Por Vladimir Huarachi Copa
Hace aproximadamente un mes, el presidente Luis Arce, en una conferencia de prensa, afirmó que no abandonaría el país al finalizar su mandato. Sin embargo, también mencionó que viajaría a Brasil para una revisión médica anual, aclarando que no se trataría de una fuga. ¿Por qué, entonces, el presidente Arce insistiría tanto en que no escapará del país? ¿Acaso ya anticipaba una posible sucesión constitucional basada en el argumento de fraude electoral y en la denuncia contra los magistrados autoprorrogados?
Bolivia, país donde lo improbable suele volverse posible, parecía tener en el presidente Arce a un mandatario que ya contemplaba una sucesión constitucional inminente. La crisis institucional que se profundizó durante su gobierno inevitablemente le pasaría factura, más temprano que tarde, afectando cualquier posibilidad de una salida política ordenada. En ese contexto, Arce vio necesario instalar anticipadamente una narrativa que sirviera para distraer y, al mismo tiempo, preparar el terreno para una eventual huida en un escenario crítico que comprometa tanto a su gobierno como a su legitimidad.
Con esta “crónica de una posible fuga anunciada”, marcada por los múltiples casos de corrupción que han permeado su gestión y la de su entorno, se vuelve poco sostenible la idea de que Arce permanezca en el país para, por ejemplo, retomar la docencia universitaria. Esta alternativa también está en entredicho debido a la resistencia surgida entre estudiantes de la universidad con la que está vinculado: ¿cómo podría un economista que no logró administrar la economía nacional regresar a las aulas como docente?
Ante la imposibilidad de sostener el relato de que no abandonará el país, es plausible pensar que Arce ya tenía conocimiento de que pronto saldría a la luz una denuncia por fraude electoral, sustentada en la presunta adulteración de actas electorales, un proceso que aún sigue su curso legal. A raíz de esta denuncia, en la Cámara de Diputados se planteó conformar una comisión especial para investigar la manipulación de aproximadamente 3.600 actas, abriendo la puerta a una nueva “guerra legal” con el objetivo de anular las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025 y así evitar una segunda vuelta.
En este contexto, el 6 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, publicó en su cuenta de X que “una de las instituciones que más daño le ha causado al país y a su democracia es el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de los magistrados autoprorrogados…”. Por ello, sostuvo que no se debía permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad. Según esta postura, los magistrados autoprorrogados tendrían solo dos caminos: renunciar de inmediato o esperar ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes.
Sin embargo, la vía de la renuncia no sería jurídicamente viable, ya que esta aplica únicamente para autoridades legalmente designadas, no para quienes ejercen el cargo de manera ilegítima. Quizás por esta interpretación, el 7 de octubre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presentó una denuncia penal contra los magistrados autoprorrogados por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes” y “usurpación de funciones”, contemplados en los artículos 153 y 163 del Código Penal.
Sobre la base de esta denuncia y de las acusaciones de fraude electoral, el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico Landa, señaló en su cuenta de X un escenario en el que Andrónico Rodríguez podría acercarse a la presidencia del país mediante una sucesión constitucional. No obstante, este mismo viceministro reiteró la idea, en línea con el discurso de Arce, de que el mandatario no huiría del país tras la transición presidencial.
Así, aunque la posibilidad de que Andrónico Rodríguez llegue a la presidencia de Bolivia mediante una sucesión constitucional, resultado directo de una “guerra legal” previa, aún parezca un escenario distópico, no puede descartarse del todo en un país donde lo inverosímil se vuelve posible. Si este escenario se materializara, con la eventual fuga de Arce y su vicepresidente, una renuncia desde el extranjero, la anulación de las elecciones del 17 de agosto por denuncias de fraude y la expulsión de los magistrados autoprorrogados, ¿estaría Bolivia frente a un nuevo ciclo de conflictividad política similar al de 2019?
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