UANDES

Ante la creciente oleada de delitos en los que se ven involucrados niños y adolescentes —fenómeno que afecta a la sociedad sin distinción de clase, cargo o lugar—, resulta indispensable generar acciones coordinadas, concretas y efectivas para prevenir estos hechos desde todos los ámbitos. La reciente muerte de un niño de 12 años, arrastrado durante kilómetros por menores involucrados en un delito grave, constituye una señal brutal de una realidad que no admite indiferencia ni relativizaciones. El Estado debe actuar con firmeza y oportunidad, pues nadie puede restarse ante este flagelo ni permitir que hechos de tal gravedad queden sin una respuesta institucional seria.

Lo inmediato exige identificar a los responsables y someterlos a la justicia mediante un debido proceso que respete plenamente las garantías constitucionales. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse al ámbito penal. Aunque la sanción sea necesaria, es insuficiente para enfrentar las causas profundas que explican la participación de menores en actos de violencia. Por ello, los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación deben articular políticas preventivas, sostenidas y evaluables, junto con impulsar transformaciones profundas en el modelo educativo actual.

El sistema escolar muestra señales evidentes de debilitamiento en una de sus finalidades esenciales: formar personas capaces de adquirir conocimientos sólidos y, simultáneamente, desarrollar virtudes cívicas y morales. Educar no consiste solo en transmitir información o asegurar la presencia física en el aula; implica formar hábitos, juicio, respeto por la vida, capacidad de esfuerzo, amor por el saber, sentido de comunidad y responsabilidad frente al prójimo.

Junto con otorgar mayor autonomía a los colegios para ejercer su autoridad pedagógica —con facultades sancionatorias justas, proporcionadas y formativas—, es imperativo abrir nuevas alternativas institucionales. La anomia escolar genera un individualismo egoísta donde la comunidad desaparece y se abren paso pulsiones destructivas que amenazan la convivencia. Los establecimientos deben recuperar su papel formativo: ser el primer bastión contra la violencia, la exclusión y el aislamiento social.

Se requieren programas especializados de alta calidad pedagógica destinados a niños y adolescentes que, desde temprana edad, manifiestan graves dificultades para adaptarse a entornos escolares regulares. Estas situaciones suelen derivar de contextos culturales adversos, condiciones cognitivas complejas, problemas de salud mental, entornos familiares deteriorados o trayectorias marcadas por el fracaso y la desregulación conductual.

Estos espacios deben concebirse como proyectos educativos cuya finalidad no sea reducir las expectativas sobre el alumno, sino ofrecerle una oportunidad real de formación integral. Para ello, requieren un currículo realista y exigente, capaz de desarrollar hábitos de conducta, competencias intelectuales, autoestima, responsabilidad personal y preparación para una vida laboral y social digna. La prevención eficaz exige intervenir antes de que el fracaso escolar y la violencia se transformen en trayectorias irreversibles.

La homogeneización dentro de un sistema de inclusión mal gestionado afecta a toda la comunidad. Perjudica a quienes están en condiciones de avanzar, al interrumpir su ritmo de aprendizaje, y también a quienes no logran seguir dicho ritmo, pues el sistema les exige niveles que no pueden sostener. Un estudiante con dificultades de adaptación requiere una intervención intensiva que suele exceder la capacidad real del profesor y la comunidad escolar regular.

En muchos países, existe una mayor diferenciación de trayectorias educativas sin que esto suponga negar el derecho a la educación; por el contrario, una oferta institucional amplia permite responder mejor a necesidades diversas, incluyendo escuelas especiales, programas de formación en artes u oficios, y apoyos focalizados. Lo decisivo es que la diversidad institucional esté al servicio del aprendizaje y la integración social.

Es mucho más costoso para el país tener jóvenes desescolarizados, con vidas truncadas por la violencia o la marginalidad, que realizar a tiempo un esfuerzo serio de prevención y tratamiento. La inseguridad afecta la economía, la paz social y la salud mental; los países son, fundamentalmente, su capital humano. Por ello, es necesario revisar la distribución de recursos para financiar proyectos educativos territoriales de calidad, destinados a quienes el sistema regular ya no logra contener.

Muchos de estos casos pueden detectarse tempranamente. La salud pública debe certificar, coordinar y facilitar tratamientos oportunos para niños con necesidades complejas —incluyendo TDAH y trastornos psiquiátricos—. Este acompañamiento debe integrar apoyo familiar, acceso a terapias y permisos laborales que permitan a los padres participar efectivamente en los procesos de intervención.

Cuando un niño experimenta fracaso escolar, sus problemas conductuales se acentúan. Esto empeora si no existe personal suficiente para la contención emocional y la gestión de tratamientos. Si, además, faltan referentes morales en el hogar y el colegio pierde autoridad frente al alumnado, es probable que el niño se vuelva disruptivo tempranamente. Al final, los equipos docentes se desgastan, se frustran y terminan claudicando.

Los buenos hábitos se aprenden por imitación y práctica, pero también pueden reeducarse; esa debe ser nuestra esperanza. Para ello se requiere una pedagogía amable pero exigente, constante y coordinada. Una inclusión que no ordena ni forma con rigor puede terminar convirtiéndose en una forma involuntaria de abandono.

El Estado es responsable de entregar una educación de calidad en lo intelectual, práctico y moral. Sin embargo, el modelo actual muestra signos de agotamiento: se concentra en la cobertura sacrificando la calidad, sobrecarga a los colegios con exigencias inabarcables, debilita la autoridad docente y atrapa al profesorado en una burocracia que desplaza la enseñanza profunda.

Un colegio, por definición, es inclusivo; pero no puede ser desbordado hasta perder su capacidad de enseñar. La verdadera inclusión no consiste en tratar todas las realidades del mismo modo, sino en ofrecer respuestas alternativas, exigentes y humanas según las necesidades de cada estudiante. Desde la neurociencia, autores como Antonio Damasio y Stanislas Dehaene han subrayado la importancia de los entornos estructurados para el desarrollo cognitivo y la regulación emocional. Sin estos marcos, la sola apelación racional es insuficiente. Educar, hoy más que nunca, significa reconstruir las condiciones intelectuales, afectivas y morales que hacen posible la vida en comunidad.

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