Michael Guerrero
Experto en DDHH, sostenibilidad y Justicia.

Colombia volvió a las urnas y el rumbo de nuestra nación, parece estar cambiando una vez más. La derrota de la izquierda en las elecciones de 2026 no es casualidad, ni puede atribuirse a meras teorías conspirativas o desinformación; en esencia, es el resultado de la revisión ciudadana de la gestión del gobierno y su cumplimiento de las expectativas.

La nación que en 2022 se unió en busca de lo que esperaba que fuera una transformación histórica parece estar hoy dividida, con dos mitades casi idénticas de doce millones de personas cada una, pero con un contundente mensaje:” la confianza no se puede construir solo con retórica”.

El primer gran revés de este proyecto político fue la brecha entre la promesa y el cumplimiento. Cuando se llega al poder con la promesa de una transformación estructural, la administración pública se convierte en el único indicador de éxito. A finales de 2025, las cifras del Departamento Nacional de Planificación revelaron una realidad incómoda: el Plan Nacional de Desarrollo solo había alcanzado el 70,1% de sus objetivos. Es decir, a pesar de toda la retórica apasionada, casi una cuarta parte de los objetivos propuestos quedaron en meras metas, generando así una profunda sensación de inconclusión entre la ciudadanía.

Lo más doloroso para los votantes de izquierda fue ver cómo sus dogmas ideológicos más preciados se derrumbaban ante la incompetencia de la administración. La iniciativa "Planificación Territorial en torno al Agua y la Justicia Ambiental", que debía marcar el inicio de la transformación, apenas alcanzó el 56% de su finalización. Esto se vio agravado por el bajo rendimiento en sectores clave como el transporte, la vivienda, el trabajo y las tecnologías de la información, donde los resultados se situaron sistemáticamente por debajo del promedio nacional, afectando directa y negativamente la calidad de vida de las personas que más necesitaban el cambio.

La gestión de la seguridad y la estabilidad institucional también jugaron en contra del plan. Mientras el gobierno intentaba presentar historias de éxito, la realidad en las calles era diferente: la tasa de homicidios aumentó un 1,9 % en 2025. Los ciudadanos, que se enfrentaban a la violencia diaria, sentían una alarmante falta de control. Esta vulnerabilidad se hizo aún más patente debido a la constante improvisación institucional, con cambios interminables de ministros y tensiones internas que proyectaban la imagen de un gabinete más preocupado por sus luchas políticas internas que por implementar las reformas estructurales que el país clamaba.

Sin embargo, quizás el error más costoso no fue de índole técnica, sino más bien político y emocional. La percepción general es que el gobierno optó por dirigirse a su sector más minoritario, a sus seguidores más leales, olvidando que gobierna para una nación diversa. En una democracia, el aislamiento en la burbuja de los aplausos propios suele ser el preludio de la derrota. Los colombianos no buscaban la unanimidad, sino la inclusión; buscaban un liderazgo que pudiera representar a todos, no solo a un sector político específico.

La incertidumbre sobre el futuro de la inversión privada y la preocupación por el déficit fiscal también influyeron a la hora de convencer a los moderados de que la trayectoria actual no conducía a la estabilidad.

Así pues, la izquierda fue la gran perdedora, pues el país pagó las consecuencias de la frustración por las promesas incumplidas y el lento cambio, que no llegó a ser lo suficientemente profundo. Colombia sigue siendo una nación dividida en dos, una realidad que ahora recae sobre los hombros de Abelardo de la Espriella. El mensaje es claro; la legitimidad proviene del voto, pero se preserva gobernando para todos, con resultados reales que hablen más alto que cualquier retórica. Hoy, el país no busca ganadores ni perdedores; exige con urgencia un proyecto común que permita superar la polarización y alcanzar finalmente la reconciliación.

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