19 de marzo, 2020
Gabriel Berczely
Empresario y académico. Presidente de Horizontal.
La solución ante los desafíos laborales que enfrentan las sociedades, sean estas tecnológicas o de otro tipo, pasa por proteger tanto a empleados como a empleadores, y esto pasa por proteger a las personas y a las empresas, y no los puestos de trabajo.
El miércoles de esta semana la diputada Camila Vallejo, acompañada por los diputados Daniel Nuñez (PC) y Manuel Monsalve (PS), presentaron un proyecto de ley para suspender la aplicación de la causal de “despido por necesidades de la empresa” o “fuerza mayor”. La iniciativa agrega que el trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia provocada por el coronavirus.
Esta es otra típica maniobra del Partido Comunista, basada en la creencia de principios del siglo XIX de que los bolsillos de los empresarios, sean pymes o grandes, son tan holgados como los de Rico McPato. ¿Tendrán noción estos diputados de lo que significa la falta de flexibilidad para que las empresas puedan adaptarse a nuevas realidades? ¿Serán capaces de entender que, a diferencia del Estado, las empresas no tienen la posibilidad de aumentar sus ingresos por decreto, y menos aún de disponer de la máquina de imprimir billetes para cubrir los faltantes?
Cualquier persona que tenga o haya tenido un negocio, grande o chico, sabe que caídas de ventas superiores al 20% suelen generar un agujero en la caja, y que cuando se pone a llover, los bancos le piden inmediatamente el paraguas que le prestaron cuando estaba soleado. Cualquiera que maneje o manejó un negocio sabe perfectamente bien que la rueda de la fortuna no está clavada, y que lo que hoy brilla, mañana puede estar totalmente opaco. Basta ver a Latam y la pesadilla que está sufriendo.
Imponerles a las empresas una prohibición para adecuar su planilla laboral, con o sin crisis, es sinónimo de condena a muerte. Las empresas están expuestas a las mismas disrupciones que sufren los empleados, sean estas tecnológicas, competitivas, estallidos sociales o sanitarios. Para sobrevivir requieren reformular constantemente sus modelos de negocio y los puestos de trabajo, eliminando algunos y creando otros. También tienen que reformular los perfiles necesarios para cada puesto de trabajo, sean estos existentes o nuevos. En otras palabras, para tener empresas que sigan generando oportunidades laborales, es necesario que estas cuenten con la flexibilidad necesaria para mantenerse viables y competitivas. Proteger puestos de trabajo que no son viables es pan para hoy e inanición completa para mañana. La historia es tan obvia y evidente en esta materia, que cuando uno ve propuestas como las de Camila Vallejo, se pregunta: ¿serán ineptos u oportunistas? ¿O ambos?
La solución ante los desafíos laborales que enfrentan las sociedades, sean estas tecnológicas o de otro tipo, pasa por proteger tanto a empleados como a empleadores, y esto pasa por proteger a las personas y a las empresas, y no los puestos de trabajo. Para ello no hay que inventar la rueda, basta con aplicar la experiencia danesa de “flexiseguridad”, basado en tres principios regentes: primero, flexibilidad total para despedir sin justificación alguna; segundo, una indemnización a todo evento, es decir tanto si renuncia como si lo despidieron, pagada mensualmente por un seguro de cesantía, por un plazo no superior a 15 meses, y por el 70% del salario; tercero, políticas públicas que entreguen formación y capacitación para que los desempleados puedan encontrar un nuevo trabajo en el menor tiempo posible.
Dado que lo anterior no puede implementarse en el corto plazo, para enfrentar el coronavirus, sería muy conveniente aprobar un mecanismo que permita reducir la jornada y el sueldo, e incluso “hibernar” al empleado (suspender su trabajo), por un plazo de 3 meses, asumiendo el empleador un 20%, el seguro de cesantía otro 20%, y el estado un restante 20%. Si al mismo tiempo las entidades financieras (bancos, casas comerciales) impusieran un período de gracia de 3 meses en el pago de cuotas de préstamos (debidamente apoyados por el estado), la persona desempleada no estaría muy lejos del ingreso neto disponible actual.
Si la parlamentaria Vallejo siguiera insistiendo con tonteras, sugiero que se le deje de pagar su dieta, pero siga asumiendo el costo de sus diversos asesores, chofer y demás prebendas. Sería lo mismo que les sucede a las empresas que dejan de vender, con la diferencia que en general los empresarios no tienen chofer, ni un séquito de asesores, no viajan en business (salvo algunos), y son mucho más eficientes a la hora de resolver materias pendientes.
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